Este artículo pretende ofrecer una visión general de las estadísticas sobre la economía social tanto en España como a escala internacional. Para ello, explica en primer lugar el concepto de economía social y su ámbito, elementos necesarios para delimitar qué áreas entran en el radar estadístico y cuáles no. Se destaca su reciente institucionalización internacional, pero también sus áreas problemáticas, tanto en relación con conceptos afines, como las empresas sociales y la economía solidaria, como en relación con formas específicas de empresas y actividades económicas cuya inclusión en la economía social es cuestionable. En segundo lugar, se ofrece una visión general de las dimensiones cuantitativas de la economía social en Europa y España. Esta visión de conjunto se basa en los trabajos realizados por CIRIEC-Internacional y CIRIEC-España durante los últimos diez años. Se realiza una comparación de la economía social entre países y se presenta su peso en España y en las diferentes Comunidades Autónomas. Cabe destacar que la economía social europea proporcionó empleo remunerado a 11,5 millones de personas en 2021. De ellas, 1,3 millones estaban empleadas en España.

This article aims to provide an overview of statistics on the social economy both in Spain and internationally. To do so, it first explains the concept of social economy and its scope, elements necessary to delimit which areas fall under the statistical radar and which do not. It highlights its recent international institutionalisation but also its problematic areas, both in relation to related concepts, such as social enterprises and the solidarity economy, and in relation to specific forms of enterprises and economic activities whose inclusion in the social economy is questionable. Secondly, an overview is given of the quantitative dimensions of the social economy in Europe and Spain. This overview is based on the work carried out by CIRIEC-International and CIRIEC-Spain over the last ten years. A comparison of the social economy between countries is made and its weight in Spain and in the different Autonomous Communities is presented. It should be noted that the European social economy provided paid employment to 11.5 million people in 2021. Of these, 1.3 million were employed in Spain.

En los dos años que median entre diciembre de 2021 y noviembre de 2023 han marcado un antes y un después en la consolidación internacional del concepto y ámbito de la economía social. Diferentes instituciones internacionales, entre ellas la Asamblea General de Naciones Unidas, han aprobado Resoluciones de amplio alcance que han institucionalizado definitivamente este ámbito de la realidad socioeconómica, tras varias décadas de trabajo e incidencia desde los movimientos de la economía social, del mundo académico y de múltiples gobiernos. El primer objetivo de este artículo es dar cuenta precisa del concepto y ámbito de la economía social, así como de su concreción institucional reciente. No obstante, en la actualidad permanecen dos cuestiones difíciles. La primera es el de la existencia de concepciones afines y a veces rivales a la de la economía social que dificultan en ciertos ámbitos el desarrollo de avances estadísticos. El segundo obstáculo radica en la concreción de áreas concretas fronteras entre los ámbitos de la economía pública, la economía social y la economía de las empresas privadas de carácter capitalista al objeto de identificar cuáles entran y cuáles no entran en el ámbito de la economía social. Abordar ambas zonas de frontera, una externa, en relación a las concepciones afines, y otra interna, relativa a las formas de empresas y actividades económicas cuya inclusión en la economía social es cuestionable, será el segundo objetivo del artículo.

El tercer objetivo de este artículo es el de ofrecer una visión general de las dimensiones cuantitativas de la economía social en el ámbito europeo y español. Esta visión general se realizará a partir de los trabajos desarrollados por CIRIEC-International y CIRIEC-España en los últimos diez años.

La elaboración de estadísticas precisas sobre la economía social exige una delimitación adecuada del campo de observación estadística, en otras palabras, establecer criterios rigurosos que permitan identificar claramente qué entidades entran (in scope) y cuáles no (out of scope) bajo el radar estadístico. Para ser útil, esta delimitación ha de contar con el necesario consenso sociopolítico y científico al respecto. 

