La evaluación de políticas públicas, fuertemente vinculada con la misión de supervisión fiscal, es una tarea central en la labor de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Desde el organismo se presta especial atención a la evaluación de la política de empleo dada su relevancia económica y su influencia en la sostenibilidad de las finanzas públicas. Este artículo pretende brindar una visión general de las evaluaciones realizadas por la AIReF en el ámbito de las políticas de empleo y mostrar los desafíos a los que se enfrenta la evaluación de este tipo de políticas.

Palabras clave: Evaluación de políticas públicas, sostenibilidad de las finanzas públicas, políticas activas de empleo, salario mínimo. 
 

The evaluation of public policies, closely linked to the mission of fiscal oversight, is a central task in the work of the Independent Authority for Fiscal Responsibility (AIReF). The organization pays special attention to the evaluation of labour market policy due to its economic significance and its impact on the sustainability of public finances. This article aims to provide an overview of the evaluations conducted by AIReF in the field of employment policies and to highlight the challenges faced in evaluating this type of policy.

La evaluación de políticas públicas es, desde 2017, una tarea central en la labor de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que se encarga de velar por la sostenibilidad de las finanzas públicas para asegurar el crecimiento económico y el bienestar de la sociedad española a medio y largo plazo. La evaluación es una función que guarda un estrecho vínculo con la misión de supervisión fiscal, ya que contribuye al desarrollo de políticas basadas en la evidencia más eficaces y eficientes, y así lo entiende el Consejo de Ministros cuando, desde 2018, le encarga realizar los denominados Spending Reviews. En 2021 la evaluación del gasto público se incorpora formalmente a las funciones de la AIReF y su papel se refuerza con la creación de una división específica destinada a tal fin.

En ese marco, la política de empleo es uno de los grandes focos de interés de la AIReF por su relevancia económica y presupuestaria. Desde una perspectiva global, las políticas de empleo son especialmente relevantes en países como España que cuentan con bajas tasas de empleo, altas tasas de paro, una eleva incidencia del desempleo de larga duración y problemas de integración de los jóvenes en el mercado laboral. En el ámbito de trabajo de la AIReF, el comportamiento del mercado de trabajo está directamente relacionado con los ingresos fiscales a través de las cotizaciones sociales y otros impuestos sobre las rentas del trabajo y el consumo, pero también con el gasto público en términos de prestaciones y subsidios de desempleo. Por otro lado, el empleo está estrechamente vinculado con la actividad económica a corto y medio plazo y su buen comportamiento puede contribuir a reducir la ratio de deuda pública por el crecimiento del PIB, en su denominador, o a empeorarla en el caso de un aumento del desempleo. Esta relevancia explica el seguimiento continuo que la AIReF realiza de las magnitudes relacionadas con el mercado de trabajo y de la política de empleo.

No sorprende, por tanto, que el mercado laboral haya tenido un papel destacado en el desarrollo de la actividad de evaluación del gasto público en la AIReF, ya que el análisis de las políticas activas de empleo formó parte de los dos primeros ejercicios de revisión del gasto (Spending Review) que le encargó el Consejo de Ministros en respuesta al compromiso adquirido con la Comisión Europea, y de otros estudios encargados por gobiernos autonómicos. 

El resto del artículo pretende ofrecer una panorámica de las evaluaciones que ha realizado la AIReF en el ámbito de las políticas de empleo. En particular, se trata de ilustrar con algunos ejemplos las metodologías de evaluación aplicadas y de sintetizar las principales conclusiones que se pueden extraer de estos estudios. Para conocer con mayor detalle cada uno de estos trabajos, se puede consultar la página web de la AIReF, en la que se recogen los estudios y el material complementario correspondiente (presentaciones, notas de prensa, metodología, gráficos y tablas, etc.), así como un observatorio de los hallazgos y las propuestas que se han derivado de los distintos estudios.
 

Dentro de las políticas de empleo, los encargos recibidos por la AIReF evidencian el interés de los gestores públicos por evaluar la eficacia de las políticas activas, aquellas que buscan mejorar el acceso al empleo de las personas desempleadas y la empleabilidad de la población en edad de trabajar. El Consejo de Ministros encargó a la AIReF evaluar el conjunto de las políticas activas de empleo en el marco de la primera fase del Spending Review 2018-2021 y, en la segunda, le encomendó estudiar la eficacia de una de ellas: los incentivos a la contratación en forma de bonificaciones y reducciones en las cuotas a la seguridad social. Posteriormente, los gobiernos de Castilla y León y de Extremadura le solicitaron la evaluación de programas de su catálogo de servicios para personas desempleadas, con el fin de conocer y mejorar la eficacia de sus actuaciones¹.

