Las diferencias en el acceso y uso de las tecnologías digitales por razones geográficas, demográficas o socioeconómicas, definidas como brechas digitales, determinan la adquisición de habilidades digitales por parte de los trabajadores y la integración de soluciones digitales avanzadas en algunas empresas. La experiencia vivida durante la pandemia en España ofrece una serie de lecciones sobre la necesidad de reducir esas brechas de cara a mejorar la resiliencia de los mercados de trabajo. De esas lecciones se han hecho eco parte de las iniciativas públicas puestas en marcha en la agenda España Digital 2026. 

No toda la ciudadanía ni todas las empresas acceden en las mismas condiciones a las tecnologías y servicios digitales por razones geográficas, demográficas o socioeconómicas -y en el caso del tejido productivo, a causa del distinto tamaño empresarial-. Desde hace tiempo se viene insistiendo en la necesidad de resolver esta situación, conocida como brecha digital -o más bien, brechas digitales dado su carácter multidimensional-, puesto que afectan tanto a la cohesión social como a la territorial (CES, 2021).

En efecto, más allá de la brecha provocada por las diferentes las condiciones materiales de acceso a Internet, es decir, de la posibilidad de disponer de una conexión de calidad o de los dispositivos adecuados, una parte importante del distinto uso que se hace de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación depende del grado de habilidades o competencias digitales, las cuales son especialmente sensibles a factores demográficos y/o socioeconómicos. Pero, además, el elevado peso que tiene la pequeña y mediana empresa en la actividad económica española y su mayor retraso frente a las grandes empresas en cuanto a la integración de las tecnologías digitales generan también una brecha en el grado de digitalización del tejido productivo.

Estas desigualdades provocan que la transformación digital se esté llevando a cabo a varias velocidades, desafiando al proceso de transformación digital y limitando la capacidad que posee la propia digitalización para aumentar la resiliencia de la economía, la sociedad y los mercados de trabajo. Así quedó patente con la irrupción de la pandemia, que supuso la traslación de una parte importante de la actividad a las redes y que constató que el grado de integración de las tecnologías digitales en la economía y el nivel de competencias digitales eran determinantes para adaptarse rápidamente a la nueva realidad pandémica y, con ello, capear mejor las consecuencias económicas y sociales de la crisis sanitaria.

Por consiguiente, resulta necesario abordar el problema de las brechas digitales en España desde una doble perspectiva: por un lado, por su incidencia sobre el nivel de competencias y habilidades digitales tanto básicas como avanzadas de la ciudadanía, del capital humano, y, por otro, por su impacto sobre la integración de las tecnologías digitales en la actividad empresarial, es decir, en la demanda de trabajo.

No obstante, hay que ser conscientes de que este es un desafío en mutación constante dado que las habilidades digitales necesarias se van transformando al mismo ritmo vertiginoso que lo hacen las tecnologías y los servicios digitales y que, actualmente, tienen como próximas fronteras los rápidos desarrollos de la inteligencia artificial, el salto que imprimirá la computación cuántica a los procesos de digitalización y las crecientes necesidades de ciberseguridad.

Este artículo trata de ofrecer, en primer lugar, una visión general del estado de situación de las brechas digitales en España, prestando especial interés a cómo afectan a las habilidades digitales y al grado de digitalización empresarial. En segundo lugar, se expone las lecciones que la pandemia dejó en cuanto al efecto de estas brechas sobre la resiliencia del mercado de trabajo español. En tercer lugar, se presentan las iniciativas que promueve el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia (PRTR) español para reducir esas brechas. Y, por último, a modo de conclusión, se ofrece una breve reflexión sobre las necesidades de futuro.

