El sector de los cuidados engloba una amplia variedad de actividades y servicios que implican la prestación de cuidados, tanto remunerados como no remunerados, formales e informales¹ . A pesar de su gran importancia social y económica, el sector de los cuidados ha estado históricamente infravalorado y subdesarrollado, y, especialmente, feminizado además de racializado, los últimos años. Este hecho ha tenido y tiene consecuencias importantes para la igualdad entre mujeres y hombres, la estabilidad económica y el bienestar de la sociedad (Instituto de las Mujeres, 2023; OIT 2019 y 2023; CEPES, 2022; Comisión Europea, 2022).

 
Las estructuras económicas de la mayoría de los países infravaloran el trabajo de cuidados (OIT 2019 y 2024). Esta infravaloración tiene su origen en prejuicios históricos y culturales que consideran que el trabajo de cuidados es inherentemente femenino y, por tanto, menos valioso. Esta percepción conduce a la infravaloración sistemática de las personas que se dedican a los cuidados, la mayoría de las cuales son mujeres y en los últimos años personas migradas. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (2019 y 2024), las personas cuidadoras ganan mucho menos que otros trabajadores y trabajadoras con cualificaciones y niveles educativos comparables. Esta disparidad económica perpetúa la desigualdad de género y obstaculiza el empoderamiento económico de las mujeres.

En el sector de los cuidados, las mujeres soportan de forma desproporcionada la carga del trabajo de cuidados tanto remunerado, como especialmente el no remunerado, lo que limita sus oportunidades de educación, promoción profesional y desarrollo personal (OIT, 2019 y 2024)².

Desde un punto de vista económico, se estima que el sector de las tareas domésticas y de los cuidados podría suponer un 37% del PIB (Gobierno de Aragon, 2021), por lo que desarrollar el sector de los cuidados y reconocer el trabajo de cuidados como una actividad económica fundamental, las sociedades pueden abordar las disparidades de género y promover la justicia social. 

Sin embargo, podemos encontrar diferentes enfoques a la hora de entender el sector de los cuidados. Desde la perspectiva de la teoría económica capitalista, el sector de los cuidados es un sector más de la economía al servicio del resto de los sectores y de los colectivos de población más vulnerables. Sin embargo, la economía feminista propone el concepto de la economía de los cuidados, considerandolo como un modelo económico que propone un cambio de paradigma en cuanto a la forma de plantear el modelo económico basado en la economía productiva. Así, es fundamental reconocer que la economía reproductiva es una parte esencial para el cuidado y mantenimiento de la vida y que debe formar parte de las acciones y políticas públicas para garantizar que cumple su objetivo: ser responsable del cuidado y sostenibilidad de la vida (Bergeron, 2016; Baruah, 2023; Himmelweit, 2002; Picchio, 2005,2009; Pérez Orozco, 2006).

La economía social y la economía de los cuidados están intrínsecamente ligadas por sus valores y objetivos comunes. Ambos paradigmas hacen hincapié en la importancia del bienestar humano, la justicia social y la equidad económica (REAS 2023; CEPES, 2022). La economía social, en muchas ocasiones, ha dado respuesta  a necesidades sociales desatendidas por la economía capitalista y la administración pública (Defourny y Nyssens, 2010) . Uno de los ejemplos clásicos es el sector de los cuidados (Borzaga y Fazzi, 2014). De esta manera, la economía social ha cubierto necesidades sociales básicas con fórmulas empresariales que maximizan la práctica de la democracia y proporcionan seguridad económica a las personas trabajadoras y a sus comunidades (Cheney et al.,2023, pp. 14).

Como consecuencia, una parte importante de las entidades de la economía social se dedican a actividades relacionadas con los cuidados (CEPES, 2022). Esta relación no solo fortalece el tejido social, sino que también contribuye a la creación de empleos con mejores condiciones laborales, especialmente de las mujeres, y a la provisión de servicios de alta calidad que responden a las necesidades de las personas usuarias.