La economía social conforma un espacio de la realidad económica integrado por formas organizativas privadas creadas por las personas para dar respuesta a sus propias demandas sociales, a sus problemas sustantivos y a sus aspiraciones sociales. Su carácter social y privado las sitúa en una lógica económica y decisional bien diferenciada de la de las empresas privadas tradicionales, basadas en la lógica del capital.

Uno de los mayores retos ha sido articular un concepto que integrara a todo este espacio en un conjunto coherente científicamente y que fuera aceptado políticamente por todo este sector social. Siguiendo a Monzón y Chaves (2012), el reto encontró sus primeras respuestas a finales de los años setenta, cuando los movimientos asociativos, mutualistas y cooperativos de Francia integrados en una plataforma unitaria denominada CNLAMCA publicaron en junio de 1980 su Carta de la Economía Social. En ella se definió la economía social como “el conjunto de entidades no pertenecientes al sector público que, con funcionamiento y gestión democráticos e igualdad de derechos y deberes de los socios, practican un régimen especial de propiedad y distribución de las ganancias, empleando los excedentes de ejercicio para el crecimiento de la entidad y la mejora de los servicios a los socios y a la sociedad” (Monzón, 1987). 

Desde entonces, diversas organizaciones representativas de las cooperativas, mutuas y mutualidades, asociaciones y fundaciones a nivel europeo, así como de las plataformas generales de la economía social como CMEF, primero, y Social Economy Europe en la actualidad, han abrazado estas señas de identidad. Esta última aprobó en su Carta de principios de la economía social¹ , con unos siguientes principios definitorios de la economía social, claramente posicionados en la tradición indicada.

Desde la perspectiva científica, la entidad científica CIRIEC²  estableció, de modo paralelo a los movimientos sociales anteriormente relatados y siguiendo la tradición de la literatura científica sobre cooperativas y economía social, una definición operativa y armonizada a nivel internacional, basada en criterios estructurales caracterizadores del comportamiento de los actores de la economía social. Esta definición es doblemente coherente, por un lado, con los citados principios específicos de la economía social emanados de los movimientos sociales, lo que la hace acreedora del consenso político, y por otro lado, con las exigencias de los sistemas estadísticos de contabilidad nacional.

La definición propuesta por CIRIEC (Barea y Monzón, 1992) contempla como criterios estructurales de comportamiento de las entidades de la economía social los siguientes:
1)    Son entidades privadas;
2)    Están organizadas formalmente, o sea, tienen personalidad jurídica propia;
3)    Gozan de autonomía de decisión;
4)    Sus socios tienen libertad de adhesión, o sea, que no son de afiliación obligatoria;
5)    La eventual distribución de beneficios o excedentes entre los socios usuarios, si se produce, no es en proporción al capital o a las cotizaciones aportadas por los mismos, sino de acuerdo con la actividad que estos realizan con la entidad;
6)    Ejercen una actividad económica en sí misma considerada para satisfacer necesidades de personas, hogares o familias. Trabajan con capital y otros recursos no monetarios, no para el capital;
7)    Son organizaciones con decisión democrática.
Su núcleo identitario común es, pues, es el de ser entidades microeconómicas de carácter libre y voluntario, con procesos de decisión democrática, creadas desde la sociedad civil para satisfacer y resolver necesidades de individuos, hogares o familias y no para retribuir o dar cobertura a inversores o empresas capitalistas.

