Las Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo han sufrido una evolución dentro de las políticas activas de empleo en España, desde los años 80 hasta los actuales programas experienciales TándEM del SEPE. Estos programas surgieron para combatir el desempleo juvenil y recuperar oficios tradicionales mediante la formación en alternancia con la práctica profesional. En la década de los 90 se amplió su alcance a colectivos vulnerables y adultos desempleados, consolidándose como herramientas clave para la inserción laboral. Con la descentralización de competencias en el inicio del siglo XXI, las comunidades autónomas adaptaron sus programas a las necesidades locales. La crisis de 2008 redujo recursos, pero gracias al nuevo impulso normativo al desarrollo de las Políticas Activas (Ley 3/2023, de Empleo; Real Decreto 818/2021; Orden TES/1077/2023), se ha modernizado este modelo incluyendo la formación en digitalización, sostenibilidad y atención a nuevos colectivos. Los programas experienciales TándEM, se esperan cofinanciar con el Fondo Social Europeo Plus, refuerzan la empleabilidad juvenil, combinando formación certificada y experiencia profesional.

Palabras clave: inserción laboral, Sistema Nacional de Garantía Juvenil, Aprender trabajando, trabajar aprendiendo, programas experienciales TándEM.

España, años 80: enormes esperanzas y no pocas incertidumbres. La administración luchaba por robustecerse y dar auténticos servicios a la ciudadanía, con la ampliación de las políticas públicas que una sociedad civil más y más democrática demandaba para prosperar. Se reconocía por el gobierno estatal y por los jóvenes y pujantes gobiernos autonómicos la necesidad de avanzar en la convergencia con las entonces Comunidades Europeas. La transformación de la Economía estaba en marcha, no sin pérdida de empleos en los sectores reconvertidos. Los municipios tomaban más en cuenta que nunca sus situaciones particulares de sus vecinas y vecinos y, sobre todo, sus carencias. La tasa de desempleo juvenil crecía y así también la urgencia de generar mecanismos de inserción laboral efectivos más colectivos vulnerables.

En ese contexto vieron la luz varias políticas activas de empleo del Instituto Nacional de Empleo (INEM), entre ellas, los programas de Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo.

A veces la chispa que inicia un programa puede parecer hasta casual: era el año 1985 cuando la chispa prendió tras diversas reuniones entre el entonces Ministro de Trabajo Joaquín Almunia, el alcalde de Valladolid, Tomás Rodríguez Bolaños y José María Pérez “Peridis”, dibujante e impulsor de un campo de trabajo para voluntariado juvenil en tierras palentinas. Dicho campo era promovido por la Asociación de Amigos del Monasterio, iniciativa popular para rehabilitar el Monasterio de Santa María la Real, en Aguilar de Campoo que sufría un grave deterioro. Esta experiencia fue tan exitosa que sirvió como modelo para establecer una primera subvención del INEM. 

Reconociendo el potencial de éxito de la experiencia aislada, se decidió escalarla pronto, solamente un año después, ya con un nombre: el programa de Escuelas Taller. Así, el Consejo de Ministros de 21 de febrero de 1986 y de 13 de junio de 1986 aprobó fondos para financiar proyectos por toda España. Los medios de dotación no fueron pequeños, a lo que ayudaron sin duda las cuantías cofinanciadas con fondos europeos, arrojando en los dos primeros años de vida estos datos de ejecución: 

• 5,493 millones de pesetas (equivalente a 33 millones de euros)
• 102 ET con financiación aprobadas
• 5.000 personas jóvenes participando
• 2,000 docentes en su formación
• Proyectos que eran auténticas obras de intervención y recuperación patrimonial 

Dos años después, se publicó la Orden de 29 de marzo de 1988 por la que se regulan los programas de Escuelas-Taller y Casas de Oficios.

De este modo, el programa de Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo se configuró como un programa público que combinaba por primera vez, empleo y formación en un entorno productivo real, con el objeto de mejorar la empleabilidad de las personas en desempleo y no ocupadas, mediante la realización de proyectos de interés general y social en cualquier ámbito de actividad, en los que las personas alumnas trabajadoras desempeñasen un trabajo efectivo que les permitiera adquirir formación profesional para el empleo, relacionada directamente con dicho trabajo, y experiencia profesional, de forma que procurase su cualificación profesional y favoreciese su inserción laboral.

