El presente artículo se aproxima, primero, a los marcos conceptuales de la “Transición Socio-Ecológica”, la “Transición Justa” y la “Transición Digital”, las cuales son claves en el camino hacia un nuevo modelo económico en nuestras sociedades. La crisis climática con sus efectos devastadores nos obliga de manera insoslayable modificar nuestras modalidades de consumo y producción. Debemos entender que la sensatez económica y la transición socio-ecológica no son una dicotomía, sino por el contrario, sin una profunda transición eco-social es precisamente la economía que está en peligro. En este contexto, lo fundamental es la corresponsabilidad, es decir, gobiernos, empresas, sindicatos, el mundo académico y el ciudadano como consumidor tienen que encontrar el consenso sobre en “qué tipo de sociedad queremos vivir”, y, por consiguiente, actuar en coherencia.

La modificación de nuestras modalidades de consumo y producción marcarán el futuro del empleo en un mercado laboral en continuo cambio. En varios países estamos observando una cierta contradicción, es decir, sigue persistiendo un número significativo de desempleo, el cual afecta sobre todo a mujeres y gente joven, y por el otro lado, está aumentando la escasez de la fuerza laboral en prácticamente todos los sectores e industrias. Muchos de los nuevos perfiles profesionales que demandan las empresas, están relacionados con el cambio climático y la biodiversidad, como así también con el proceso de la digitalización. Para poder afrontar estos desafíos, la educación, la formación y el aprendizaje continuo son los factores determinantes.

La implementación de las transiciones social y ecológica provoca la pérdida de puestos de trabajo a causa de medidas ambientales y climáticas, pero también implican la generación de un número significativo de nuevos empleos. Precisamente en relación con el empleo quisiera poner el énfasis en que las políticas públicas deben considerar desde el principio y paralelamente las medidas ecológicas y sus impactos sociales, es decir, la dimensión ecológica y la dimensión social como un todo.

En cada capítulo se hace referencia no solamente a la Unión Europea, sino también a América Latina y el Caribe, continente que está realizando grandes esfuerzos para descarbonizar sus economías, pero comparativamente en condiciones económicas y sociales bastante más difíciles.

First, the present article aims to provide an approach to the conceptual frameworks of “Social and Ecological Transition”, “Just Transition“ and “Digital Transition“, which are key in the path towards a new economic model in our societies. The climate crisis with its devastating effects inevitably forces us to modify our consumption and production patterns. We must understand that economic sense and eco-social transition are not a dichotomy, but on the contrary, without a profound eco-social transition it is precisely the economy that is in danger. In this context, the fundamental cuestión is the co-responsibility, that is, governments, companies, unions, the academic world and citizens as consumers have to find consensus on “what type of society we want to live in”, and consequently, act in coherence. 

The modification of our consumption and production patterns will mark the future of employment in a constantly changing labor market. In several countries we can observing a certain contradiction, that is, a significant number of unemployment continues to persist, which mainly affects women and young people, and on the other hand, the shortage of the labor force is increasing in practically all sectors and industries. Many of the new professional profiles that companies demand are related to climate change and biodiversity, as well as to the digitalization process. Education, training and continuous learning are the determining factors to face these challenges.

The implementation of social and ecological transitions causes the loss of jobs due to environmental and climate measures, but also they imply the generation of a significant number of new jobs. Precisely in relation to employment, I want to emphasize that public policies have to consider from the beginning and in parallel the social impacts of ecological measures, that is, the ecological dimensión and the social dimensión as a whole.

Each chapter refers not only to the European Union, but also to Latin America and the Caribbean, a continent which is making great efforts to descarbonize its economies, but in comparatively much more difficult economic and social conditions.
 

1.1    “Transición Socio-Ecológica”

En primer lugar, quisiera señalar que -a mi juicio-, el origen de los contenidos de la “transición socio-ecológica” lo podemos situar a partir de los años 70 del siglo pasado. En aquel entonces, aún no se usaba este concepto, sin embargo, en varios países industrializados surgió “una crítica al modelo productivista y consumista”, un cuestionamiento a “un modelo que en lo económico y en lo social presenta enormes desequilibrios, lo cual es éticamente injusto e insostenible a escala planetaria” (Woischnik, 2019). La fe casi ciega en el progreso tecnológico y en un crecimiento económico ilimitado se había convertido después de la II Guerra Mundial en la “ideología más totalitaria”, tanto en Oriente como en Occidente (Gruhl, 1978). 