De acuerdo con los anteriores criterios estructurales, delimita un ámbito de la economía social integrado por dos grandes agrupaciones de entidades y empresas de sectores institucionales de la Contabilidad Nacional:
1) El Subsector de mercado de la economía social: Conjunto de empresas privadas organizadas formalmente, con autonomía de decisión y libertad de adhesión, creadas para satisfacer las necesidades de sus socios a través del mercado, produciendo bienes y servicios, asegurando o financiando y en las que la eventual distribución entre los socios de beneficios o excedentes así como la toma de decisiones, no están ligados directamente con el capital o cotizaciones aportados por cada socio, correspondiendo un voto a cada uno de ellos. Este subsector está integrado principalmente por cooperativas, mutualidades y otras empresas sociales que obtienen sus recursos mayoritariamente de la venta de bienes y servicios en el mercado
2) El Subsector de productores no de mercado de la economía social: La Economía Social también incluye a las instituciones sin fines de lucro que son productores no de mercado privados, no controlados por las administraciones públicas y que producen servicios no destinados a la venta para determinados grupos de hogares, procediendo sus recursos principales de contribuciones voluntarias efectuadas por los hogares en su calidad de consumidores, de pagos de las administraciones públicas y de rentas de la propiedad. Este subsector estaría integrado principalmente por las instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares y, en gran parte, lo que se ha denominado el nonprofit sector (tercer sector no lucrativo).

Desde una perspectiva analítica, las definiciones emanadas del ámbito socioeconómico como del mundo académico son coherentes y dan respuesta a los tres criterios caracterizadores de las formas organizativas microeconómicas, a saber: (1) la finalidad de la organización, (2) el modo de decisión y (3) el modo de distribución de los beneficios y excedentes que genera esta entidad. Y estas definiciones dan respuesta  constructiva a estos tres criterios: (1) son empresas cuya finalidad es dar servicio a los socios y/o a la colectividad, (2) su proceso decisional asegura la participación equilibrada (democrática) de socios y otros agentes interesados en el objeto de la entidad sin que en ningún caso prevalezca el interés del inversor capitalista, y finalmente (3) su modo de distribución de beneficios y excedentes, si los hay, prioriza a las personas y al factor trabajo frente al capital.

Estos tres microfundamentos de las entidades de la economía social determinan unos roles propios en el sistema económico, bien diferentes a los de las empresas capitalistas, que les hacen acreedores de valores añadidos e impactos sociales y económicos específicos (Chaves y Monzón, 2012). 
 

El concepto de economía social no se ha recluido al ámbito académico ni es una práctica únicamente social, al contrario, se ha institucionalizado en las últimas décadas en el corpus jurídico de numerosos países y en la ‘regulación soft’ de ámbito internacional. 

A nivel nacional, en la actualidad son ya cerca de una decena los países de la Unión Europea que cuentan con leyes nacionales e incluso regionales de economía social (por ejemplo, en España las regiones de Galicia, Canarias y La Rioja y en Bélgica en sus tres regiones). España ha sido el primer país en aprobar una Ley de economía social en Europa (Ley 3/2011 de economía social), la cual ha sido seguida de Grecia (2011, 2016), Francia (2014), Portugal (2013, Rumanía (2015), Eslovaquia (2018), Bulgaria (2018) y Polonia (2022), países que cuentan ya con su propia legislación en la materia. También cuentan con sus respectivas leyes países de Asia, América y África, como Corea, México, Ecuador, Colombia y Túnez. Esta nueva ola es reveladora del doble proceso internacional de reconocimiento  y de institucionalización de este sector socioeconómico (Bouchard y Chaves, 2022³ ; EISMEA/EURICSE-CIRIEC, 2024). 

Además de la regulación de carácter nacional, múltiples instituciones internacionales como las instituciones europeas, la Asamblea de Naciones Unidas, la OIT, la OCDE, la CEPAL y el WEF y han aprobado dictámenes, resoluciones y documentos programáticos relativas a la economía social. En Europa, además de la actividad de incidencia desarrollada desde los años ochenta por el Comité Económico y Social Europeo y el Comité de las Regiones, el Parlamento Europeo también ha sido especialmente activo. Un hito fue cuando este último aprobó en el año 2009 el Informe ‘Toia’ de la economía social. Este informe sentaba las bases para las instituciones europeas del concepto y ámbito de la economía social al establecer que “La economía social integra a cooperativas, mutualidades, fundaciones y otras empresas y organizaciones que comparten las características identitarias de la economía social”. 