Para llevar a cabo los proyectos de evaluación, la AIReF presenta en primer lugar una propuesta de plan de acción donde, en colaboración con los promotores de las evaluaciones y con los responsables de las políticas, se concreta el objetivo de la evaluación, su alcance temporal, la información y los colaboradores que considera necesarios, la metodología que se aplicará y un calendario de trabajo. Una vez consensuada y aceptada esta propuesta, se ponen en marcha todas las tareas, que terminarán con la confección de un informe donde se recogen los hallazgos de la evaluación y un conjunto de propuestas para mejorar las debilidades que se identifiquen. Durante todo el proceso se busca la participación de expertos tanto en la política a evaluar como en las técnicas a aplicar.

Desde principios de 2023, además, esta información se recoge de forma sistemática en el Observatorio de hallazgos y propuestas². El objetivo de esta iniciativa es doble: el seguimiento de las propuestas es una herramienta para acercar las evidencias al responsable de la política evaluada, impulsar la utilidad de las evaluaciones y mejorar la transparencia, pero también proporciona a la AIReF información valiosa sobre el propio proceso de evaluación. En particular, conocer las razones por las que las propuestas no se han implementado permite identificar nuevos elementos y factores de riesgo que se podrán tener en cuenta para mejorar su formulación en siguientes estudios. En el futuro sería muy interesante que los gobiernos encargaran a la AIReF evaluar si las propuestas aplicadas son capaces de corregir las deficiencias detectadas o si generan efectos indeseados, lo que completaría el ciclo de la evaluación.

Las metodologías empleadas en estos trabajos son variadas y se combinan según las necesidades planteadas en cada caso. En un breve ejercicio de síntesis, se podrían clasificar en las siguientes categorías:

• Análisis documental: en todo el ciclo de diseño y gestión de las políticas públicas se genera gran cantidad de información (estrategias, planes, instrucciones, resoluciones, memorias…) de utilidad para la evaluación, ya que revela las intenciones explícitas de los decisores al diseñar la política, sus objetivos y sus mecanismos de funcionamiento previstos. La ayuda de los gestores resulta clave para identificar los documentos relevantes, que posteriormente se analizan de forma estructurada y sistemática.

• Entrevistas y encuestas: la interlocución con los responsables de las medidas evaluadas es constante durante todo el proceso, pero además resulta muy valioso realizar entrevistas estructuradas o semiestructuradas y encuestas en las que recoger su opinión sobre aspectos concretos. La panorámica se completa con encuestas a los participantes en los programas y a las entidades promotoras e incorporando la visión de los agentes sociales. En esta fase es posible detectar objetivos e intenciones implícitas, así como otro tipo de estructuras informales que complementan a las explícitas o formales que se recogen en la documentación publicada.

• Análisis comparado: la exploración de políticas y programas similares en otros ámbitos territoriales o temporales es una herramienta muy útil para identificar debilidades y buenas prácticas que alimentan la formulación de propuestas. Además de establecer claramente los aspectos que se van a comparar y los criterios que servirán de guía al análisis, es importante tener en cuenta el contexto social, económico e institucional de los países o regiones seleccionados para la comparación.

• Técnicas cuantitativas de evaluación de impacto: la eficacia de este tipo de políticas se suele medir en términos de la probabilidad de que sus beneficiarios estén trabajando en un determinado horizonte temporal tras su participación en los programas; comparando esta probabilidad entre los beneficiarios y un grupo de personas de características similares pero que no han sido partícipes de las medidas a evaluar (grupo de control), estas técnicas permiten atribuir la causa de las diferencias al programa. La técnica de diferencias en diferencias combinada con métodos de emparejamiento es una de las opciones metodológicas más utilizadas en los proyectos descritos.

Las bases de datos que recogen información sobre el mercado laboral y las políticas de empleo resultan esenciales para llevar a cabo la evaluación de impacto. Aunque cada caso puede requerir alguna variable o fichero específicos, los datos comunes a todas estas evaluaciones provienen principalmente de dos fuentes. 