En cuanto al concepto “transición socio-ecológica” no existe una definición asumida por todos los países u organismos internacionales. El termino empleado por los países germanoparlantes es “Sozial-Ökologische Transformation”, el cual es considerado como una respuesta a la crisis financiera y económica de los años 2008/2009. En Alemania fueron ante todo miembros del partido político Die Grünen (Los Verdes) que debatieron y publicaron enfoques alternativos respecto a un cambio del actual modelo económico y social. A la vez, opinaban que los objetivos, criterios y exigencias de esta transformación coincidieron con los planteamientos del Green New Deal¹ , orientados a inversiones directas del Estado en una infraestructura ecológica, al fomento de un mercado ambiental (productos y servicios) y a mayores gastos en educación y formación (Bündnis 90/Die Grünen, 2011). 

Es pertinente resaltar que los tres aspectos mencionados relativos al Green New Deal guardan relación con la generación de empleo verde, teniendo especial importancia la educación y la formación, debido a que los nuevos empleos requieren una cualificación superior, tanto en la producción industrial tradicional como en el sector terciario. En cuanto al sector primario, se trata de una asignatura pendiente políticamente, pero requeriría una investigación aparte por su importancia.

En diciembre de 2019, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presentó el European Green Deal, el cual pretende que Europa sea el primer continente que logre la neutralidad climática en el 2050. Este Pacto Verde Europeo se ubica en el marco de las consecuencias de la pandemia Covid-19 y de la recuperación económica relacionada. Los recursos económicos disponibles²  para implementar una serie de leyes, directivas y estrategias son enormes, lo cual permitirá a los 27 países de la UE invertir en proyectos ambientales y climáticas, lo que sin duda alguna fomentará la generación de empleos verdes. 

Esto es precisamente lo que se debería entender con transición ecológica y social, o sea, aunar la dimensión ecológica con la dimensión social. Pero para que esto ocurra de verdad, “las políticas públicas deben considerar desde el principio y paralelamente las medidas ecológicas y sus impactos sociales. Si no se enfoca y no se actúa de esta manera, las políticas públicas en materia ambiental y climática se exponen al peligro de fracasar” (Woischnik, 2022).

En relación con la “transición energética”, elemento clave de la “transición ecológica y social”, el compromiso de la Unión Europea en el marco de la lucha contra el cambio climático se ha visto seriamente afectado por la guerra en Ucrania, lo que ha implicado que los países europeos hayan urgido la desconexión energética de Rusia. 

Para América Latina el desafío de una “justa transición energética” se presenta en un contexto diferente. Al respecto, es oportuno conocer el pensamiento de una activista ambiental de Chile: “La transición energética debe tener el rostro de las mujeres, de los niños y niñas, de los pueblos indígenas, de las comunidades del sur global que son las que conviven con las empresas que extraen los minerales considerados estratégicos para esta transformación. … Cobre, litio, cobalto, níquel, tierras raras son algunos de los minerales considerados estratégicos para esta transición y junto a la producción de hidrógeno ponen a países como Chile ante una gran oportunidad, pero también en una peligrosa subasta neocolonialista en que nos ofrecemos al mejor postor. Urge mirar más lejos y profundo, si no, europeos, chinos, estadounidenses tendrán autos eléctricos, paneles solares y autonomía energética, a costa de nuestro sacrificio” (Uranga, 2023). 

En su reciente participación en la Cumbre CELAC-EU, el presidente de Chile, Gabriel Boric, hizo referencia a los beneficios del Acuerdo de Modernización del Tratado de Asociación entre Chile y la Unión Europea, cuya firma está prevista para finales del 2023. El presidente Boric enfatizó el compromiso de su país en “constituirnos como un aporte a la transición energética y climática”. Por otra parte, expresó -a mi juicio- con una gran visión que la explotación del litio, hidrógeno verde y el cobre debe realizarse “desde la perspectiva de crear valor agregado en nuestro país y en nuestra región. No solamente ser una fuente de materias primas, sino crear valor para crear riqueza para distribuir de manera más justa la riqueza en nuestros pueblos” (Cancino, 2023).  

