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Las empresas públicas y privadas que empleen un número de trabajadores fijos que exceda de 50 estarán obligadas a emplear un número de trabajadores con discapacidad no inferior al 2 %, salvo convenio colectivo o voluntad del empresario, siempre que se apliquen medidas alternativas.
La Administración pública deberá reservar el 5 % de las plazas de convocatorias a minusválidos (Ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público y Ley 30/1984 de la Función Pública).

Documentación relacionada
Título del documento	Descarga	Formato	Tamaño	Fecha
Artículo 38 de la Ley 13/1982 de Integración Social de Minusválidos - LISMI		[Pdf]	541 Kbs	abril 1982

Imposibilidad de que los Servicios Públicos de Empleo puedan atender la oferta de empleo después de haber efectuado las gestiones de intermediación necesarias.
Acreditación por parte de la empresa de cuestiones de carácter productivo, organizativo, técnico o económico que motiven especial dificultad para incorporar a trabajadores discapacitados.

Realización de un contrato mercantil o civil con un Centro Especial de Empleo o con un trabajador autónomo con discapacidad (para el suministro de bienes, o para la prestación de servicios ajenos).
Realización de donaciones y acciones de patrocinio.
Constitución de enclaves laborales.

Documentación relacionada
Título del documento	Descarga	Formato	Tamaño	Fecha
Real Decreto 364/2005		[Pdf]	83 Kbs	abril 2005
Solicitud de declaración de excepcionalidad y medidas alternativas		[Pdf]	80 Kbs	abril 2005

Servicio Público de Empleo Estatal 2011

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