De acuerdo con el Digital Economy and Society Index (DESI) publicado por la Comisión Europea en 2022, con datos de 2021, España ocupaba el séptimo puesto en nivel de digitalización de los veintisiete Estados miembros de la UE (Comisión Europea, 2022a). Este índice mide el grado de desarrollo digital en función de cuatro grandes componentes: conectividad, servicios públicos digitales, capital humano e integración de la tecnología digital en la actividad empresarial. España obtiene de media unos resultados razonablemente positivos en los dos primeros, pero tiene un amplio margen de mejora tanto en capital humano, relacionado íntimamente con las competencias digitales, como en la integración de las tecnologías digitales en la actividad empresarial. Estos dos últimos aspectos, ofrecen una aproximación a la caracterización digital de la oferta y la demanda en el mercado de trabajo, ámbitos afectados por importantes brechas digitales en España, como se analiza a continuación.

2.1. La brecha de acceso. Las condiciones materiales

La información recogida en la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de las TIC en los Hogares del INE revela que cerca de 16 millones de hogares españoles con al menos un miembro de 16 a 74 años disponían de acceso a Internet en 2022 (el 95,9% del total de hogares españoles) y alrededor de 14 millones poseían algún tipo de dispositivo digital (un 82,9% del total). 

Sin embargo, las condiciones materiales para acceder a internet por parte de los hogares españoles no son homogéneas, detectándose un primer grado de brecha digital: la brecha de acceso. Por un lado, se observan importantes diferencias en cuanto a la disponibilidad de dispositivos digitales según el lugar de residencia, inferior para los hogares que viven en municipios pequeños (gráfico 1 a.). Pero, además, la calidad de ese acceso no es ni mucho menos uniforme, siendo más pobre también en el caso de esos municipios de menor tamaño, situados principalmente en el medio rural. Aunque aparentemente, en 2022, ya se habría alcanzado una cobertura de 100 Mb para todos los hogares españoles, en muchos municipios rurales se accede a través de la banda ancha móvil, cuya fiabilidad y calidad depende de factores como la distancia a la antena, el número de usuarios conectados simultáneamente y/o el tipo de uso que estén haciendo de internet. 

Esta brecha de acceso entre territorios limita la capacidad de las tecnologías digitales para luchar contra el despoblamiento rural a través de la atracción de actividad productiva, de seducción de los denominados nómadas digitales -sobre todo desde la pandemia-, de aprovechamiento de las posibilidades de formación online o de otros accesos por internet a servicios básicos, como los de salud o financieros. 

Asimismo, los hogares de menores niveles de ingresos, independientemente de su lugar de residencia, confían en mayor medida sus relaciones online a su acceso a través del móvil -puesto que la conexión de banda ancha fija es más costosa-, lo que dificulta el uso de las redes, sobre todo cuando varios miembros de una misma familia necesitan utilizarlas simultáneamente, como sucedió durante la pandemia (Gráfico 1 b.). Además, en 2022, el 17,7% de los hogares españoles no disponía de algún tipo de ordenador, porcentaje que alcanza al 38,9% de los hogares con ingresos mensuales netos inferiores a 900 euros (y sólo a un 2,2% de los hogares con mayor nivel de ingresos). 
 

2.2. Brecha en habilidades digitales y diferencias de uso. El capital humano

De acuerdo con el DESI, la tasa de españoles con al menos capacidades digitales básicas alcanzó un 57%, situándose cerca de la media comunitaria. Pero España sigue presentando un atraso en algunas competencias avanzadas y en el porcentaje de especialistas digitales ocupados, subrayando que, precisamente, el capital humano es el punto débil de la digitalización en España (CES, 2021).

 La Encuesta del INE sobre Equipamiento y Uso de las TIC en los hogares permite analizar el estado de situación de las habilidades digitales en España, a través del índice de habilidades digitales (overall skills) definido de acuerdo con la metodología fijada para el DESI por Eurostat. Este índice se construye a partir de cinco variables: habilidades de información y alfabetización de datos, habilidades de comunicación y colaboración, habilidades para la creación de contenidos digitales, habilidades de seguridad y habilidades de resolución de problemas. Se considera que la ciudadanía posee habilidades avanzadas en digitalización cuando las manifiesta en todas las variables, en las cinco. 

