En este artículo se analiza la labor de intermediación laboral del Servicio Público de Empleo (SPE) por Comunidades Autónomas y su comparación con el papel que juegan las empresas de trabajo temporal (ETT). A partir de dicho análisis podemos señalar las diferencias entre Comunidades y establecer, por tanto, donde funcionan mejor o peor las labores de intermediación de las oficinas públicas de empleo y cuál es la distancia respecto a las ETT. Los resultados obtenidos muestran que la escasa incidencia del SPE como intermediario en el mercado trabajo es una constante a lo largo del periodo analizado, así como el punto de inflexión en la presencia de las ETT como consecuencia de la reforma laboral de 2021.

Palabras clave: intermediación, vacantes, cuota de mercado 

This article analyses the job brokering role of the Public Employment Service (SPE) by Autonomous Communities and its comparison with the role played by temporary employment agencies (ETT). Based on said analysis, we can point out the differences between Communities and establish, therefore, where public employment offices work better or worse and what is the distance from the ETTs. The results obtained show that the low incidence of the PES as an intermediary in the labour market is a constant throughout the period analysed, as well as the turning point in the presence of ETTs as a consequence of the labor reform of 2021.

Keywords: labour intermediation, vacancies, market share

La intermediación laboral es un instrumento básico de la política de empleo y se fundamenta, por un lado, en la existencia de un problema de información asimétrica sobre los diferentes puestos de trabajo ofertados, así como de los candidatos a cubrir dichas vacantes (Alva et al., 2017). Por otro lado, el hecho de que la información no es gratuita, justifica la existencia de ciertos mecanismos o instituciones que proporcionen un servicio equitativo (Lindley, 1988). Por tanto, la tarea principal de los servicios públicos de empleo es reunir y clasificar la información disponible sobre ofertas y demandas de trabajo, para conseguir casar adecuadamente el perfil de los trabajadores con las demandas de los empresarios.

La falta de agilidad de los servicios públicos de empleo (SPE) para afrontar el crecimiento de los empleos atípicos como el empleo temporal y a tiempo parcial, la demanda de servicios de colocación especializados y el avance en las tecnologías de la información y de la comunicación ha generado un mercado para las agencias de empleo privadas, donde estarían también las empresas de trabajo temporal (ETT). Por consiguiente, la inversión en la digitalización de los SPE es fundamental para ofrecer servicios más personalizados y eficaces (OCDE, 2020).

La Ley de Empleo (Ley 3/2023) prevé la creación de la Agencia Española de Empleo, que vendría a sustituir al actual SEPE y que pretende tener un mayor margen de colaboración con las agencias privadas para la búsqueda de ofertas de trabajo. Uno de los principales objetivos de dicha Ley es lograr una intermediación laboral eficiente que facilite ofertas de empleo adecuadas, en particular en el caso de personas desempleadas inmersas en procesos de recolocación. La oferta adecuada es la que corresponde con la profesión demandada por la persona trabajadora, de acuerdo con su formación, características profesionales, experiencia previa o intereses laborales y también aquella que se corresponda con su profesión habitual o cualquier otra que se ajuste a sus aptitudes físicas y formativas. Por otro lado, la Ley de Empleo tiene también como objetivo la dotación de un Sistema Público Integrado de Información de los Servicios Públicos de Empleo que se configura como una red de información común para toda la estructura pública y privada del empleo. Dicho sistema debe reunir todos los datos relativos al empleo y la empleabilidad de las personas y sobre las empresas usuarias de los SPE. En paralelo, reunirá la información relativa a las vacantes actuales y previsibles que existen o van a existir en las empresas.

El análisis del alcance de las actividades de intermediación laboral se realiza en base a una serie de indicadores (cuota de mercado, tasa de registro y tasa de éxito)¹  que se pueden elaborar a partir de los datos proporcionados por la Estadística de Empleo del SEPE. Previamente resulta interesante conocer la evolución de las colocaciones totales, de las colocaciones que son objeto de gestión por los SPE , así como del número de puestos ofrecidos para gestión por parte de los empresarios. A la hora de analizar el rendimiento de los SPE resulta útil compararlo con la labor de intermediación de las ETT, utilizando el único indicador que nos permite hacer una valoración del rendimiento de las actividades de intermediación, es decir, la cuota de mercado. En este caso, los datos analizados proceden de la Estadística de Empresas de Trabajo Temporal elaborada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Los resultados obtenidos reflejan importantes diferencias regionales en el alcance y la eficacia de las actividades de intermediación laboral de los SPE² en las distintas Comunidades Autónomas en el período 2013-2022, tal como se muestra en las distintas tablas. En este sentido, el análisis detallado a nivel autonómico nos permite señalar las diferencias y establecer donde funcionan mejor o peor las labores de intermediación laboral de los servicios públicos de empleo. 