Dos años que transformaron el mundo: En menos de 2 años, entre el 9.12.2021 y el 27.11.2023 instituciones internacionales de primer orden aprueban regulaciones que institucionalizan definitivamente el concepto y ámbito de la economía social en la senda marcada por las trayectorias marcadas por los movimientos sociales, el ámbito académico y los países pioneros en legislar. 

Cinco documentos son a destacar, dado que cuentan con el apoyo de gobiernos o instituciones internacionales y no son únicamente informes técnicos. Son los siguientes:

Documentos de ámbito europeo:
1) El Plan de Acción Europeo de la Economía Social de la Comisión Europea⁴ (9.12.2021) COM/2021/778 final,
2) La Recomendación del Consejo de la Unión Europea (C/2023/1344), sobre el desarrollo de condiciones marco para la economía social⁵ (27.11.2023),

Documentos de ámbito internacional:
3) Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre “Promoción de la economía social y solidaria para el desarrollo sostenible”⁶ (18.4.2023) (A/77/L60)) 
4) La Organización Internacional del Trabajo (OIT) que establece en su Resolución relativa al trabajo decente y la economía social y solidaria, 16.6.2022.⁷

Documento del ámbito de los países de la OCDE:
5) La Recomendación del Consejo de la OCDE sobre la “Economía Social y Solidaria y la Innovación Social” (10.6.2022)⁸

El ámbito socioeconómico situado entre la economía pública y el sector de empresas privadas capitalistas, ha sido concebido en las últimas décadas con una pluralidad de conceptos y paradigmas que reflejan distintas formas de entender y organizar las actividades económicas con fines sociales, siendo una de ellas, la principal la de la economía social, abordada en este artículo. En el artículo de Chaves y Monzón (2018) se analiza esta pluralidad de nociones y paradigmas existentes, como son las empresas sociales, las empresas socialmente responsables, la economía solidaria y el sector no lucrativo, entre otros, confrontados todos ellos con el de la economía social. En concreto, en ese artículo se destaca cómo esa diversidad conceptual se desarrolló en dos grandes olas: la primera desde los años setenta, marcada por la aparición de la concepción de la economía social en Europa y del sector no lucrativo en Estados Unidos. En el siglo XXI emerge una segunda ola de conceptos como son las empresas sociales, B-Corp y la economía solidaria. Cada uno de estos paradigmas—economía social, sector no lucrativo, economía solidaria, y emprendimiento social—posee su propio marco conceptual, lenguaje y apoyo sociopolítico, lo que ha generado tensiones y conflictos entre ellos. Los avances en la institucionalización del concepto y ámbito de la economía social a nivel internacional están conduciendo a una cierta convergencia en torno a esta concepción, sin embargo, las tensiones y conflictos permanecen latentes. 

Un campo donde esas concepciones divergentes se han enfrentado ha sido el de la elaboración de estadísticas. En efecto, un ejemplo ha sido la aplicación de referentes contrapuestos sobre este ámbito, como son el Manual de CIRIEC y el Manual de elaboración de cuentas satélite de la ‘economía social’ de UN (Handbook de United Nations, de 2018). Este segundo cuenta con una concepción bien diferente a la presentada en el apartado primero de este artículo, respaldada por movimientos sociales, ámbito académico y nueva ola de regulaciones nacionales e internacionales. Esta confrontación se ha hecho patente en la elaboración del informe para la Comisión Europea de EISMEA/ EURICSE-CIRIEC (2024), en el que se ha implicado a gobiernos e institutos nacionales de estadística de diversos países de la Unión.

Una vez delimitado de modo genérico el concepto y ámbito de la economía social a partir de criterios estructurales, procede su aplicación a la realidad jurídica y estructural de cada país. España cuenta con una Ley al respecto, como ya se ha indicado, que recoge estos criterios en forma de principios y valores así como detalla una serie de formas jurídicas que han de ser contempladas como integrantes de la economía social.