Se observa que, en España, el nivel de ingresos y, sobre todo, el de estudios, seguidos de la edad son los factores clave a la hora de alcanzar habilidades digitales avanzadas en los cinco ámbitos que componen el índice (gráfico 2). Las mayores diferencias se detectan en los ámbitos de creación de contenidos digitales (cómo usar hojas de cálculo, procesador de textos, algún software de edición o programar), en las habilidades de seguridad (leer la política de privacidad, cambiar la configuración del navegador para limitar cookies, restringir acceso a su ubicación geográfica, entre otras) o en la resolución de problemas (comprar o vender por internet, buscar empleo o descargar software). 

Disponer de unas habilidades digitales avanzadas no solo permite a la ciudadanía obtener los beneficios de la creciente digitalización de las economías, sino que además favorece su integración en un mercado de trabajo donde todo este tipo de competencias son cada vez más valoradas y necesarias, puesto que en la actualidad las tecnologías digitales constituyen un instrumento de trabajo consolidado para prácticamente todas las actividades productivas. 

La brecha en competencias digitales sumada a la de acceso determina las diferencias de uso de las tecnologías digitales, brecha de uso que, necesariamente, está relacionada con esos mismos factores socioeconómicos y demográficos. De nuevo, la edad, el nivel educativo o el nivel de renta del hogar están detrás del desigual uso de internet; quizás no tanto en su versión más sencilla, como puede ser chatear a través de una app o leer la prensa, sino, sobre todo, en los usos avanzados, como recibir enseñanza online, realizar compras a través de internet, lograr una cita médica o incluso buscar trabajo (gráfico 3).

2.3. Brecha por tamaño empresarial. La demanda de trabajo

La ventaja que supone para la actividad productiva contar con un capital humano con habilidades digitales avanzadas necesita, de manera complementaria, que el tejido empresarial, la demanda de trabajo, integre los avances digitales en sus negocios, sobre todo, pymes y autónomos que representan en España el 99,9% de las empresas, el 68,2% del empleo y el 56,1% del Valor Añadido Bruto¹. 

Sin embargo, las pequeñas empresas españolas continúan mostrando un importante retraso en cuanto a su transformación digital. Aunque la tasa de pymes con habilidades digitales básicas está por encima de la media de la UE (del DESI) y no difiere mucho de las grandes empresas españolas, las pymes se quedan atrás en cuanto al uso de las tecnologías más avanzadas como de servicios en la “nube”, del big data, del Internet de las cosas (IoT), de la impresión en 3D o de los robots. Detrás de estos usos avanzados se encuentran las tendencias digitales más transformadoras, por lo que un retraso en su integración en la actividad puede afectar a su capacidad competitiva en el futuro y, por ende, a su capacidad de crecimiento y de creación de empleo (CES, 2021).

Varias son las razones que el pequeño empresariado alega² a la hora de explicar su mayor retraso relativo, subrayando como principal barrera la incertidumbre sobre futuras normas digitales, seguida de los obstáculos normativos, de la falta de recursos financieros y de las escasas habilidades digitales, incluidas las de sus equipos directivos. Además, la dimensión empresarial parece determinante a la hora de contar con especialistas TIC en las plantillas; de hecho, solamente un 1,4% de las microempresas (menos de 10 trabajadores) cuentan con personal especializado en este ámbito, frente al 11,1% de las pequeñas empresas (de 10 a 49 trabajadores), el 38,5% de las medianas (de 50 a 249 trabajadores) o el 69,8% de las grandes (a partir de 250 trabajadores). 

La importancia de reducir todas estas brechas digitales quedó de manifiesto durante la pandemia de COVID-19, puesto que el confinamiento y las restricciones a la movilidad provocaron el traslado a las redes de buena parte de las relaciones interpersonales, del consumo y de la actividad laboral.

 Bajo esta situación, los desarrollos digitales y tecnológicos permitieron que una parte importante de las personas trabajadoras y de las empresas pudieran continuar con su actividad de manera remota. Sin embargo, no fue una solución generalizada y, además, las brechas digitales existentes impidieron extraer el máximo potencial de esta posibilidad.