“Transición Justa”

Cabe destacar que el término “transición justa” proviene del mundo sindical. En concreto, fue acuñado por el líder sindicalista estadounidense Tony Mazzocchi, quien en 1993 pidió un ´superfondo para los trabajadores´ con el fin de prestarles apoyo financiero y acceso a la educación superior en el caso de que pierdan su empleo a causa de políticas ambientales (OIT, 2018). Es importante, hacer hincapié en las Directrices de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativas a una transición justa, en las cuales se hace referencia a “la ecologización de las economías” y en “la creación de trabajo decente en toda la cadena de suministro” (OIT, 2015). 

En el marco de la lucha contra el cambio climático, el término “transición justa” fue incorporado al Acuerdo de París: “Teniendo en cuenta los imperativos de una reconversión justa³  de la fuerza laboral y de la creación de trabajo decente y de empleos de calidad, de conformidad con las prioridades de desarrollo definidas a nivel nacional” (Acuerdo de París, 2015). Hoy en día, se puede observar que la idea de la “transición justa” se ha convertido en un asunto clave para los tratados u organizaciones internacionales.

Para la región de América Latina y el Caribe, el concepto de la transición justa no había adquirido mayor importancia. Sin embargo, desde hace pocos años, varios países latinoamericanos elaboran “Estrategias nacionales de transición justa y políticas locales de empleo verde”. Por otra parte, la labor de la OIT está enfocada a que los países latinoamericanos incorporen “la agenda de transición justa en sus políticas públicas”. De hecho, en el contexto de la acción climática, algunos países reflejan la transición justa en sus comunicaciones de Contribución Determinada a Nivel Nacional (CDN), destacando en el 2020 a Argentina, Chile, Colombia y Costa Rica (OIT, 2021).

En el caso de Chile destaca asimismo la creación de la Oficina de Transición Socioecológica Justa por parte del Ministerio de Medio Ambiente. Sus tareas guardan relación no solo con la gravedad del cambio climático y la pérdida de la biodiversidad, sino están enfocadas en mejorar la situación de comunicades vulnerables y de personas que viven en las denominadas “zonas de sacrificio⁴” .

Dicho lo anterior, es relevante destacar que las barreras económicas, sociales, institucionales, medioambientales, etc., frenan un avance más rápido de América Latina hacia una transición justa, equivalente, -a mi juicio-, a una transición social y ecológica. Además, todo esto, dificultado por la inexistente integración regional. Se añade la escasez de recursos económicos como existen para la implementación del Pacto Verde Europeo. Por lo tanto, se comprende que determinadas iniciativas de la sociedad civil ponen el énfasis en la justicia. En concreto, en la justicia redistributiva, la justicia de género, la justicia étnica y la justicia ambiental, como lo exige el Pacto Social, Ecológico, Económico e Intercultural para América Latina (Pacto Ecosocial del Sur, 2020).  

Siendo sin duda influida por la amplia literatura alemana y austríaca al respecto, opino que destacar la “transición social” -en conjunto con la “transición ecológica”-, es más fácil de comprender que referirse a la “transición justa”, debido a que definir el término “justo” resulta enormemente complicado. Sin embargo, coincido plenamente con Cristina Narbona, diputada y presidenta del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), cuando expresa que “lo ´social´ debería entenderse como una transición justa e inclusiva” (Narbona, 2021).

1.2    “Transición Digital”

El debate acerca de la digitalización y la inteligencia artificial resulta bastante controvertido. En relación con la “transición digital” Manuel Escudero, embajador de España ante la OCDE, señala “impactos positivos en términos de oportunidades de productividad, de nuevos productos y servicios que pudieran aumentar el bienestar de la humanidad”, mientras que, por otra parte, pueden darse “impactos negativos en términos de aumentos de la desigualdad, empobrecimiento de la calidad democrática y debilitamiento de la seguridad …” (Escudero, 2021). Andreas Schleicher, director del Departamento de Educación de la OCDE, opina que la digitalización, “por un lado, es una fuerza democratizadora que está adquiriendo un poder extraordinario y nos permite conectarnos y colaborar con cualquiera y puede hacer que la voz más pequeña se escuche en todas partes. Pero también puede aplastar la individualidad y la singularidad cultural” (Schleicher, 2019). 

En cuanto a la inteligencia artificial, Daniel Innerarity, catedrático de Filosofía Política, critica “la histeria digital”, diciendo que últimamente “quienes tienen más responsabilidad nos estén advirtiendo contra ella” (mencionando al director de OpenAI, creadora del ChatGPT), debido a que piden una moratoria respecto a su rápido desarrollo y también una mayor regulación (Innerarity, 2023).