No obstante lo anterior, a efectos estadísticos (como también a efectos de establecer políticas públicas), se requiere un mayor nivel de precisión de ciertas actividades, las cuales son susceptibles de ser incluidas (inside scope) o excluidas (outside scope) del ámbito de la economía social. La revisión de la Ley 3/2011 de economía social con el Anteproyecto de ley integral de impulso de la economía social⁹ del Ministerio de Trabajo y Economía Social (en adelante “El Anteproyecto”) ha abierto la ventana a una modificación del ámbito.
Destacaremos a continuación las principales áreas de frontera del ámbito de la economía social en España desde la perspectiva estadística.

1.    Otras formas de empresas 
La Ley 5/2011 contempla en su Art. 5.2. la posibilidad de incluir otras entidades que realicen actividad económica y empresarial dentro del ámbito de la economía social, además de las contempladas en el Art.5.1. Consideramos las siguientes como de especial atención al respecto.

1.1. Empresas sociales. 
El Anteproyecto citado propone ampliar el ámbito del Art.5.1. incluyendo a las « empresas sociales », alineándose con la regulación europea, en especial, con el Plan de Plan de Acción Europeo para la Economía Social de la Comisión y la Recomendación del Consejo de la Unión. Asimismo, indica como requisitos para ser consideradas empresas sociales, los siguientes : (1) ser entidades de la economía social (especialmente centros especiales de empleo de iniciativa social, las empresas de inserción y las cooperativas de iniciativa social) u otras formas jurídicas promovidas, constituidas o participadas íntegramente por entidades de la economía social; o bien, en hasta un 25% por administraciones públicas u otras entidades de titularidad pública, (2) Que contemplen con precisión y concreción en sus Estatutos los fines sociales y/o medioambientales perseguidos por el desarrollo efectivo de sus actividades económicas, cuando se desarrollen en al menos uno de una serie de ámbitos de interés general (integración sociolaboral y el desarrollo local), y (3) Que apliquen, al menos, el 95 % de los resultados, excedentes o beneficios obtenidos en cada ejercicio al desarrollo de los fines sociales recogidos en sus Estatutos.
Esta concepción de las empresas sociales se aleja de las concepciones anglosajonas del emprendimiento social, B-corp y empresas de impacto, las cuales no cumplirían los anteriores criterios y por tanto quedarían excluidas del ámbito de la economía social. 

1.2. Los Centros Especiales de Empleo. 
La Ley 5/2011 incluye a todos los CEE como pertenecientes al ámbito de la economía social. El Anteproyecto citado contempla modificar el Art. 5.1. incluyendo únicamente en el ámbito de la economía social a los centros especiales de empleo de iniciativa social.

1.3. Las empresas participadas por los trabajadores
Este tipo de empresas están contempladas como pertenecientes al ámbito de la economía social en legislaciones como la uruguaya. En España, la Ley 5/2011 incluye explícitamente en su ámbito a las sociedades laborales, reguladas por la Ley 44/2015, de 14 de octubre, de Sociedades Laborales y Participadas. No obstante, esta última norma también contempla otra modalidad de empresa que da protagonismo a la participación de los trabajadores en las decisiones, en el capital y en los beneficios: las sociedades participadas. A pesar de algunos avances recientes impulsados desde iniciativas sociales, del propio Ministerio de Trabajo y Economía Social y de ciertos gobiernos regionales como el vasco y el valenciano, no se ha producido aún mayor concreción que permita valorar su inclusión en el ámbito de la economía social. 

1.4.    Las Sociedades mercantiles propiedad de empresas de la economía social.
Existe controversia en relación a la inclusión de este tipo de empresas en el ámbito de la economía social. Las entidades productoras de estadísticas de economía social de Francia y de Portugal, por ejemplo, excluyen estas sociedades mercantiles, en cambio sí se incluyen desde la metodología del Manual de cuentas satélite de CIRIEC.