El objetivo de este artículo es profundizar en la relación entre la economía de los cuidados y la economía social, partiendo de los postulados de la economía feminista.  Para ello, en la sección siguiente se caracteriza, a partir de los datos más relevantes, el sector de los cuidados. En la sección tres se revisan los planteamientos de la economía de los cuidados desde el enfoque de la teoría feminista. En la sección cuatro se describe la relación entre la economía de los cuidados y la economía social identificando los retos y desafíos para el desarrollo de la economía de los cuidados en (colaboración con la economía social, y las administraciones públicas.  

Existe un consenso generalizado sobre que los servicios de cuidados mejoran la calidad de vida de quienes reciben directamente los cuidados y también la de sus familias y comunidades.  Además, el desarrollo del sector de los cuidados contribuye a la cohesión y la estabilidad social, al apoyar a los miembros más vulnerables de la sociedad y permitir a los y las cuidadoras a equilibrar sus responsabilidades de forma eficaz (OCDE, 2011 y 2020: OIT 2024; European Commission, 2022).

El sector de los cuidados en España y en países de nuestro entorno comparten una serie de características. Entre ellas destacan que el trabajo de cuidados remunerado está altamente feminizado y a menudo mal pagado y el trabajo de cuidados no remunerado, aún más feminizado, constituye una parte significativa del PIB oculto de las economías (Folbre, 2006; Hoskins y Rais, 2007; UN Women, 2018).

Otro aspecto relevante es la creciente demanda de servicios de cuidado debido al envejecimiento de la población y la cada vez mayor incorporación de la mujer al mercado laboral. En muchos países, la proporción de personas mayores está aumentando rápidamente, lo que incrementa la necesidad de servicios de cuidado a largo plazo destinados a las personas mayores . Esto plantea desafíos significativos para los sistemas de cuidado, que deben adaptarse para satisfacer estas necesidades de manera efectiva y sostenible (OECD, 2011 y 2020). 

Uno de los principales desafíos del sector está relacionado con la escasez de personas trabajadoras (Hernández Moreno, 2023). A partir de los datos de Contabilidad Nacional de España, se estima que el número de personas trabajadoras en el sistema de cuidados ha aumentado paulatinamente en la última década, pasando de 273.150 en 2008 a 452.026 en 2021, de los cuales 283.694 son empleos directos (Rodríguez Cabrero et al., 2022: 114). Además, es un sector muy feminizado con aproximadamente el 90% de los empleos ocupados por mujeres y con una presencia cada vez mayor de personas migradas que trabajan en el mismo. Con respecto a los niveles de formación de los trabajadores, Hernández Moreno (2023) señala que la mayoría (60%) de los trabajadores y trabajadoras tiene estudios primarios o formación profesional básica, lo que lleva a una gran concentración en las categorías profesionales más bajas. Por lo que existe un consenso en torno a la necesidad de mejorar la formación y la profesionalización en el sector.

Mejorar las condiciones laborales de las personas que trabajan en el sector es otro de los desafíos a abordar. Los datos indican que los salarios en el sector son bajos en comparación con otros sectores. Según la Encuesta Anual de Estructura Salarial del INE (disponible hasta 2020), el salario bruto anual en el sector de los cuidados fue de 17.082 euros en 2009 y de 18.876 euros en 2020. Asimismo, hay una alta incidencia de temporalidad y trabajo a tiempo parcial, a menudo de manera involuntaria. Estos factores contribuyen a las dificultades para atraer y retener personal cualificado en el sector de cuidados. (Hernández Moreno, 2023, p.4; Rodríguez Cabrero, 2020; OECD, 2020; Montserrat Codorniú, 2020; Marbán et al 2021).