Es relevante destacar el vínculo entre la “transición digital” y la “transición socio-ecológica” a causa del crecimiento exponencial de la demanda por el internet, lo cual significa un fuerte incremento del consumo de energía, y por lo tanto, contribuye al aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero. 

Cabe hacer hincapié en el profundo y discrepante debate que se da respecto a la destrucción de empleo a causa del proceso de digitalización. Hace 10 años atrás, en un estudio de la Oxford Martin School se expresó que el 47 porciento de todos los puestos de trabajo en los Estados Unidos se ven amenazados por la automatización y la computarización. Lo llamativo de esta investigación fue que no solamente empleos de personas con baja cualificación estarían en peligro, sino de manera creciente tareas más complejas relacionadas con los algoritmos informáticos en el lenguaje de programación (Eichhorst y Buhlmann, 2015).

Se puede afirmar que nos encontramos ante el hecho de que la creciente digitalización cambiará por completo el mundo del trabajo. Se considera que, por un lado, surgirán nuevos modelos de negocios y nuevas estructuras de competitividad, y por otro, se modificarán los contenidos mismos del trabajo y la organización de los procesos productivos (Klammer, 2017).

Es oportuno mencionar en este lugar la “Alianza Digital Unión Europea-América Latina y el Caribe” en el marco del Global Gateway⁵ . Esta iniciativa de “transformación digital” tiene como objetivo “fomentar el desarrollo de infraestructuras digitales seguras, resilientes y centradas en el ser humano sobre la base de un marco basado en valores, garantizando un entorno democrático y transparente y haciendo especial hincapié en la privacidad y los derechos digitales” (CE, 2023). 

Al finalizar este primer capítulo, quisiera resaltar la opinión de Inmaculada Ordiales, autora de un estudio sobre “Digitalización y cambio climático”: “Europeos y latinoamericanos tienen la responsabilidad compartida de alinear las tres transiciones, porque en su éxito está un futuro inevitablemente compartido (Ordiales, 2021).

2.1    Persistencia del desempleo vs escasez de la fuerza laboral

El desempleo sigue siendo la gran preocupación en muchos países del mundo, tanto de los gobiernos, agentes sociales, partidos políticos, como así también de los ciudadanos. Asistimos a altos porcentajes de desempleo juvenil, desempleo femenino, desempleo de larga duración y desempleo de personas mayores de 45 años.

Según la OIT, “el déficit mundial de empleo ascendió a 473 millones de personas en 2022, lo que corresponde a una tasa de incidencia de déficit de empleo del 12,3 por ciento”. El organismo señala que el “déficit mundial de empleo” es una “nueva medida”, que “se compone de 205 millones de desempleados -lo que equivale a una tasa del 5,8 por ciento de desempleo- y de 268 millones de personas que, aun teniendo una necesidad insatisfecha de empleo, no forman parte de la población activa al no cumplir los criterios para inscribirse en la categoría de desempleados”. Por otra parte, en 2022, el empleo informal alcanzó a 2000 millones de trabajadores a nivel mundial (OIT, 2023).

Respecto a América Latina y el Caribe, el desempleo se redujo del 8% en 2019 (el año anterior a la pandemia del Covid-19) al 7,2% en 2022. Sin embargo, como destaca la ONU, refiriéndose al informe Panorama Laboral de la OIT, la incertidumbre sigue siendo una característica de los mercados de trabajo, debido a que “la recuperación laboral ha sido impulsada por el aumento de los trabajos informales”. Gran parte de los trabajadores informales son pobres y en palabras de Claudia Coenjaerts, directora regional interina de la OIT, “la realidad es que una de cada dos personas trabaja en la informalidad, que suele estar acompañada por inestabilidad laboral, bajos ingresos y sin protección social” (ONU, 2023).

En los países industrializados, las políticas activas de empleo demuestran que el mercado laboral no es de fácil solución, más aún, no existe un camino único para superar el desempleo. Es decir, se deben conjugar varias medidas y soluciones de acuerdo con las peculiaridades propias de cada país. Sin embargo, existen ciertas condiciones que favorecen la creación de nuevos puestos de trabajo, como, por ejemplo, cuando llegan al mercado productos innovadores y nuevas tecnologías. Por otra parte, como vemos más adelante, políticas públicas relacionadas con la “transición ecológica, social y digital” pueden ser fuentes significativas para la generación de empleo.