2.    Las mutuas y mutualidades de previsión social 
Se excluyen del ámbito de la economía social a las mutuas de afiliación obligatoria a la Seguridad Social.

3.    Fundaciones, asociaciones y tercer sector.

3.1. Fundaciones
Si bien la Ley 5/2011 incluye a todas las fundaciones dentro del ámbito de la economía social. El Anteproyecto mantiene esta misma línea. Sin embargo, cabe identificar tres grupos de fundaciones que presentan características impropias de entidades de la economía social: (1) aquellas cuya actividad principal se ejerce al servicio de empresas privadas de carácter capitalista, y se hallan mayoritariamente financiadas y controladas por estas empresas privadas, (2) aquellas cuya actividad principal se ejerce principalmente al servicio de las administraciones públicas, y se hallan mayoritariamente financiadas y controladas por las administraciones públicas y (3) las fundaciones productoras de mercado. Desde CIRIEC-España, entendemos que procede una revisión de la Ley 5/2011 en la dirección de excluir del ámbito de la economía social a las fundaciones impropias de este sector, en concreto, las tres citadas.

3.2. Asociaciones y fundaciones con actividad económica
La definición de contar ‘con actividad económica’ no se halla explícita en la Ley 5/2011. A efectos operativos, se considera que cuentan con actividad económica si 1) emplea a al menos 1 trabajador, por lo que la entidad estará de alta en la Seguridad Social y dispondrá de un número de inscripción, y/o 2) realiza la declaración del Impuesto de sociedades. 
Se excluyen del ámbito de la economía social las asociaciones sin actividad económica, asimilables a de ‘reducida dimensión’, incluyéndose en el Sector de Hogares, como se ha indicado anteriormente. 
Se incluyen las asociaciones y fundaciones que están completa o mayoritariamente financiadas y controladas por otras empresas y entidades de economía social, concretamente, las Asociaciones de empresas privadas de carácter capitalista.
Se incluyen las asociaciones declaradas de utilidad pública.

3.3. Tercer sector de acción social.
Se incluyen en el ámbito de la economía social en tanto que son ISFLSH cuyo fin es la protección social mediante la provisión de bienes y servicios sociales o de mérito, a título gratuito o por un monto testimonial, a personas o grupos de personas vulnerables, socialmente excluidas o susceptibles de serlo. Jurídicamente se incluyen en el ámbito marcado por la Ley 5/2011 en tanto que son fundaciones y asociaciones con actividad económica así como entidades singulares.

4. Voluntariado (trabajo voluntario)
Se excluye el trabajo voluntario desarrollado en el marco de las empresas privadas de carácter capitalista, denominado voluntariado corporativo.
Se excluye el trabajo voluntario desarrollado en el marco de las administraciones públicas y universidades.
Se excluye el trabajo voluntario desarrollado de modo interpersonal directo, sin mediación de ninguna entidad o empresa, denominado voluntariado informal.
Se incluye el trabajo voluntario desarrollado en el marco de empresas y entidades de economía social, en particular de asociaciones y fundaciones.

5. Sector de Hogares. 
Se excluyen del ámbito de la economía social los empresarios agricultores individuales, las microempresas sin personalidad jurídica, así como las Instituciones sin fines de lucro (ISFL) de reducido tamaño, todos los cuales se incluyen en el Sector institucional de Hogares.

6. Formas emergentes de economía social existentes en las nuevas leyes y proyectos de leyes de economía social de carácter autonómico.
Varias CCAA han aprobado estos últimos años sus respectivas Leyes de economía social, incluyendo nuevas formas de entidades en el ámbito de la economía social : en Galicia¹⁰, las comunidades y mancomunidades de montes vecinales en mano común, en Aragón¹¹, las plataformas tecnológicas creadas por autónomos y otras entidades de economía social, cooperativas, en Canarias¹², las sociedades laborales y participadas, en La Rioja¹³, las comunidades ciudadanas de energía o las comunidades de energías renovables, y en Cataluña¹⁴, las “economies comunitàries que consisteixin en l’agrupació de persones sense personalitat jurídica propia”.