Las empresas que ya contaban con un grado alto de digitalización lo tuvieron más fácil, mientras que otras tuvieron que digitalizarse de manera exprés para responder a la situación de emergencia. En el segundo semestre de 2020 un 15,3% de los asalariados trabajaron desde sus domicilios, cuando en los meses previos a la irrupción de la crisis sanitaria solo lo hacía el 4,2%. En 2021, un 12,2% de los asalariados continuaban teletrabajando; en solo dos años, el número de asalariados que trabajaban en sus domicilios se había triplicado en España (CES, 2022). No obstante, todo apunta a que en 2022 se mantenga la tendencia a la baja tras el máximo alcanzado en los momentos más difíciles de la pandemia. En todo caso, varias son las lecciones que se pueden extraer de la experiencia pandémica:

En primer lugar, que el recurso al teletrabajo no estuvo, ni está, al alcance de todas las ocupaciones, ni de todas las tareas, ni de todos los sectores. Por un lado, algunos sectores, los de mayor interacción física, tuvieron que interrumpir su actividad y no recobraron la normalidad hasta pasado un periodo muy largo, no solo por los confinamientos (total y parciales) sino por el propio riesgo de contagio y el consiguiente miedo de la clientela (i.e. turismo, ocio, restauración o algunos servicios personales no esenciales)³. Por otro lado, dada la propia naturaleza de las actividades, tampoco pudieron teletrabajar los trabajadores esenciales dedicados al transporte, la alimentación y, por supuesto, a actividades sanitarias y de salud.

En segundo lugar, relacionado con lo anterior, se detectaron importantes diferencias en términos de empleo y de riesgos laborales entre los trabajadores en función de si sus ocupaciones eran “teletrabajables” o no. Como se ha indicado, poder teletrabajar no solo supuso para muchos poder mantener su actividad frente a los ocupados en otros sectores de necesaria interacción física, sino que también, quienes teletrabajaron, se vieron menos expuestos al riesgo de contagio frente, por ejemplo, a los trabajadores esenciales dedicados al transporte, la alimentación y, por supuesto, a actividades sanitarias y de salud.

En tercer lugar, se puso de manifiesto que no solo la especialización productiva explicaría la menor incidencia del teletrabajo en España respecto a sus socios comunitarios, sino que también y, sobre todo, dependía del grado general de digitalización del tejido empresarial⁴. La brecha digital existente en el tejido empresarial español, anteriormente descrita, con una menor integración de los avances digitales en las empresas de menor tamaño, dificultó el recurso al teletrabajo durante la crisis y constituye uno de los principales desafíos en cuanto a la transformación digital de la economía española.

 En cuarto lugar, desde la perspectiva de los trabajadores, solo pudieron trabajar online aquellos que contaban con las habilidades digitales necesarias y/o disponían de la tecnología y los dispositivos para llevarlo a cabo, subrayando la importancia que en una situación así adquieren los factores demográficos y socioeconómicos que hay detrás de las brechas digitales. De hecho, según Encuesta del INE sobre Equipamiento y Uso de las TIC en los hogares de 2021, entre los motivos principales por los que los individuos no teletrabajaron, aunque la empresa ofreciera esa posibilidad, se encontraba la falta de condiciones materiales adecuadas. Asimismo, según esa encuesta, el 63,5% de los ocupados con estudios universitarios tuvo la opción de teletrabajar, frente a solo el 5,3% de los ocupados con estudios secundarios de primera etapa, ya por tener menos competencias digitales -que como se ha expuesto anteriormente depende estrechamente del nivel de estudios-, ya por el tipo de trabajo o tareas que realizan.

En quinto lugar, durante la pandemia, las escasas habilidades digitales de amplias capas de la población, incluidos los profesionales⁵, restó potencial al empuje que experimentaron los accesos en línea a los servicios de salud, de educación u otros servicios básicos. La brecha en habilidades constituiría, en consecuencia, un factor importante de desigualdad, ejerciendo una especial incidencia sobre las personas mayores, las de menor nivel de estudios e ingresos inferiores (Ordiales, 2022); brecha que, de no ser resuelta, corre el riesgo de perpetuarse dado el acelerado proceso de digitalización. 