Según Bill Gates, la inteligencia artificial es la innovación de mayor envergadura: ´Su potencial para transformar la educación, la salud y el mercado laboral es inmenso, generando nuevas oportunidades y afrontando retos importantes´. En su opinión hay tres áreas en las que se creará un número significativo de empleos: en la inteligencia artificial, la energía y la biología. Pueden surgir buenas oportunidades de empleo también en otros sectores, pero los nombrados son los que mayores posibilidades presentan. Por otra parte, Gates considera que “la inteligencia artificial promete transformar la forma en que trabajamos y vivimos, permitiéndonos concentrarnos en tareas más significativas y creativas mientras confiamos las tareas monótonas a las máquinas” (Rebein, 2023).  

Pienso que hay que tomar con cierta cautela la visión optimista de Bill Gates. Recuerdo que poco tiempo atrás leí un artículo sobre el desarrollo de robots para el sector de la salud, y más específicamente, para las tareas relacionadas con el cuidado de personas en hospitales o residencias para gente mayor. El texto, del cual no guardé la fuente, hizo una referencia a diferencias culturales. Así, por ejemplo, las personas en Japón aceptaron mejor que les atendiera un robot y no solamente para servirles la comida, sino que, además, para realizar la limpieza corporal. La aceptación de este tipo de robot se explicaba con que los japones tienen un cierto pudor para desnudarse delante de otras personas, algo que no se observa en las sociedades occidentales. 

Este ejemplo de los robots en el sector de la salud nos muestra cómo las máquinas pueden reemplazar al ser humano, por tanto, contribuyen -en este caso- al aumento del desempleo existente. Más allá del empleo, pienso que habrá que preguntarse si queremos vivir en un mundo en donde las personas serán sustituidas paulatinamente por robots.

Por otra parte, en varios países se observa una escasez de la fuerza laboral. Así que, el futuro del empleo para los profesionales del sector tecnológico altamente cualificados, denominados “turistas laborales”, resulta bien diferente. En palabras de Tomás Pereda, subdirector general de la Fundación Máshumano, estos profesionales ´saltan de liana en liana y permanecen en cada proyecto una media de 1,2 años´, o sea, ´pueden permitirse ser un poco más exquisitos. Si algo no les gusta -salario, conciliación, localización, presencialidad-, pues se cambian de organización´. Y añade: ´Creen que en un mundo inestable, la única estabilidad es uno mismo, y eso lo proporciona el vivir distintas experiencias en diferentes empresas, proyectos, roles, funciones … “ (Bárcena, 2023).

A continuación, quisiera referirme a la contradicción que significa que una economía tenga aún un número relativamente importante de desempleo, y que, por el otro lado, existen de manera creciente puestos de trabajo para los cuales las empresas no encuentran los trabajadores y profesionales adecuados.

Respecto al mercado laboral de Alemania, la Agencia Federal de Empleo informó en agosto pasado que la tasa de desempleo registró un 5,8% (Bundesagentur für Arbeit, 2023). A la vez, nunca los puestos de trabajo vacantes habían llegado a una cifra tan alta como en la actualidad, un total de aproximadamente 250.000 puestos de trabajo disponibles. Según el Ministerio Federal de Economía y Protección del Clima, las empresas están buscando matemáticos, informáticos, ingenieros de ciencias naturales, de tecnología electrónica, etc., pero también, maestros de oficio para distintos ámbitos de la construcción (electricidad, calefacción, tecnología sanitaria, instalación fotovoltaica), como, asimismo, profesionales con formación para los cuidados de personas mayores o enfermas (Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz / BMWK, 2023). El problema se agrava por el envejecimiento de la sociedad. Las cifras de la Oficina Federal de Estadística indican que “una de cada dos personas tiene más de 45 años y una de cada cinco tiene más de 66 años (Statistisches Bundesamt, 2023).