6.1. Unión Europea

Desde el año 2000, CIRIEC International viene realizando informes sobre la situación de la economía social en la Unión Europea (véase detalle de los informes en Monzón y Chaves, 2019). El objetivo principal de estos informes ha sido ofrecer datos macroeconómicos relativos a la economía social en cada uno de los países de la Unión Europea, diferenciando tres grupos de organizaciones: cooperativas y formas similares aceptadas; mutuas y formas similares; y, por último, asociaciones, fundaciones y otras formas afines sin ánimo de lucro. En el año 2015, año en que el Reino Unido formaba parte de la Unión Europea, se estimaba que la economía social europea movilizaba una fuerza de trabajo superior a 19.1 millones de personas, si se computan además del empleo remunerado a los voluntarios equivalentes a tiempo completo. Integraba una fuerza social de más de 232 millones de miembros de cooperativas, mutualidades y entidades similares y un tejido empresarial y organizativo formado por más de 2.8 millones de entidades y empresas (Monzón y Chaves, 2017). El cuadro 2 ofrece más detalle sobre empleos de la economía social basados en ese informe. Es de destacar que este informe fue utilizado, entre otros, por la Comisión Europea para su Plan de acción europeo para la economía social. 

En su Plan de acción europeo para la economía social, la Comisión Europea estableció como un eje de actuación el desarrollo de nuevas estadísticas sobre este ámbito. El Informe fue desarrollado conjuntamente por las entidades EURICSE y CIRIEC promovidas por la agencia EISMEA de la Comisión Europea. Los resultados están disponibles en el Social Economy Gateway de la Comisión, siendo citados aquí como EISMEA/EURICSE-CIRIEC (2024). El Cuadro 1 sintetiza las magnitudes principales de empleo obtenidas por cada país, destacando que no se consiguió información de Malta y Países Bajos.

De acuerdo con el Informe EISMEA/EURICSE-CIRIEC (2024), en el año 2021, más de 6,2 millones de personas (54,1%) están empleadas en asociaciones y 3,3 millones (29%) en cooperativas. Entre las asociaciones destacan los 2 millones de personas empleadas en asociaciones francesas y alemanas y más de 555 000 en asociaciones belgas. Entre los empleados en cooperativas, destacan los de las cooperativas italianas (más de 1,1 millones), un millón en las alemanas, casi 379 000 en las españolas y 320 000 en las francesas.

Este mismo Informe europeo apenas ofrece datos sobre la naturaleza del empleo, diferenciando sexo y tipo de empleo (parcial – tiempo completo). Ofrece información del empleo femenino con más detalle únicamente para 9 países. Los datos disponibles revelan una importante presencia de empleo femenino, gran parte explicable por la presencia de las entidades de economía social en sectores de actividad económica feminizados como la sanidad, la educación y la asistencia social, sectores donde las asociaciones y fundaciones son las formas mayoritarias de economía social. En Bélgica y Portugal, las mujeres representan más del 70% del empleo en la economía social, mientras que en Francia, Polonia e Italia representan respectivamente el 66%, 60% y 46%. Los datos revelan, sin embargo, una importante variación por países y por sectores de actividad económica. En cuanto al trabajo a tiempo parcial, los datos se limitan a 10 países y a determinados tipos de organizaciones impidiendo generalizar para toda la economía social europea. En los dos países que disponen de datos sobre el trabajo a tiempo parcial, a saber, Francia e Italia, existe una variación sustancial en la proporción del tiempo parcial en relación con el empleo total. Concretamente, en el caso de las asociaciones, los porcentajes son del 37% y el 45%, mientras que, en el caso de las cooperativas, las cifras correspondientes son del 12% y el 49%.