Además de sacar a la luz las dificultades derivadas de la propia existencia de brechas digitales, la acelerada puesta en marcha de soluciones de teletrabajo durante la pandemia reveló la necesidad de seguir avanzando en la reflexión y/o en la negociación dentro de las empresas sobre las soluciones de trabajo a distancia. Durante los meses de confinamiento más estricto, el derecho a la desconexión digital o a unas condiciones materiales mínimas para poder teletrabajar fueron dejados de lado. Además, durante la pandemia, el teletrabajo también profundizó las desigualdades entre hombres y mujeres, sobre todo para aquellas mujeres con niños pequeños o personas dependientes a su cargo, de modo que se vieron sobrecargadas con mayor frecuencia que los hombres (Eurofound, 2021).

 La propia Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia, que tiene como antecedente el Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, señala en su exposición de motivos que el trabajo a distancia ofrece ventajas como: una mayor flexibilidad en la gestión de los tiempos de trabajo y los descansos; mayores posibilidades, en algunos casos, de una autoorganización y de racionalización de horarios, favoreciendo la conciliación de la vida personal, familiar y laboral; una reducción de costes en las oficinas y en los desplazamientos; la fijación de población en el territorio, especialmente en las áreas rurales; o una atracción y retención de talento y/o reducción del absentismo.

Sin embargo, la misma Ley señala los posibles inconvenientes: “protección de datos, brechas de seguridad, tecnoestrés, horario continuo, fatiga informática, conectividad digital permanente, mayor aislamiento laboral, pérdida de la identidad corporativa, deficiencias en el intercambio de información entre las personas que trabajan presencialmente y aquellas que lo hacen de manera exclusiva a distancia, dificultades asociadas a la falta de servicios básicos en el territorio, como la conectividad digital o servicios para la conciliación laboral y familiar, o traslado a la persona trabajadora de costes de la actividad productiva sin compensación alguna, entre otros”.
 

Se han puesto en marcha numerosas iniciativas para reducir las brechas digitales, gran parte de ellas han quedado recogidas en la agenda “España Digital 2026”, integrada, a grandes rasgos, en el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia. El Plan español dedica un 28% de la dotación total de fondos para promover inversiones y reformas vinculadas a la transformación digital de la economía española, casi 20.000 millones de euros. Una parte importante de las iniciativas actúan sobre las brechas digitales. Desde el impulso a la conectividad y al 5G, clave para reducir la brecha primaria de acceso, hasta un Plan Nacional de Competencias Digitales.

Cuadro 1: Iniciativas más relevantes dentro del PRTR para la reducción de las brechas digitales

Fuente: Elaborado a partir del el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia de España.

En concreto, en cuanto a la necesidad de hacer frente a la carencia de competencias digitales en el capital humano, tanto básicas como avanzadas, el PRTR plantea una estrategia multidimensional, de modo que prevé la promoción de competencias digitales básicas para toda la ciudadanía, insiste en la necesidad de reducir la brecha digital de género, en las existentes entre las zonas rurales y urbanas y en la que se pudieran producir por problemas de accesibilidad.

Al ser inversiones transformadoras, resulta prematuro valorar su impacto sobre las brechas digitales. No obstante, el simple hecho de poder contar con los fondos NextGeneration de la Unión Europea, al menos garantiza, en el medio plazo, el apoyo público a la financiación de esta transformación. 

En todo caso, cualquier actuación para reducir las brechas digitales, sobre todo para garantizar un nivel de habilidades digitales avanzadas de acuerdo con las necesidades que surgen alrededor de la transformación digital, así como las medidas que se prevean para asegurar la integración de los desarrollos digitales más transformadores en el tejido empresarial, deben tomar en consideración que la transición digital no es estática, sino que es un proceso tecnológico de acelerados cambios constantes. Por consiguiente, estas iniciativas deben permanecer en el tiempo y adaptarse a esa evolución dinámica de requerimientos tecnológicos y digitales, para lo cual resulta necesario contar con la participación de los agentes económicos y sociales en el marco del diálogo social.
 