¿Cómo solucionar la escasez laboral? Aceptar un mayor ingreso al país de fuerzas laborales extranjeras choca con ciertas posturas políticas. Por otra parte, según una encuesta de la Jobplattform Indeed, más de un 20% de los responsables de recursos humanos de 400 encuestados rechaza emplear personas por encima de 55 años; un 4% pone el límite en 35 años (Schmidt-Stein, 2022). La discriminación por edad, denominado edadismo laboral, significa que muchas empresas no valoran los conocimientos adquiridos y las experiencias profesionales de personas mayores. Sin embargo, no pocos podrían ser de gran utilidad para la sociedad, tales como, técnicos ortopédicos, técnicos dentales, optometristas, especialistas en audífonos, respecto a los cuales también existen numerosos puestos de trabajo vacantes (Focus, 2023). El economista Michael Hüther del Instituto de la Economía Alemana (Institut der deutschen Wirtschaft/IW) aboga por un aumento de las horas laborales actuales en vez de una semana laboral de cuatro días como la proponen los sindicatos. Hüther opina que “debemos aprovechar el potencial de nuestra fuerza laboral para lograr la transformación a una economía climáticamente neutra con una entonces población reducida” (Spiegel, 2023).

La reacción del Gobierno ha sido la creación de un centro de competencia para el aseguramiento de profesionales cualificados (Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung), orientado a las pequeñas y medianas empresas para que encuentren, mantengan y puedan seguir formando a los trabajadores. Asimismo, ha elaborado una estrategia para el aseguramiento duradero de trabajadores y profesionales cualificados (Strategie zur nachhaltigen Sicherung von Fachkräften) que pone el énfasis en la educación y formación de gente joven (BMWK, 2023). 

2.2    Nuevos perfiles profesionales y potenciales ámbitos

El punto anterior del presente texto nos conecta con EURES (EURopean Employment Services), una plataforma en línea mediante la cual cerca de 5.000 empleadores publican los puestos de trabajo vacantes en sus empresas. Como señala la Comisión Europea, “en este momento hay más de cuatro millones de ofertas de empleo disponibles”, siendo EURES “la red europea más importante … de buscar y encontrar trabajo en los estados europeos” (CE, 2023). 

En un artículo reciente, EURES explica que de manera creciente mucha gente joven se interesa por profesiones que tienen efectos positivos en nuestras sociedades, ante todo, actividades profesionales relacionadas con el medio ambiente y el cambio climático. El organismo destaca que muchos de estos trabajos no existían hace 10 o 20 años atrás, sin embargo, se está observando un aumento de la demanda por los “empleos verdes”. EURES resalta que aún resulta difícil definir el concepto “empleo verde”, no obstante, presenta algunos de los perfiles más demandados (EURES, 2023):

• Ingenieros/as para energías renovables: instalación de plantas solares, instalación de molinos eólicos, etc.
• Ingenieros/as para el sector de la construcción: proyectos de eficiencia energética, planificación urbanística sostenible, etc.
• Científicos/as de ciencias naturales: recopilación, evaluación y conmutación de datos relativos a cuestiones medioambientales; investigación respecto al cambio climático; especialización en la calidad del aire, del suelo o de las aguas; asesoramiento de grandes empresas y organizaciones internacionales en materia de desarrollo sostenible, etc.
• Especialista para la industria pesquera: investigación de la población de peces, la biodiversidad de los peces, emergencias en el caso de derrames de petróleo, aspectos jurídicos relacionados con la industria pesquera, etc.
• Cirujanos/as de árboles6 : plantación de árboles y arbustos, mantenimiento y cuidados de árboles enfermos, protección de áreas naturales, regeneración forestal, protección ante incendios forestales, etc.
• Diseñador/a de productos: diseño de productos que tienen una mayor durabilidad y un menor impacto negativo en el medio ambiente; disminuir la huella ecológica en la industria textil y reducir la cantidad de residuos a causa de la moda fast fashion, etc.

En cuanto a las “Top 10 Emerging Technologies of 2023”, el Foro Económico Mundial resalta en su documento respectivo que ´este informe integral va más allá de enumerar las 10 tecnologías principales y sus riesgos y oportunidades asociados. Proporciona una evaluación cualitativa del impacto potencial de cada tecnología en las personas, el planeta, la prosperidad, la industria y la equidad´. Al respecto, Pedro Huichalaf, ex subsecretario de Telecomunicaciones del Gobierno de Chile y experto en ciberseguridad del ministerio de Defensa destaca que “debemos tener como prevención los desafíos éticos, legales y regulatorios para que este tipo de tecnología no se escape del control humano” (Huichalaf, 2023).