6.2. España

El Cuadro 3 ofrece algunas de las principales magnitudes de la economía social española, correspondientes al año 2019. El importe neto de la cifra de negocios corresponde a las ventas y prestaciones de servicios, una vez deducidos descuentos, bonificaciones, IVA y otros impuestos repercutibles a los clientes.

El Cuadro 4 establece los índices y valores absolutos de participación femenina en el empleo de las cooperativas, si bien solo para aquellas que están inscritas en el Régimen General de la Seguridad Social.

Los Cuadros 5 y 6 ofrecen información estadística del empleo según sexo en las sociedades laborales y del empleo según tengan discapacidad en los centros especiales de empleo.

En cuanto al Tercer Sector de Acción Social los datos disponibles más recientes y consistentes provienen de los informes elaborados por la Plataforma de ONG de Acción Social, el último de ellos publicado en 2022. El empleo asalariado asciende a 528.220 personas, el 77,8% correspondiente a mujeres. De este empleo, el 52,3% corresponde a contratos laborales de 20 o menos horas semanales de dedicación. El mencionado informe subraya la importancia del voluntariado, 1.091.686 personas (66,3% mujeres), con distintos niveles de compromiso horario, que equivalen a un trabajo a tiempo completo de 187.393 personas, lo que expresado en términos monetarios con base en el salario mínimo interprofesional corresponde a 2.531,68 millones de euros.

En los últimos años se han producido importantes avances en Europa y en España para aprehender las principales magnitudes estadísticas del ámbito de la economía social, especialmente las relativas al empleo. 

Una primera línea de avance se ha producido en la delimitación del ámbito de aprehensión estadístico, la economía social. Precisar, de modo consensuado e institucionalizado, qué entidades y actividades pertenecen a ese ámbito, ‘están bajo el radar estadístico’, y cuáles están fuera constituye una cuestión metodológica crucial. Es ésta una cuestión en la que se han dado pasos fundamentales, especialmente en el ámbito de la institucionalización internacional. Sin embargo, continúan existiendo fronteras borrosas.  Por un lado, permanecen concepciones afines y a veces rivales a la de la economía social que dificultan en ciertos ámbitos el desarrollo de avances estadísticos. Por otro lado, existen dificultades en la precisión de la inclusión/exclusión en la economía social de formas concretas ubicadas entre los ámbitos de la economía pública, la economía social y la economía de las empresas privadas de carácter capitalista, en países que, como España, ya cuentan con leyes de economía social. Se han identificado los principales ámbitos y formas empresariales situadas precisamente en esa frontera para el caso de España.

Una segunda línea de avance ha sido el desarrollo de estudios empíricos que han cuantificado de modo general la economía social en Europa, en España, y también en muchos otros países del mundo. Los estudios realizados por CIRIEC-International y CIRIEC-España han sido claves.

La economía social europea proporcionaba empleo remunerado en el año 2021 a 11,5 millones de personas. De ellas, 1,3 millones estaban empleadas en España.

En Europa, la mayor parte del empleo en la economía social se concentra en asociaciones y fundaciones. En menor medida en las cooperativas. La economía social se caracteriza por una gran presencia de empleo femenino, dada la preponderancia de las entidades de economía social en sectores de actividad económica feminizados como la sanidad, la educación y la asistencia social, sectores donde las asociaciones y fundaciones son las formas mayoritarias de economía social. Sin embargo, en España, las cooperativas y sociedades laborales, formas empresariales con mayor presencia en la industria, la construcción y la agricultura, revelan un empleo por sexos más equilibrado. También se constata que la existencia de empresas sociales especialmente orientadas a la inserción de colectivos vulnerables, como son las personas con discapacidad, favorece el empleo de estos colectivos. Es el caso de los centros especiales de empleo, cuyos trabajadores son en un 85,7% personas con discapacidad.

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