Como ya hemos mencionado, en parte, en aquel momento confluyeron tres circunstancias que determinaron en buena medida las características principales de las Escuelas Taller y Casas de Oficios: por una parte el alto porcentaje de jóvenes desempleados (suponía un 48% del total de personas con edades comprendidas entre 16 y 24 años), por otra, la situación de abandono del patrimonio construido de carácter histórico y por último, la pérdida cultural considerable de determinados oficios relacionados con la artesanía o con las técnicas constructivas tradicionales que estaban desapareciendo. 

Este contexto fue lo que impulsó a consolidar el programa, como forma de dotar al sistema de formación ocupacional que venía desarrollándose desde el Ministerio de Trabajo, a través del Instituto Nacional de Empleo (INEM), de un nuevo instrumento que se basara fundamentalmente en el aprendizaje de un oficio mediante la alternancia de la formación teórica y la práctica profesional realizada en una obra real que tuviese una utilidad pública o interés social.

Se determinó que el alumnado serían jóvenes entre 16 y 25 años, en desempleo y sin cualificación profesional, que en muchos casos tampoco habían llegado a completar sus estudios reglados obligatorios. Su inclusión en un proyecto de escuela taller o casa de oficios les permitía aprender un oficio, iniciar su vida laboral mediante un contrato de formación en alternancia con el empleo (lo que garantizaba recibir un salario) y tener la oportunidad de obtener la titulación académica mínima del sistema educativo. También se tomó la decisión de que las entidades promotoras fueran exclusivamente entidades locales, organismos o entes públicos de la Administración del Estado o entidades privadas sin ánimo de lucro y que las actuaciones se desarrollaran sobre bienes públicos. Como ya se apuntó, la financiación del programa correría a cargo del INEM y del Fondo Social Europeo, dado que España estaba en proceso de adhesión inminente a las entonces Comunidades Europeas, acontecido en 1986.

De esta manera y bajo el lema “Aprender trabajando, trabajar aprendiendo”, empezaron a abordarse intervenciones significativas en el patrimonio cultural y natural de España: castillos, palacios (incluso del Patrimonio nacional, Reales), catedrales, conventos, monasterios, arquitecturas populares e industriales, parques naturales, jardines históricos o excavaciones en sitios arqueológicos. 

Tras los primeros trece años de singladura y experiencia positiva del Programa de Escuelas Taller y Casas de Oficios con personas jóvenes sin empleo con especiales dificultades de inserción laboral e integración social, se concluyó que su metodología y líneas fundamentales podrían ser aplicables también para personas adultas con similares dificultades de inserción y reinserción laboral, aunque adaptando determinados aspectos más específicos a las características concretas y particulares del nuevo colectivo. Fue así que en el Plan Nacional de Acción para el Empleo del Reino de España de 1998 se incluyó como objetivo la creación del Programa de Talleres de Empleo dirigido a personas adultas que, tras la publicación de la correspondiente normativa que lo regulaba, comenzó su funcionamiento a mediados de 1999.

Las primeras Escuelas-Taller comenzaron a funcionar en 1985, cuando Ayuntamientos, Comunidades Autónomas y otras instituciones proporcionaron el soporte para la rehabilitación patrimonial y para la realización del trabajo de obra del alumnado.

Para la cuantificación, distribución y administración de los fondos del programa se utilizaron módulos o unidades de actuación, variables en cada escuela. Cada proyecto estaba formado por 25 alumnos y 8 profesores (ratio docente que permitía tutorizar intensivamente a cada persona alumna); de esos 8 docentes, cuatro personas eran tituladas como profesores teóricos y cuatro personas instructoras de oficios o monitoras prácticos, seleccionadas todas entre personas desempleadas de la localidad y de la comarca. Dentro del espíritu del programa, los formadores teóricos dedicaban media jornada al aprendizaje práctico que enriquece notablemente su propia formación profesional. Complementaba el equipo de cada Escuela-Taller una persona encargada de la dirección de la acción formativa, una encargada de la tutoría de los estudios y otra de las prácticas. El perfil mayoritario era: hombre joven de 16-20 años (la educación básica obligatoria llegaba a los 14 años).

Los años 90 trajeron novedades significativas: 

• La puesta en marcha del Programa ET/CO en Iberoamérica a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
• La creación de las Unidades de Promoción y Desarrollo como instrumentos técnicos de asesoramiento, investigación y evaluación
• La ampliación del abanico de especialidades formativas, incluyendo la prestación de servicios como la ayuda a domicilio para ancianos, enfermos y personas con discapacidad

Pronto se observó que estos proyectos tenían un potencial enorme como motores para el desarrollo local en zonas rurales o urbanas deprimidas con importantes colectivos en riesgo de exclusión social. Se vieron como instrumentos flexibles, dotados económicamente y gestionados por equipos docentes cualificados que conseguían que las personas participantes adquirieran las habilidades sociales y laborales necesarias para desempeñar un trabajo, aprender un oficio y se hicieran con una titulación académica mínima exigible para ser contratados por cuenta ajena, incorporándose así a la vida laboral.