Las colocaciones totales aumentan en todas las Comunidades en el período 2013-2019, especialmente en Cantabria, Madrid y Murcia, superando con creces la media española. En 2020 dichas colocaciones disminuyen de forma generalizada como consecuencia de la pandemia, sobre todo en baleares y Canarias. En 2021 las colocaciones totales se recuperan en todas las Comunidades, pero sin llegar al nivel de 2019. En cambio, en 2022 se reducen en la mayoría de Comunidades, en especial en Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia (tabla 1).

Las colocaciones gestionadas por los servicios públicos de empleo muestran una evolución algo distinta. En el conjunto de España, dichas colocaciones aumentan entre 2013 y 2019 pero en menor medida que las colocaciones totales (33% frente al 48,8%). No obstante, en seis Comunidades los aumentos son muy superiores en las colocaciones intermediadas por los SPE. En 2020 también se registran caídas generalizadas (excepto en Castilla-La Mancha) pero en un menor porcentaje que en las colocaciones totales. Las colocaciones gestionadas se recuperan en 2021 en todas las Comunidades excepto en Cataluña. En 2022 y a diferencia de las colocaciones totales se registra un aumento en la mayoría de Comunidades, en especial en Canarias y País Vasco. Las colocaciones gestionadas en 2022 están por encima del nivel prepandemia excepto en Aragón, Cantabria, Castilla y León y Cataluña. En el todo el período analizado 2013-2022 las colocaciones gestionadas han aumentado más que las colocaciones totales en todas las Comunidades a excepción de Andalucía y Aragón (tabla 2). 

Los puestos de trabajo ofrecidos para gestión presentan una evolución algo más positiva que la de las colocaciones gestionadas por los SPE. El aumento en el conjunto de España entre 2013 y 2019 es del 44,9%, aumentando en todas las Comunidades con la única excepción de Extremadura. En 2020 las ofertas también disminuyen de forma generalizada debido a los efectos de la pandemia, especialmente en Asturias y Cataluña. En 2021 se recuperan en todas las Comunidades. Los puestos ofrecidos para gestión también aumentan en la mayoría de Comunidades en 2022, sobre todo en Baleares y Comunidad Valenciana. El nivel prepandemia se supera en la mayoría de Comunidades. Entre 2013 y 2022 las ofertas han aumentado en todas las Comunidades y más que las colocaciones gestionadas en la mayoría de estas, en especial en Cataluña y Comunidad Valenciana (tabla 3).
 

El principal indicador que nos permite analizar la eficacia de la intermediación laboral es la cuota de mercado de los servicios públicos de empleo. En general, las diferencias entre Comunidades Autónomas son reducidas en comparación con las magnitudes absolutas. Extremadura se sitúa con diferencia muy por encima de la media española, alcanzando en 2022 una cuota de mercado del 11,7%. Por el contrario, Cataluña se sitúa en el otro extremo con una cuota de solo el 0,4%. 

Dicha cuota se mantiene con pequeñas variaciones entre 2013 y 2019 en la mayoría de Comunidades. En 2020 la cuota de mercado aumenta en todas las Comunidades, excepto en Cantabria, Cataluña y País Vasco, debido a la mayor caída de las colocaciones totales en relación a las colocaciones gestionadas. Posteriormente dicha cuota aumenta en la mayoría de Comunidades situándose por encima del nivel prepandemia en todas ellas excepto en Aragón, Cantabria y Cataluña. Entre 2013 y 2022 la cuota de mercado se incrementa de forma generalizada, especialmente en Canarias, con las únicas excepciones de Andalucía y Aragón (tabla 4). Sin embargo, los aumentos en la cuota de mercado son muy modestos, situándose la media española en el 2,2% en 2022 y con la mayoría de Comunidades por debajo de dicha cuota.