Por último, la privatización del sector de los cuidados es otro de los retos a los que se enfrenta el sector. Tal y como señalan  Montserrat Codorniu, (2020, p. 47), Montserrat Codorniú (2021, p.150) y Hernández Moreno (2023, p.4) “el crecimiento de los servicios de atención residencial para mayores de los últimos años ha estado liderado por el sector privado, a través de grandes capitales y fondos de inversión”. De forma que “del total de residencias, 1.642 son de titularidad pública (29,5%) y 3.925 de titularidad privada (70,5%). El 73,2% de las plazas totales están en residencias privadas, frente al 26,8% en residencias públicas. Tanto en las residencias públicas como privadas, una proporción muy elevada de plazas (en torno al 50%) se encuentran en centros residenciales de 100 o más camas” (Hernández Moreno 2023, p.4 y Abellán García et al., 2021)
Debido al impacto que los servicios de cuidado tienen en el bienestar de las personas y la comunidad y los desafíos a los que se enfrenta el sector, las políticas públicas juegan un papel crucial en el desarrollo del mismo. Países con sistemas de bienestar desarrollados, como los escandinavos, han implementado políticas que apoyan tanto a los cuidadores informales como a los profesionales, promoviendo una distribución más equitativa de las responsabilidades de cuidado entre géneros y asegurando la calidad del servicio prestado (Leira, 2002). En el caso de España, Hernández y Moreno (2023) indican que, ante el envejecimiento de la población y los cambios en las estructuras familiares y laborales, ha habido un consenso generalizado sobre la necesidad de transformar el modelo de cuidados. Es verdad que entre 2021 y 2022 se adoptaron medidas significativas, como el Plan de Choque en Dependencia y el nuevo Acuerdo de acreditación de centros y servicios, que introdujeron mejoras en la calidad de los servicios y las condiciones laborales, sin embargo, la implementación y éxito de estas reformas dependen de varios factores estructurales: 1) la disponibilidad de recursos financieros, 2) La cooperación entre los diferentes niveles de gobierno que permita superar las tensiones políticas y garantizar la cohesión territorial, 3) una mejor coordinación entre los sistemas sanitario y de servicios sociales para ofrecer un modelo integral de atención que también considere las necesidades de los trabajadores del sector, 4) La negociación colectiva que es clave para mejorar las condiciones laborales en el sector. El diálogo entre sindicatos, empleadores y el gobierno debe fortalecerse para abordar la escasez de trabajadores, reducir las desigualdades de género y combatir la precariedad laboral.

Es más, en el año 2022 el Consejo de Ministros aprobó un PERTE de la economía social y de los cuidados con 808 millones de euros, que además de impulsar el sector de la economía social, busca transformar el sector de los cuidados. Concretamente, desde el gobierno se pretende fortalecer la oferta de servicios avanzados del sector de los cuidados, accesibles y centrados en las personas (a) profesionalizando el sector de los cuidados sanitarios y de la dependencia, (b) adoptando medidas de apoyo a la lucha frente al reto demográfico, (c) promoviendo la educación, cualificación y recualificación digital y sostenibles, (d) digitalizando el sector y (e) impulsando medidas para la promoción e impulso de la igualdad.

Asimismo, la Comisión Europea aprobó en 2022 la Estrategia Europea de Cuidados para «garantizar unos servicios asistenciales de calidad, asequibles y accesibles», dando prioridad a la calidad de los cuidados para quienes los reciben y a unas condiciones de trabajo decente para quienes los prestan. En la Estrategia se recomienda, entre otras medidas, que los Estados miembros de la Unión Europea: 1) establezcan objetivos ambiciosos para que el 50 por ciento de los niños menores de 3 años y el 96 por ciento de los niños de edades comprendidas entre los 3 años y la edad de inicio de la educación primaria obligatoria reciban educación y cuidados de la primera infancia, 2) elaboren planes de acción nacionales para que los servicios de cuidados de larga duración sean más accesibles, asequibles y de mejor calidad, entre otras cosas incrementando la cantidad y el tipo de servicios de cuidados de larga duración disponibles, y garantizando que sean accesibles para las personas con discapacidad, y  3) mejorar las condiciones de trabajo del personal que presta cuidados mediante la promoción de la negociación colectiva y el diálogo social, de manera que se garanticen normas más estrictas en materia de salud y seguridad en el trabajo, se diseñen programas de formación continua para los trabajadores del cuidado y se ratifique y aplique el Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos.