La vertiente más social de estos programas se hizo más patente con la puesta en marcha en 1999 del Programa de Talleres de Empleo (TE), que partía de esa experiencia positiva con jóvenes desempleados con especiales dificultades de inserción laboral e integración social. Se pensó que su metodología y líneas fundamentales podrían ser aplicables para desempleados mayores de 25 años carentes de cualificación profesional, con dificultades de inserción o con necesidad de realizar reciclaje profesional, aunque adaptando determinados aspectos a las características de estos colectivos. Por ello, la población objetivo de estas acciones formativas se amplió significativamente, centrándose de manera especial en los colectivos identificados por los Planes Nacionales de Acción para el Empleo del Reino de España, entre los que se encontraban personas mayores de 45 años, parados de larga duración, personas con discapacidad, minorías étnicas, víctimas de violencia de género, inmigrantes, personas con drogodependencias en proceso de rehabilitación, exreclusos y reclusos en tercer grado, entre ellos. 

A partir de los años 2000 y con el avance de la descentralización administrativa, la gestión de estos programas es transferida a las comunidades autónomas, que comenzaron a adaptar sus contenidos y modalidades a las necesidades específicas de sus territorios, finalizando este proceso en 2009.

A pesar de la descentralización, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha continuado convocando directamente programas de Escuelas Taller y Talleres de Empleo, principalmente dirigidos a organismos públicos estatales. Estas convocatorias estatales buscan complementar la oferta autonómica, garantizar la equidad territorial y dar apoyo a colectivos específicos, actuando bajo el marco normativo y financiero del Estado y de los Fondos Europeos, especialmente el Fondo Social Europeo Plus.

La gran recesión económica iniciada en 2008 tuvo un fuerte impacto en el mercado laboral español, lo que provocó una reorientación de las políticas de empleo. Se produjo una reducción del presupuesto destinado a estos programas en la Administración General del Estado vinculado tanto a la necesidad de ajustar el gasto público ante la crisis como a la redistribución de competencias y recursos hacia las comunidades autónomas.

El presupuesto destinado a Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo muestra una tendencia claramente ascendente desde su creación en 1985 (7,75 miles de euros) hasta alcanzar un máximo histórico en 2023 con 662,45 millones de euros.

Los primeros años (1985–1990) reflejan una expansión inicial muy rápida, vinculada al éxito del modelo y al apoyo del Fondo Social Europeo tras la adhesión de España a la CEE. Durante los años 90, el crecimiento se estabiliza, coincidiendo con la consolidación del programa y su extensión territorial.

La gran recesión de 2008 marca un punto de inflexión en la financiación de estos proyectos durante los siguientes años y a partir de 2012, se observa una reducción drástica de los fondos, relacionada con los ajustes presupuestarios y la descentralización de competencias hacia las comunidades autónomas.

Desde 2021 se aprecia una recuperación notable, ligada al impulso por parte del SEPE de transformar estos proyectos en los actuales programas experienciales TándEM regulados en el Real Decreto 818/2021, de 28 de septiembre, así como a la cofinanciación de los mismos por el Fondo Social Europeo Plus, para proyectos dirigidos a menores de 30 años incluidos en el Sistema de Garantía Juvenil.

La evolución de la participación refleja fluctuaciones significativas, con picos de alta participación (superiores a 22.000 personas) en los periodos de expansión económica y reducción en los años posteriores a la crisis financiera.
El descenso sostenido en la década de 2010 coincide con la reducción presupuestaria y el cambio competencial hacia las comunidades autónomas, lo que dispersó la gestión y dificultó la comparación agregada.

En los años más recientes, los datos sugieren una recuperación progresiva, en paralelo al aumento de financiación y al impulso de los programas experienciales TándEM.

En cuanto al género, el 43% de las personas participantes son mujeres, un dato relevante que indica una mejora en la incorporación femenina en programas tradicionalmente orientados a oficios masculinizados, aunque aún persiste una brecha de participación del 14% respecto a los hombres.