Estos top 10 tecnologías emergentes son (publicado en español por Huichalaf, ídem):

1. Combustible de aviación sostenible
2. Sensores microscópicos para plantas
3. Computación sostenible
4. IA Generativa
5. La IA en la salud y la sanidad
6. Metaverso para la salud mental
7. Virus de diseño
8. Mapas ómicos
9. Baterías flexibles
10. Electrónica neuronal flexible

Asimismo, Repsol, la multinacional energética y petroquímica española, elaboró una lista de “las profesiones del futuro más demandadas, muchas de ellas ligadas a tecnologías relacionadas con la llamada Cuarta Revolución Industrial” (Repsol, 2023):

• Ingeniero de nuevas energías
• Arquitecto e ingeniero de Smart Cities y casas inteligentes
• Especialista en transformación digital
• Guardián del clima: controlador de la huella de carbono
• Analista de Big Data
• Ingeniero de biotecnología
• Especialista en IoT
• Experto en cifrado y ciberseguridad
• Ingeniero de nuevos materiales
• Ingeniero de Fintech
• Experto en Inteligencia Artificial y aprendizaje automático
• Ingeniero de transporte inteligente

Lo descrito en este capítulo sobre “nuevos perfiles profesionales y potenciales ámbitos” nos dan sólo una idea de las posibilidades laborales y profesionales del futuro. A la vez nos hacen reflexionar sobre los enormes desafíos para la educación, la formación y el aprendizaje continuo que se convierten más que nunca en factores determinantes. 

Siendo asesora durante cuatro años del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo del Ministerio del Trabajo en Chile, opinaba -entre otros- (Woischnik, 2002): 

• "La educación y la formación son las herramientas clave en el camino hacia el progreso económico y social. Estos elementos no solo son la llave para el éxito individual de una persona, sino que, además, constituyen los factores decisivos para el bienestar y el desarrollo de un país.
• Existe un estrecho vínculo entre el sistema educativo y el sistema de formación profesional, o sea, aunque la formación profesional sea buena, ésta no puede amortiguar los déficits de la educación básica.
• Es muy importante sintonizar la formación profesional con las necesidades del mercado laboral, y detectar a tiempo (y no de manera reactiva) los cambios que se producen en las demandas de trabajo cualificado.”

3.1    La pérdida de empleo a raíz de medidas ambientales y climáticas

Antes que todo, cabe señalar, que la incidencia de la política ambiental y climática sobre el empleo puede ser de diversa índole, tales como: efectos positivos y negativos, efectos directos e indirectos, efectos a corto y a largo plazo, efectos brutos y netos, efectos tangibles e intangibles. Por lo tanto, no resulta fácil contabilizar los puestos de trabajo creados o perdidos a causa de exigencias o inversiones ambientales. Para poder evaluar los efectos netos -y no solamente los brutos- hay que considerar todos los efectos posibles: positivos, negativos, directos, indirectos, de corto y largo plazo (Sprenger, 1997). 

Respecto a la cuantificación de efectos negativos, a finales de los años 80 del siglo pasado se destacó que el problema de la causalidad múltiple en cuanto a determinados cambios de los costes, precios, ventas, producción, etc., conlleva a que el análisis de los efectos negativos de la política ambiental sobre el empleo se convierte en muchos ámbitos en una pura cuestión discrecional (Sprenger, 1989). Mencionar asimismo la aplicación de distintos modelos metodológicos por parte de institutos económicos, como son: el análisis en relación con los sectores de la demanda, o respecto a los de la oferta, incluso estudios que combinan ambos procedimientos.

A nivel individual, la pérdida de empleo a raíz del cierre de una empresa por una causa ambiental a menudo no puede ser subsanada con otro empleo, debido al bajo nivel de empleabilidad⁷  y de movilidad laboral. Como destacaba la OIT hace ya 30 años, en estos casos, “sería poco razonable esperar que los trabajadores que hayan quedado desempleados adopten una actitud filosófica ante esta situación: desde su punto de vista, los controles de la contaminación son los responsables de la supresión de sus puestos de trabajo”. De allí, es fundamental “la concesión de indemnizaciones financieras, la aplicación de amplios programas de readaptación profesional y la adopción de sistemas de jubilación anticipada sin pérdida de prestaciones” (OIT, 1993).

Hoy en día, el Gobierno español de Pedro Sánchez es precisamente un excelente ejemplo a nivel de la Unión Europea al tener un firme compromiso en el ámbito nacional e internacional en su lucha contra el cambio climático y la descarbonización de los sectores productivos. Entre los hitos destacan el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC), la primera Ley de Cambio Climático y Transición Energética y la Estrategia de Transición Justa.