Desde nuestro punto de vista, es importante diferenciar entre lo que la economía capitalista define como el sector de los cuidados y la teoría de la economía de los cuidados, que se propone desde la economía feminista. En el apartado anterior, se han descrito las características del sector y algunas de las medidas adoptadas para mejorar las condiciones laborales de las personas que trabajan en el sector de los cuidados y los servicios ofrecidos, todas ellas basadas en el modelo de la teoría económica tradicional. Según este enfoque, el sector de los cuidados se considera un componente más de la economía, con su propia contribución a la riqueza de la sociedad, la creación de empleo y la generación de valor añadido, reconociendo el impacto positivo que genera en el conjunto de la economía. Asimismo, las propuestas de desarrollo del sector de los cuidados presentadas por organismos como la Comisión Europea, la OCDE y la OIT siguen esta perspectiva tradicional, aunque proponen incorporar medidas de reconocimiento del trabajo de cuidados remunerado y no remunerado, reducir las desigualdades entre hombres y mujeres y mejorar las condiciones laborales de las personas trabajadoras del sector.

Las propuestas de la teoría de la economía feminista sobre la economía del cuidado, en cambio, tienen un impacto más profundo en el modelo económico. Así, la economía del cuidado es un concepto clave en la teoría feminista, que se entiende como todas las actividades necesarias para la reproducción y sostenibilidad de la vida humana, como el cuidado de niños y niñas, personas ancianas y enfermas, así como el mantenimiento de los hogares y la comunidad en general, incluyendo, también, el cuidado de la naturaleza y los recursos comunes.

Aunque la teoría economíca predominante y la economía feminista coinciden en que la economía del cuidado ha sido históricamente invisibilizada y subvalorada (Bergeron, 2016; Acker, 2004), las razones detrás de esta devaluación son distintas. El enfoque feminista señala que la devaluación del trabajo de cuidados tiene raíces profundas en las estructuras patriarcales y capitalistas, lo que lleva a una doble penalización para quienes realizan estas tareas: baja remuneración y escaso reconocimiento social (Fraser, 2016). Además, la economía feminista entiende que todas las personas son dependientes en algún momento de sus vidas, desde el nacimiento hasta la muerte, y que es necesario establecer un derecho universal que garantice cuidados para aquellas personas con mayor vulnerabilidad social, así como la interdependencia entre los seres humanos y la naturaleza (Bauhardt, 2016; REAS, 2023 y REAS-Euskadi, 2022). Este derecho debe estar basado en una corresponsabilidad integral que valore la vida humana, el medioambiente y el bienestar colectivo. Por ejemplo, Nelson (1996) argumenta que la economía debe reconocer la interdependencia y la vulnerabilidad humana como elementos centrales del análisis económico. Esta perspectiva desafía la noción de la autonomía absoluta y sugiere que la economía no puede entenderse plenamente sin considerar las relaciones de cuidado y dependencia mutua.

Así, desde el punto de vista de política económica Himmelweit (2007) propone un replanteamiento de la teoría económica que incluya el trabajo de cuidados como componente fundamental del análisis económico y la formulación de políticas. De esta forma, se podría abordar la infravaloración sistémica de los cuidados y promover un sistema económico más inclusivo y equitativo.

Para lograr esta transformación, el movimiento feminista sugiere la implementación de un sistema estatal de cuidados y un plan de choque que posicione los cuidados como el eje central del nuevo paradigma económico. Esto implica una reorganización del trabajo productivo, promoviendo una mayor participación de los hombres y de la sociedad en general en las responsabilidades reproductivas. También se propone una reorganización social de los cuidados, desde el ámbito público y comunitario, además de un ajuste en las políticas socioeconómicas para garantizar derechos laborales y condiciones dignas para las personas que trabajan en el sector de cuidados. Asimismo, propone repensar los modelos de organizaciones económicas a partir del concepto de “organizaciones habitables” (REAS Euskadi, 2024).