En la última década, los programas de formación y empleo han adquirido mayor protagonismo debido a la incorporación de novedades significativas, cuyo objetivo fundamental es diseñar programas específicos e itinerarios individualizados para facilitar el acceso y mantenimiento de ciertos colectivos vulnerables en el mercado laboral.
Novedades más significativas:

• la estrecha vinculación con los certificados de profesionalidad, facilitando así la acreditación oficial de las competencias adquiridas
• la promoción de la formación digital, verde y sostenible
• la integración de estos programas dentro del Catálogo de Especialidades Formativas del SEPE
• nuevos colectivos de atención prioritaria para las políticas activas de empleo, entre otros, jóvenes con baja cualificación, personas en desempleo de larga duración, personas con discapacidad, personas LGTBI (especialmente trans), mayores de 45 años, migrantes, mujeres víctimas de violencia de género y personas en situación de exclusión social

La nueva normativa, entre la que destaca la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo, el Real 818/2021, de 28 de septiembre, por el que se regulan los programas comunes de activación para el empleo del Sistema Nacional de Empleo y la Orden TES/1077/2023, de 28 de septiembre, por la que se establecen, en el ámbito competencial del Servicio Público de Empleo Estatal, las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a la financiación de programas de políticas activas de empleo, sienta las bases para la ejecución de los Programas Experienciales TándEM, finalizando así con las Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo.

Tras las subidas del SMI de estos últimos años, que ha afectado los costes de estos proyectos, se han actualizado los módulos a subvencionar con la publicación de la Orden TES/234/2025, que modifica las cuantías establecidas en la Orden 1077/2023, de 28 de septiembre, y se ha bajado la cuantía subvencionable para el alumnado por parte del SEPE, estableciendo como cuantía máxima subvencionable el SMI, incluida la parte proporcional de las dos pagas extraordinarias. Este salario se abona en proporción al trabajo efectivo dentro de la jornada establecida en el convenio correspondiente, de acuerdo al artículo 11.2 del Estatuto de los Trabajadores, que regula el contrato formativo.

3.A. Rasgos definitorios del “Programa TándEM del PRTR”

En la política palanca VIII «Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo» del “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”, se encuadró el Componente 23 «Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo», liderado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, y en cuyas iniciativas tractoras prioritarias de reforma estructural participaba el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). 

Dentro de las reformas e inversiones de este componente se incluía la Inversión 1, «Empleo Joven», cuyo objetivo es el nº 342 del anexo de la Decisión de Ejecución del Consejo (Council Implementation Decision-CID): OBJETIVO ACORDADO CON LA UE: hasta finales de 2025 que al menos 18.300 personas, en su conjunto, hayan completado los programas de juventud, considerando que iniciaban 21.900 personas.  

La Inversión 1, «Empleo Joven», se componía de tres proyectos: TándEM, Primera Experiencia, e Investigo. 

Así, se publicó el 26 de octubre de 2021 la orden de bases OM TES/1153/2021, modificada por la OM TES/393/2022, por el que se lanza un programa de formación en alternancia con el empleo  bajo esta inversión para el EMPLEO JOVEN: TándEM se dirige a personas jóvenes de 16 a 29 años, apegado al modelo de las escuelas taller, si bien aplicado a proyectos en actividades preferentemente de utilidad pública o de interés general y social con una duración de 12, 15 o 18 meses. Las entidades beneficiarias serán bien entidades del sector público estatal, bien entidades sin ánimo de lucro, las cuales se comprometían a presentar proyectos donde existía la obligación de que al menos el 25% del programa formativo se enfocara a la adquisición de competencias ligadas a la lucha contra el cambio climático y otro 25% a competencias digitales. La gestión recayó en exclusiva en Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).  

En la gestión, se incluyeron rasgos novedosos por la necesidad de ejecutar los fondos (90 millones) hasta final de 2025. Por ejemplo: 

• procedimiento de concesión de la subvención por concurrencia no competitiva, 
• concesión (2.222,22 euros por persona joven y mes) y justificación de la subvención por el régimen de módulos,
• tramitación en la sede electrónica del SEPE,
• implicación de las Direcciones Provinciales el SEPE en el seguimiento de la ejecución y formación impartida,
• público objetivo: personas jóvenes de 16 a 29 años, inscritas como demandantes de empleo y no ocupadas, siendo que, pese a que se trataba de un programa general, se han presentado muchas iniciativas dirigidas a personas jóvenes además con discapacidad, con origen migrante y refugiado, minorías étnicas…
• ampliación de los costes financiables: 

a) Los de formación profesional para el empleo y educación complementaria durante todas las etapas del proyecto. 

