Empleo y los interlocutores sociales revisarán el futuro del plan PREPARA

16 de agosto de 2017

Reunión del Ministerio de Empleo con los interlocutores sociales sobre el plan PREPARA

Reunión del Ministerio de Empleo con los interlocutores sociales sobre el plan PREPARA

El secretario de Estado de Empleo, Juan Pablo Riesgo, el director del Servicio Público de Empleo Estatal, Julio Ángel Martínez Meroño, y representantes de los sindicatos CC.OO, UGT, CEOE y CEPYME mantuvieron el pasado 14 de agosto una reunión de la Mesa de Diálogo Social del Plan de Choque para el Empleo, para analizar la prórroga del plan PREPARA. La última prórroga del PREPARA disponía que estaría vigente mientras que la tasa de paro se estuviera por encima del 18 por ciento; actualmente la tasa de paro está en el 17,22 por ciento.

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha adelantado para el próximo 4 de septiembre el comienzo de los trabajos en el marco de la mesa del Plan de Choque por el Empleo para revisar el sistema de protección para los desempleados de larga duración, con objeto de simplificar los programas complementarios existentes, PREPARA, PAE y RAI.

Gobierno el interlocutores sociales han acordado acelerar, en el marco del Diálogo Social y con las comunidades autónomas, la reconversión de estos programas para mejorar la cobertura y adecuarlos al marco competencial, tras la sentencia del Tribunal Constitucional 100/2017 de 20 de julio. En ella se recoge que centralizar en el Servicio Público de Empleo Estatal la gestión de la ayuda económica a desempleados que han agotado la prestación por desempleo, contraviene la orden constitucional de distribución de competencias en materia de empleo.

Tras la reunión con los interlocutores sociales, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social convocará próximamente a las comunidades autónomas a una reunión de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, para analizar la sentencia del Tribunal Constitucional y consensuar un mecanismo extraordinario y temporal que permita garantizar la cobertura a potenciales beneficiarios del programa que se vean afectados desde la finalización prevista del mismo hasta la efectiva entrada en vigor de los nuevos mecanismos complementarios de protección tras el proceso de revisión.

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