La existencia de brechas digitales en España está provocando que la transformación digital se esté llevando a cabo a varias velocidades entre diferentes colectivos, ya sea por razones geográficas, demográficas o socioeconómicas. Entre otros efectos, esta desigual digitalización afecta al mercado de trabajo. Desde el lado de la oferta, por la dificultad que estas brechas provocan a la hora de adquirir habilidades digitales, sobre todo avanzadas; y, por el lado de la demanda, por la diferente integración de la digitalización en el tejido productivo español, inferior en el caso de la pequeña y mediana empresa, cuando se trata del tamaño empresarial predominante en España. Además, la existencia de una desigualdad de acceso entre las zonas rurales y urbanas profundiza los efectos de esas brechas sobre la vida y la economía de las personas, y en particular, en la manera de participar en el mercado laboral. Para asegurar que las ventajas, o valor añadido, que aporta la digitalización llegue a todos, es necesario luchar para que el proceso de digitalización no se convierta en un nuevo vector de desigualdad. 

Desde garantizar la disponibilidad de conexiones de calidad suficiente en todo el territorio (que responda a las exigencias de las transformaciones digitales más avanzadas), pasando por asegurar el acceso a unos dispositivos o equipos básicos -a través de, por ejemplo, bonos de conectividad, sistemas de renting digital social, servicios públicos de préstamo de equipos o redes públicas de datos- resulta fundamental para mitigar la brecha primaria de acceso. Pero, además, la mitigación de las brechas debe tener entre sus objetivos el de mejorar las habilidades digitales avanzadas de la población en su conjunto con programas evaluables de formación durante toda la vida. Se debe ir más allá de itinerarios de alfabetización digital simple, puesto que las oportunidades más relevantes y los servicios de mayor valor añadido se obtienen a partir de usos sofisticados de las tecnologías digitales. En definitiva, se debe insistir en promover las competencias digitales de la población en edad de trabajar para impulsar una mejor integración en el mercado de trabajo y un mayor aprovechamiento de las oportunidades que ofrece la digitalización.

• Comisión Europea (2022a): Digital Economy and Society Index 2021.
• Comisión Europea (2022b): 2022 SME Country Fact Sheet: SPAIN
• Comisión Europea (2020): Flash Eurobarometer 486: SMEs, start-ups, scale-ups and entrepreneurship
• Consejo Económico y Social de España (CES) (2021). Informe 1/2021 sobre La digitalización de la economía. Actualización del informe 3/2017. Madrid.
• Consejo Económico y Social de España (CES) (2022). Memoria socioeconómica y laboral de España 2021. Madrid.
• Eurofound (2021), Living, working and COVID-19 dataset. Dublin.
• Fana, M., Tolan, S., Torrejón, S., Urzi Brancati, C. & Fernández-Macías, E (2020). The COVID confinement measures and EU labour markets. Publications Office of the European Union. Luxembourg. 
• Gobierno de España. Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia de España.
• INE, Encuesta sobre Equipamiento y Uso de las TIC en los hogares, 2022.
• INE, Encuesta sobre el uso de TIC y del comercio electrónico en las empresas. 1er trimestre 2021.
• Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia.
• Moreno-Manzanaro N. y Ordiales I. (2021), “De la crisi sanitària a la sindèmia: fractures socials i desafiaments per a la recuperació”. Revista econòmica de Catalunya nº 84.
• OCDE (2021): Using Digital Technologies for Early Education during COVID19. Paris.
• Ordiales I. (2022): “Digitalización, desigualdades y efectos de la pandemia”. V Informe sobre la desigualdad en España 2022. El impacto de la pandemia. Fundación Alternativas, Madrid.