El análisis de la proporción de los puestos de trabajo ofrecidos para gestión respecto a las colocaciones totales permite hacernos una idea del grado de utilización del SPE por parte de los empresarios con el objeto de cubrir una vacante. La tasa de registro de las ofertas de las empresas ha aumentado entre 2013 y 2019 en todas las Comunidades excepto en Andalucía, Canarias y Extremadura, aunque en esta última dicha tasa es más del triple que la media española. En 2020 la tasa de registro aumenta en la mayoría de Comunidades y se explica porque la caída en los puestos ofrecidos para gestión es menor que la registrada en las colocaciones totales. Entre 2020 y 2022 la tasa de registro aumenta en todas las Comunidades, excepto en Aragón, destacando el aumento en Extremadura que alcanza casi el 13%. Por otro lado, entre 2013 y 2022 la tasa de registro aumenta en la mayoría de Comunidades, salvo en Andalucía, Aragón y Madrid, destacando Baleares, Comunidad Valenciana, País Vasco y La Rioja (tabla 5). Al igual que en la cuota de mercado los avances en la tasa de registro son muy escasos, siendo la media española el 3,3% en 2022. 

Si analizamos el porcentaje de colocaciones gestionadas por los SPE respecto al número de puestos de trabajo ofrecidos para gestión, la tasa de éxito en la intermediación laboral ha disminuido entre 2013 y 2019 en la mayoría de las Comunidades, pasando la media nacional del 71,2% al 65,4%. Por el contrario, en Canarias se dobla dicha tasa. En 2020 la tasa de éxito aumenta en la mayoría de Comunidades debido a que las colocaciones gestionadas caen menos que las ofertas. En cambio, entre 2020 y 2022 dicha tasa disminuye también en la mayoría de Comunidades, registrándose en Andalucía, Canarias, Extremadura y Madrid niveles muy por encima de la media española. Entre 2013 y 2022 la tasa de éxito disminuye en la mayoría de las Comunidades, especialmente en Cantabria y Comunidad Valenciana. Por contra, Canarias, Madrid y Murcia registran un notable aumento en dicha tasa (tabla 6). Por tanto, la eficacia de los servicios públicos de empleo a la hora de cubrir las vacantes ofrecidas por los empresarios no ha mejorado en general durante el periodo analizado, sino todo lo contrario.

Las colocaciones intermediadas por las ETT aumentan también entre 2013 y 2019 pero en un porcentaje que casi duplica al de las colocaciones totales y triplica al de las colocaciones gestionadas por los SPE en el conjunto de España. Las colocaciones en las que intervienen las ETT aumentan en todas las Comunidades, especialmente en Cantabria donde aumentan casi un 300% seguida de Castilla-La Mancha, Murcia, La Rioja y Aragón. Por el contrario, entre 2019 y 2020 las colocaciones intermediadas por las ETT disminuyen en todas las Comunidades debido a los efectos de la pandemia, en especial en Baleares y Canarias. Sin embargo, el descenso es mínimo en Cantabria y Castilla-La Mancha. Las caídas son inferiores a las registradas en las colocaciones totales y superiores en relación a las colocaciones gestionadas por los SPE en la mayoría de Comunidades. En 2021 las colocaciones intermediadas por las ETT se recuperan en todas las Comunidades excepto en Cantabria, creciendo con más fuerza donde habían caído más el año anterior.  El efecto de la reforma laboral hace que entre 2021 y 2022 dichas colocaciones disminuyen en la mayoría de Comunidades a excepción de Cataluña, Extremadura, y sobre todo en Baleares y Canarias. Las mayores caídas se registran en Cantabria y La Rioja. Dicho comportamiento contrasta con la ligera disminución en las colocaciones totales y el aumento en las colocaciones intermediadas por los SPE. Si consideramos todo el período analizado, las colocaciones en las que intervienen las ETT aumentan en porcentaje más que las colocaciones totales en todas las Comunidades a excepción de Baleares y Canarias. Cabe destacar a Cantabria y Castilla-La Mancha con un aumento del 100% en las colocaciones intermediadas por las ETT entre 2013 y 2022 (tabla 7).