El análisis interseccional es otro punto clave en las aportaciones teóricas de la economía feminista. Este enfoque proporciona el marco teórico para analizar cómo las múltiples identidades influyen en las dinámicas económicas (Crenshaw,1989) y permite comprender cómo diferentes categorías sociales, como el género, la raza, la clase y la etnia, se entrecruzan para dar forma a las experiencias y los resultados en la economía de los cuidados. A la hora de analizar y transformar la economía de los cuidados, es imprescindible incorporar el concepto de la interseccionalidad debido al perfil feminizado y racializado de una parte importante de las personas que trabajan en este sector. Al examinar estas intersecciones, se pone de relieve las diversas experiencias de las personas cuidadoras y las personas receptoras de cuidados.
 

A partir de lo anterior y desde la perspectiva de la Economía Social y Solidaria (ESS), se redefine el concepto de cuidados, superando la fragmentación entre lo productivo y lo reproductivo. Se reconoce la importancia de los trabajos en plural, tanto productivos como reproductivos, y se plantea que los cuidados son esenciales para la organización social y la sostenibilidad de la vida (REAS, 2023).

La economía social y solidaria se caracteriza por su enfoque en la solidaridad, la cooperación y la inclusión social. Las entidades de la economía social tienen una estructura organizativa que fomenta la participación democrática y la reinversión de los beneficios en la misión social de la entidad. Estas características hacen que la economía social sea particularmente adecuada para el desarrollo de actividades en el sector de los cuidados.

Las organizaciones de ESS promueven empleo estable y de calidad en sectores tradicionales e históricamente han facilitado la inclusión de mujeres y trabajadores desfavorecidos, y han ayudado a la transición del empleo informal al formal (Borzaga et al. 2019). Evers y Laville (2004) han demostrado que las entidades de la economía social en el ámbito de los cuidados no solo proporcionan servicios esenciales, sino que también crean empleos con condiciones laborales más justas. Es más, estas organizaciones tienden a ofrecer salarios más equitativos, horarios de trabajo flexibles y mejores condiciones de trabajo en comparación con el sector privado tradicional (Defourny y Nyssens, 2010). 

Además, la economía social promueve la cohesión social y la inclusión de las personas, aspectos fundamentales en el sector de los cuidados, dadas las características más vulnerables de la mayoría de las personas que trabajan en este sector. Por ejemplo, las cooperativas de cuidados han demostrado ser eficaces en la inclusión de grupos marginados, proporcionando empleos y servicios a personas que, de otro modo, estarían excluidas del mercado laboral o de los servicios sociales (García et al, 2024; Borzaga y Tortia, 2007; Borzaga y Depedri, 2015; Baruah, 2023; Datta & Gailey, 2012)
Otra de las aportaciones positivas de la economía social a la economía de los cuidados se manifiesta en la calidad de los servicios prestados.  Al no ser el lucro la motivación principal de las entidades de la economía social, pueden enfocarse en la calidad del servicio y en la satisfacción de las necesidades de las personas usuarias, lo cual es crucial en el sector de los cuidados (Jouen y Romaní, 2012). Los beneficios que aportan las empresas de la ESS a la economía del cuidado, ponen en evidencia que es posible repensar la estructura económica de este sector y dar prioridad al cuidado, la solidaridad y la sostenibilidad. 
Con el objetivo de responder a este reto, CEPES (2022 p. 94) elabora un informe sobre el papel de la economía social en el sector de los cuidados y refuerza la idea del “valor diferencial de la economía social”, poniendo en  valor  elementos específicos como: 1)  la atención personalizada, la reinversión de beneficios en lugar de la distribución de dividendos, y un enfoque en la transformación social y la reducción de desigualdades; 2) la proximidad y conexión con el territorio, lo que facilita una mayor especialización en colectivos vulnerables y promueve la inclusión social;  3)  el compromiso con la dignificación de las condiciones laborales; 4) la fuerte vinculación con las redes comunitarias, lo que le permite responder de manera más eficaz a las necesidades locales y a la demanda de cuidados; 5) la mejora del bienestar social y la reducción de las desigualdades, más allá de la sostenibilidad económica.
Asimismo, destaca CEPES (2022) que este enfoque diferencial no solo aporta un valor añadido a los servicios que ofrece la economía social, sino que también la posiciona como un modelo a seguir en la provisión de cuidados, especialmente en un contexto donde las demandas de este tipo de servicios están en constante crecimiento debido a factores demográficos y socioeconómicos. La economía social, con su arraigo territorial y su compromiso con la inclusión y la justicia social, se presenta como un pilar fundamental para el desarrollo de una economía más equitativa y sostenible en el sector de los cuidados.
Finalmente, CEPES (2022) elabora un conjunto de propuestas para fortalecer la colaboración entre la Administración Pública y la economía social, con el objetivo de mejorar la provisión de servicios en la misma, asegurando su sostenibilidad y su impacto positivo en la sociedad. En concreto se subraya la necesidad de reconocer y valorar la economía social  y la economía  de los cuidados, destacando su importancia como sistema de derechos sociales y como un sector digno para el desarrollo profesional. También se propone aumentar la financiación pública, asegurando una dotación económica adecuada para los servicios públicos, y promover la digitalización y ajustes en los precios públicos. Se recomienda rediseñar y fortalecer la Contratación Pública Responsable, incluyendo la homogeneización de procedimientos administrativos, la inclusión de cláusulas sociales, y la priorización de la calidad del servicio en las licitaciones. Además, se sugiere reducir las diferencias territoriales mediante un acuerdo de mínimos entre comunidades autónomas, mayor financiación en zonas rurales, y mejor coordinación entre administraciones. Otra propuesta clave es actualizar los marcos legales de los servicios públicos para adaptarlos a nuevas necesidades y facilitar la participación comunitaria. Finalmente, se enfatiza la importancia de dignificar las condiciones laborales de los trabajadores en la economía social, promoviendo medidas de conciliación, formación adaptada, y mejoras salariales a través de la negociación colectiva.