Dicha Estrategia menciona que los procesos de transición energética y climática pueden causar la pérdida de empleo, a la vez que implican amplias oportunidades para la generación de nuevos puestos de trabajo. Conectando con lo expresado en el párrafo anterior, es relevante destacar que mediante los Convenios de Transición Justa se posibilita la prestación económica a comarcas afectadas por la transición ecológica, como ocurrió en el caso de Asturias con el cierre de pozos mineros.  

3.2    Oportunidades para la generación de empleo verde

La creciente relevancia que ponen gobiernos, empresas y sindicatos en los vínculos entre protección ambiental y generación de empleo⁸  se explica sobre todo por las necesarias respuestas a la crisis climática, sin dejar de mencionar la pérdida de la biodiversidad y la contaminación de diversa índole (aire, suelos, aguas y océanos).

Sin embargo, el origen de la aproximación a la interrelación entre medio ambiente y empleo se sitúa bastantes años atrás. En el caso de la Unión Europea cabe señalar el texto “Construir una Europa sostenible: La Comisión adopta una comunicación sobre medio ambiente y empleo” (CE, 1997). En este documento la CE resalta “que las políticas de medio ambiente y de empleo pueden consolidarse mutuamente y que estas dos políticas de interés común pueden integrarse en el marco más amplio la política general de la Unión Europea”. En aquel entonces, se estimó que aprox. 3,5 millones de personas tenían un empleo relacionado con el medio ambiente. A la vez, se advirtió de la tendencia en la Unión Europea de la ´subexplotación´ de la mano de obra, dado los altos índices de desempleo, y, por otro lado, de la ´sobreexplotación´ de los recursos medioambientales.

Es relevante destacar que no existe una definición única de “empleo verde”. Por otra parte, es necesario diferenciar entre “empleos verdes” y “empleos decentes”. En este contexto cabe señalar el Worldwatch Institute Report “Green Jobs: Towards decent work in a sustainable, low-carbon world” (2008), encargado en conjunto por el PNUMA, OIT, CSI y OIE, exponiendo los siguientes ejemplos:

“Green, but not decent”: 

• Reciclaje de productos electrónicos sin seguridad laboral adecuada
• Instaladores de paneles solares con salarios bajos
• Explotados jornaleros de plantaciones de biocombustibles

“Green and decent”:

• Empleos sindicalizados en energía eólica y solar
• Arquitectos verdes
• Empleados de transporte público bien remunerados

La Agenda 2030 hizo en 2015 precisamente referencia explícita a este tema en el ODS 8 “Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos”.

En su “Programa de Empleos Verdes”, la Organización Internacional del Trabajo hace hincapié en: “El trabajo decente es la piedra angular de políticas eficaces de economías verdes para lograr el desarrollo sostenible. Esto implica que los esfuerzos para reducir el impacto ambiental adverso deben conducir a resultados socialmente justos con oportunidades de empleo para todos” (OIT, 2016).

Las perspectivas a nivel mundial en cuanto a la generación de empleos verdes son positivas, debido a la creciente demanda en cualquier sector e industria. El Foro Económico Mundial expresa en su informe “Future of Jobs Report 2023” lo siguiente: “Según una estimación reciente de la Agencia Internacional de Energía (AIE), un escenario de recuperación verde podría generar cerca de un 3,5% de crecimiento adicional del PIB a nivel mundial, así como un impacto neto en el empleo de 9 millones de nuevos empleos creados cada año. A nivel mundial, la transición verde podría crear 30 millones de empleos en energía limpia, eficiencia y tecnologías bajas en emisiones para 2030” (WEF, 2023).

En el caso de España, según las previsiones del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, sólo las inversiones en energías renovables crearán hasta 2030 un número significativo de entre 102.000 y 182.000 empleos, “de los cuales se beneficiará principalmente la industria manufacturera (18%), construcción (15%), comercio y reparación (13%) asociados al sector renovable” (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico / MITECO). 

Respecto a América Latina y el Caribe, el informe “Creando empleos para una recuperación sostenible y un futuro de cero emisiones netas”, publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), destaca el gran potencial para la generación de puestos de trabajo a causa de las transformaciones en sectores como la agricultura, la silvicultura, las energías renovables, la construcción y la manufactura. En concreto, “aunque la pandemia de la COVID-19 ha expuesto la vulnerabilidad y las desigualdades en la región, la transición hacia una economía verde ´ofrece la promesa de crear 15 millones de nuevos puestos de trabajo netos´” (EfeVerde, 2020).

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