b) Los costes salariales y de cotización derivados de los contratos que se suscriban con las alumnas y alumnos trabajadores, siendo que, en la modalidad de contrato de formación en alternancia con el empleo, se retribuye en función del tiempo de trabajo efectivo. 

c) Las ayudas al estudio diarias por una cuantía equivalente a 9 euros por día lectivo asistido o justificado en la etapa formativa inicial (previa al contrato), incompatibles con el trabajo por cuenta propia o ajena.

d) Ayudas de movilidad que contribuyan a facilitar la participación de alumnos y alumnas cuya residencia se encuentre en provincia o isla diferente de donde se desarrolle el proyecto TándEM (1.000 euros a tanto alzado por persona participante y por una sola vez en el proyecto). 

e) Costes salariales y de cotización del personal del ETI, y gastos relativos a su funcionamiento. 

f) Costes de equipamiento e inversión precisos para la redacción del proyecto, para la puesta en marcha y ejecución del proyecto, así como, en su caso, los necesarios para la acreditación previa exigible para impartir la formación dirigida a la obtención de certificados de profesionalidad prevista en el proyecto, incluso previos al inicio del mismo: alquiler o compra (si no hay opción de reutilización) de materiales, bienes de equipo e instalaciones, incluso externas, para la realización de la formación.

Para concluir, estos son los resultados totales alcanzados a 31/09/2025 (faltan unos meses para la finalización completa): 

3. B. Los programas experienciales TándEM (Real Decreto 818/2021, 28 de septiembre)

Los Programas Experienciales de Empleo y Formación TándEM son programas comunes de activación para el empleo del Sistema Nacional de Empleo y se encuadran en el Eje 2 «Formación» de los seis en los que se articulan las políticas activas de empleo.

Estos proyectos deben responder preferentemente a la recuperación o promoción del patrimonio artístico, histórico, cultural o natural, la rehabilitación de entornos urbanos o naturales, la eficiencia energética y las energías renovables, y en todo caso, a las necesidades del mercado, así como cualquier otra actividad de utilidad pública o de interés general y social que permita compatibilizar el aprendizaje formal y la práctica profesional en el puesto de trabajo.

Pueden desarrollarse en su modalidad general, proyectos específicos para personas desempleadas menores de 30 años inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, así como proyectos específicos para personas emprendedoras cuyo objetivo sea el desarrollo de un proyecto empresarial que favorezca el autoempleo de las personas participantes o la constitución de una cooperativa, sociedad laboral, sociedad agraria de transformación o empresa de inserción. 

La formación que se imparte corresponde a certificados profesionales, especialidades formativas del Catálogo de Especialidades Formativas del Sistema Nacional de Empleo y programas propios autorizados por el Servicio Público de Empleo Estatal.

En la convocatoria 2024 dirigida a órganos de la Administración General del Estado, organismos públicos y sector público estatal, el presupuesto ejecutado ascendió a 13.654.267,09 euros, se concedieron 52 proyectos y 836 personas alumnas trabajadoras participaron en ellos.

Durante el año 2024, se aprobaron proyectos de programas experienciales TándEM Generales por más del 65% del total del presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal, sin embargo, respecto a los proyectos dirigidos a menores de 30 años se les asignó menos subvención por cuestiones presupuestarias, ya que se arrastraban de la convocatoria del año anterior, pagos plurianuales comprometidos con las entidades debido a que estos proyectos se ejecutan en 12 meses y por consiguiente, durante dos ejercicios presupuestarios. En los nuevos programas experienciales TándEM, se incluye una novedad: el pago por anticipado del 100% de la subvención para evitar arrastrar compromisos de pago de convocatorias anteriores y disponer de más subvención para proyectos tan largos.

La formación en los programas experienciales se centra fundamentalmente en la impartición de certificados profesionales de Grado B y C. Son los más demandados, representan un 86% del total de la formación. También pueden impartirse Especialidades del Catálogo de Especialidades del Sistema Nacional de Empleo (8%), o programas propios (6%), pero estos últimos deben ser autorizados previamente por el SEPE.
 
Las entidades que participan en estas convocatorias eligen esta formación vinculada a certificados profesionales para que las personas alumnas trabajadoras puedan, una vez finalizado su participación en los proyectos, solicitar la acreditación oficial al Ministerio de Educación y obtener así, un título que acredite su formación en alternancia con la práctica profesional.