A pesar de los evidentes beneficios, la integración de la economía de los cuidados y la economía social enfrenta varios retos y desafíos. La crisis de los cuidados es un problema de primer orden que afecta a toda la población y se agudiza en un contexto de colapso ecológico y crisis de reproducción social. La gestión de los cuidados debe afrontar desafíos muy urgentes como la mercantilización y privatización, la digitalización, y la precarización del trabajo de cuidados. Las administraciones públicas tienen un papel crucial en la organización de los cuidados, estableciendo las bases legales y estructurales para garantizar el acceso a cuidados de calidad y condiciones laborales dignas para las cuidadoras (REAS, 2023).

Avanzar hacia un sistema de cuidados público-comunitario es una necesidad urgente que requiere la participación activa de todos los agentes sociales, desde la ciudadanía hasta las instituciones públicas.

En este sentido, la ESS propone un modelo de cuidados que desfamiliarice y desmercantilice los cuidados, promoviendo la revalorización y profesionalización del trabajo de cuidados, y avanzando hacia un sistema emancipador, arraigado en lo local, que promueva la autonomía y la vida independiente, y que incluya la participación comunitaria.

Además, la Economía Social y Solidaria ha formulado varias propuestas clave para transformar el actual modelo de cuidados y construir un sistema más justo y equitativo. Estas propuestas, recogidas por la Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS) en 2023, abordan diferentes aspectos que van desde el reconocimiento social de los cuidados hasta el fortalecimiento de un sistema público-comunitario robusto:

• El primer paso para avanzar en esta dirección es el reconocimiento social de los cuidados. Los cuidados son una necesidad fundamental para el bienestar de las personas y, sin embargo, a menudo son invisibilizados o subvalorados. Es crucial sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de los cuidados como un derecho humano esencial y dignificar el trabajo de quienes se dedican a esta labor. Este reconocimiento no solo debe ser simbólico, sino que también debe traducirse en políticas que garanticen condiciones laborales justas y una mayor valoración social del cuidado, destacando su rol indispensable en la sociedad.
• En segundo lugar, se plantea la necesidad de un sistema integral de cuidados que contemple un debate profundo y participativo sobre el modelo de cuidados que queremos construir. Este debate debe involucrar a todos los agentes sociales, incluyendo a las personas que reciben cuidados, a las trabajadoras del sector, y a las administraciones públicas. Solo a través de un enfoque centrado en la persona y sus necesidades específicas, se podrá avanzar hacia un modelo de atención que sea realmente inclusivo y equitativo.