En cuanto a la eficacia de la intermediación laboral de las ETT cabe señalar que las diferencias en la cuota de mercado entre Comunidades Autónomas son aquí mucho más evidentes que en las magnitudes absolutas. Murcia se sitúa con diferencia muy por encima de la media española durante todo el período analizado, alcanzando en 2022 una cuota de mercado del 56%, seguida de Navarra y Comunidad Valenciana. Por el contrario, Andalucía, Baleares y especialmente Extremadura, registran cuotas muy inferiores a la media nacional que se sitúa en el 19,1% (cuadro 3). Entre 2013 y 2021 la cuota de mercado aumenta en la mayoría de Comunidades, sobre todo en Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha y Navarra. Por contra, se mantiene en Baleares y disminuye de forma clara en Canarias. Entre 2021 y 2022 la cuota de mercado se reduce en todas las Comunidades Autónomas con la excepción de Canarias y Extremadura. Las mayores caídas se registran en Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Navarra y La Rioja, mientras que dicha cuota disminuye menos que la media española en Andalucía, Baleares, Cataluña y Murcia (tabla 8).  

Los datos sugieren que a partir de 2013 la progresiva recuperación de la economía unida a la mayor posibilidad de contratación de las ETT en sectores que antes les estaban vetados, contribuye a explicar el aumento en la cuota de mercado que supera con creces los niveles previos a la crisis de 2008. En cambio, en 2022 se rompe la tendencia reflejándose el efecto de la reforma laboral debido a la caída de la contratación temporal.
 

El análisis de la intermediación laboral de las ETT requiere también vincularlo con la intermediación llevada a cabo por los servicios públicos de empleo (SPE). La ratio de colocaciones de las ETT respecto a los SPE nos permite ver cuál es la distancia entre los dos intermediarios en las distintas Comunidades Autónomas. Dicha ratio es claramente superior a uno en todas la Comunidades durante el período analizado excepto en Extremadura, donde la cuota de mercado de las ETT es alrededor de cinco veces inferior a la del SPE. En consecuencia, la regla general es que las ETT intervienen en un porcentaje mucho mayor de las colocaciones totales que los SPE, lo que refleja un grado de eficacia mayor en la intermediación laboral. Las ratios más bajas se registran en Andalucía, Baleares, Canarias y Castilla La-Mancha. Por el contrario, las ratios más elevadas y por tanto la mayor distancia entre las ETT y los SPE se la anotan Cataluña y Murcia, alrededor de seis veces por encima de la media nacional. Entre 2013 y 2021 la ratio disminuye en la mayoría de Comunidades, mientras se mantiene en Extremadura. Los mayores incrementos se registran en Aragón, Galicia y especialmente en Navarra. Por el contrario, las mayores caídas se las anotan Cataluña y Murcia. Entre 2021 y 2022 la ratio disminuye en todas las Comunidades excepto en Baleares, Canarias, Extremadura y Murcia. Si consideramos el conjunto del periodo analizado (2013-2022) la ratio disminuye también en la mayoría de Comunidades excepto en Baleares, Canarias y Murcia (tabla 9). El descenso de la cuota de mercado de las ETT asociado a los efectos de la reforma laboral, junto con el mantenimiento de la cuota de los SPE explicarían el punto de inflexión en la evolución de la ratio de colocaciones ETT/SPE en 2022 a nivel nacional.

El análisis de los datos nos muestra en primer lugar que entre 2013-2022 las colocaciones gestionadas por los SPE han aumentado más que las colocaciones totales en todas las Comunidades a excepción de Andalucía y Aragón. No obstante, la cuota de mercado sigue siendo muy baja, situándose la media española en el 2,2% en 2022 y con la mayoría de Comunidades por debajo de dicha cuota, aunque superando el nivel prepandemia. Extremadura se sitúa con diferencia muy por encima de la media española, con una cuota de mercado del 11,7%, mientras que Cataluña solo llega al 0,4%.

Los puestos de trabajo ofrecidos para gestión aumentaron en todas las Comunidades en el periodo analizado y más que las colocaciones gestionadas en la mayoría de aquellas, en especial en Cataluña y Comunidad Valenciana. A pesar de que la tasa de registro aumenta en la mayoría de Comunidades entre 2013 y 2022, apenas supera el 3% de media, lo que refleja el bajo grado de utilización del SPE por parte de los empresarios con el objeto de cubrir una vacante. 