La innovación y el co-diseño de políticas públicas se presenta como otra pieza fundamental en este proceso de transformación. Es necesario introducir cambios en el sistema actual que promuevan un diálogo constante entre los diferentes actores involucrados, desde el nivel local hasta el nacional. Este diálogo debe permitir el co-diseño de nuevas políticas públicas que respondan de manera efectiva a las necesidades de cuidados, adaptándose a las particularidades de cada comunidad y territorio.
Un sistema público-comunitario fuerte es indispensable para contrarrestar las tendencias hacia la privatización de los cuidados, que a menudo resultan en la exclusión de las personas más vulnerables. Es fundamental consolidar las administraciones locales como pilares en la gestión de cuidados, dotándolas de los recursos necesarios para que puedan cumplir este rol de manera eficaz. Esto implica no solo un aumento en la inversión pública, sino también la creación de mecanismos que aseguren la transparencia y la participación ciudadana en la toma de decisiones.

La colaboración entre agentes es otro aspecto clave para fortalecer las redes de cuidados. Fomentar la corresponsabilidad entre los diferentes actores, desde las instituciones públicas hasta las organizaciones de la ESS, permitirá crear un tejido de apoyo mutuo que garantice la sostenibilidad del sistema de cuidados. Esta intercooperación en el territorio debe basarse en principios de solidaridad y equidad, asegurando que todas las personas tengan acceso a cuidados de calidad.

el apoyo a iniciativas de la ESS es esencial para la implementación de estas nuevas políticas de cuidados

Finalmente,dado que el enfoque de la economía social ofrece propuestas interesantes para este tipo de realidades, el apoyo a iniciativas de la ESS es esencial para la implementación de estas nuevas políticas de cuidados, ya que:
a)    La motivación principal de las empresas de economía social no es el lucro, sino la motivación por satisfacer una necesidad social concreta de sus personas usuarias. Es decir, la rentabilidad es una necesidad instrumental, y no el fin último y prioritario de la organización. Este hecho es especialmente relevante en el sector de los cuidados, puesto que la esencia de su actividad busca poner a la persona en el centro y atender de manera digna a las necesidades de las personas dependientes: es una necesidad social y colectiva, y de esta manera se le debe responder. La introducción de grandes fondos de inversión en este sector va en detrimento de la calidad ofrecida a las personas usuarias, o en su caso se convierten en servicios elitistas al que pocas personas pueden acceder. Las empresas de economía social ofrecen herramientas para plantear un nuevo modelo económico en el sector de los cuidados, por lo que deben ser agentes de cambio en este ámbito.
b)    La creación de empresas de la economía social ofrece una alternativa atractiva para el emprendimiento de las personas trabajadoras del sector, muchas veces permitiendo a  estas personas abandonar la  economía sumergida y mejorar sustancialmente su situación socioeconómica. 
c)    Dignifica el trabajo de las personas que trabajan en el sector y posibilita su empoderamiento a través del  desarrollo personal y profesional de personas que de otra manera están infravaloradas e invisibilizadas.
d)    Ofrece servicios adaptados a las necesidades locales, sin dejar el bienestar de las personas a agentes externos al ecosistema local, garantizando el arraigo de los agentes económicos al entorno más próximo. 
e)    Desde un enfoque de envejecimiento activo abre posibilidades a personas activas de la tercera edad para organizarse de manera comunitaria, antes de convertirse en personas dependientes.
f)    Ofrece un contexto enriquecedor para desarrollar los postulados de la economía feminista y así trasnformar las estructuras socio-económicas actuales para crear un mundo más justo, inclusivo y sostenible para todas las personas.

Es por todo ello que la economía social debe ser reconocida como una pieza clave en este proceso, promoviendo la concertación pública con cláusulas sociales efectivas y una compra pública responsable que se adapte a las necesidades de entidades de menor tamaño. Solo así será posible construir un sistema de cuidados que esté al servicio de las personas, basado en principios de justicia social y sostenibilidad.

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