Por otro lado, la tasa de éxito en la intermediación laboral disminuye en el periodo analizado en la mayoría de las Comunidades, especialmente en Cantabria y Comunidad Valenciana. En consecuencia, la eficacia de los servicios públicos de empleo a la hora de cubrir las vacantes ofrecidas por los empresarios ha empeorado en general entre 2013 y 2022.

Las diferencias en la cuota de mercado de las ETT entre Comunidades Autónomas son notorias, situándose Murcia muy por encima de la media española durante todo el período analizado, con una cuota del 56% en 2022, seguida de Navarra y Comunidad Valenciana. Por el contrario, Andalucía, Baleares y especialmente Extremadura, registran cuotas muy inferiores a la media nacional que se sitúa en el 19,1%. El aumento en la mayoría de Comunidades entre 2013 y 2021 se revierte en 2022 debido al efecto de la reforma laboral sobre la contratación temporal. 

Las ETT intervienen en un porcentaje mucho mayor de las colocaciones totales que los SPE, lo que refleja un grado de eficacia mayor en la intermediación laboral. Las ratios ETT/SPE más bajas se registran en Andalucía, Baleares, Canarias y Castilla La-Mancha. Por el contrario, las ratios más elevadas y por tanto la mayor distancia entre las ETT y los SPE se la anotan Cataluña y Murcia.

La escasa eficacia de los servicios públicos de empleo autonómicos en la intermediación laboral se explica por el limitado uso de los mismos por parte de los empresarios a la hora de cubrir una vacante. Las principales razones de dicho comportamiento serían por un lado la creciente confianza de los empresarios en Internet como método de búsqueda de candidatos y por otro, la mayor confianza en las ETT debido a una mejor percepción sobre su gestión de la mano de obra y su conocimiento de las necesidades de las empresas. El perfil del usuario de los SPE suele estar muy sesgado hacia los colectivos con más dificultades en el mercado laboral, lo que influye de forma negativa en la percepción que tienen los empresarios sobre las posibilidades y el tiempo necesario para cubrir las vacantes ofrecidas.

Por tanto, la mejora del funcionamiento del servicio público de empleo como intermediario en el mercado laboral requiere de un contacto más estrecho y especializado con los empresarios, compartir información con las agencias privadas y mejorar las cualificaciones y la motivación de los demandantes de empleo propuestos. En concreto, se trataría de identificar a los candidatos más adecuados en base a las competencias profesionales demandadas e informar a los empleadores de todos los instrumentos que tienen a su disposición a la hora de cubrir sus necesidades. Asimismo, la utilización de la inteligencia artificial para facilitar la búsqueda de empleo de manera rápida y precisa en el caso de los demandantes con mayor grado empleabilidad, ayudaría a concentrar la orientación y asistencia individualizadas en los grupos más desfavorecidos. En teoría, las medidas contempladas en la nueva Ley de Empleo irían en esta dirección, aunque habrá que esperar a medio plazo para ver los resultados en términos de una mejora de la intermediación laboral.  
 

ALVA, K. P., ESCOT, L., FERNÁNDEZ, J. A. y CÁCERES, J. I. (2017). “Intermediarios del mercado de trabajo y eficacia de los métodos de búsqueda de empleo durante la crisis económica”. Cuadernos de Relaciones Laborales, 35(2), pp. 415-442.
Boletín Oficial del Estado (2023). Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo.
LINDLEY, R. M. (1988). “Política activa de empleo”, en George Sayers (comp.) Relaciones Industriales en Gran Bretaña, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, pp. 475-505.  
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Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Estadística de Empleo.  
SUÁREZ, P. y MAYOR, M. (2012). “La intermediación laboral del Servicio Público de Empleo en España: un análisis regional con los datos del SISPE”. Revista del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Serie Economía y Sociología, 96, pp. 175-194. 
WALWEI, U. (1996): “Improving Job-matching through Placement Services”, en Günther Schmid, Jacqueline O'Reilly y Klaus Schömann (ed.): International Handbook of Labour Market Policy and Evaluation, Edward Elgar, pp. 402-428.