En primer lugar, los servicios públicos de empleo cuentan con registros de todos los demandantes de empleo en cada momento del tiempo y del historial de servicios proporcionados a cada uno de ellos. Además, poseen información sobre los participantes en cada programa y sobre su desarrollo. Ambos conjuntos de información permiten seleccionar individuos similares de fuera y dentro del programa cuyo desempeño en el mercado laboral se va a comparar. Este desempeño se puede evaluar en términos de los contratos firmados, también registrados por los servicios públicos de empleo y, junto con los registros anteriores, homogeneizados con fines estadísticos por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Más rica resulta la evaluación del desempeño laboral en términos de afiliación, puesto que en ese caso es posible conocer en cada momento si una persona está trabajando o no, así como las características del puesto, como el tiempo de trabajo o su remuneración. Estos registros de vida laboral son responsabilidad de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), que los ha cedido a la AIReF en todos estos proyectos para poder combinarlos con la información de los servicios públicos de empleo. A pesar de la excelente colaboración de todos los organismos demostrada en la cesión de los datos, estos cruces se realizan ad hoc para cada estudio, sin que exista un canal preestablecido y unos protocolos sistematizados entre la TGSS y los servicios de empleo que doten a estos ejercicios de continuidad, agilidad y seguridad y disipen las inevitables reservas de los gestores que se enfrentan a este tipo de peticiones por primera vez.

Además de los encargos recibidos en el ámbito de las políticas activas, la AIReF ha evaluado otras políticas de empleo por su impacto en magnitudes relevantes para la supervisión de la sostenibilidad de las finanzas públicas, como por ejemplo la subida del salario mínimo que se produjo en 2019. Esta fue una evaluación exclusivamente cuantitativa basada en la Muestra Continua de Vidas Laborales y en series de afiliados muy detalladas, proporcionadas en ambos casos por la TGSS.

En los apartados siguientes se destacan algunos ejemplos de aplicación de estas metodologías en los proyectos desarrollados.

La primera aproximación a la evaluación de las políticas activas de empleo³ pretendía identificar los factores que podían estar restando eficacia a las actuaciones de los servicios públicos de empleo, que deben desempeñar su función en un mercado de trabajo caracterizado por su elevado desempleo y por una alta tasa de temporalidad.

Para llevar a cabo un reto tan ambicioso fue necesario involucrar a multitud de agentes (Ministerio de Trabajo, SEPE, servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas, TGSS…) y abordarlo desde una perspectiva global (cuadro 1): se analizaron aspectos estratégicos y procedimentales, se estudió la eficacia de algunos programas, sentando las bases para evaluaciones posteriores, y se desarrolló una guía para futuras evaluaciones de eficiencia.

Muchas de las conclusiones y propuestas de este estudio han servido para impulsar algunos de los cambios propuestos en la Ley de Empleo, como la creación del expediente laboral personalizado único⁴ , la obligatoriedad de comunicar los puestos vacantes con los que cuenten las empresas y demás entidades empleadoras usuarias de los servicios de empleo o el refuerzo del rol de la oficina de empleo buscando dotarla de los recursos humanos y materiales suficientes  para poder responder a la realidad laboral local. Dada su reciente aprobación, será importante hacer un seguimiento de su implementación y evaluar estas iniciativas para garantizar que alcanzan la eficacia esperada. 

2.1.1.    Incentivos a la contratación

El siguiente estudio realizado por la AIReF en el ámbito del empleo se centró en una única herramienta de impulso del empleo: los incentivos a la contratación mediante la bonificación o reducción de las cotizaciones a la seguridad social⁵ . Se trató de responder principalmente a dos preguntas: ¿aumentan los incentivos la probabilidad de que los individuos a los que se dirigen encuentren trabajo o emprendan una actividad?; ¿ayudan a que los beneficiarios mantengan su empleo? Esta evaluación desde el punto de vista individual se completó con un estudio desde la perspectiva de las empresas, con el fin de analizar su respuesta ante cambios en la política de incentivos y determinar su efecto neto sobre el empleo.

Este proyecto contó con una exhaustiva revisión de la legislación en materia de incentivos entre 2011 y 2018, que resultó esencial para plantear los ejercicios de evaluación de impacto aislando los efectos de las múltiples medidas que se tomaron durante ese periodo (cuadro 2). Además, puso de manifiesto la falta de armonización de los incentivos entre sí y con otros instrumentos bajo la responsabilidad de las comunidades autónomas.
 

Los resultados mostraron indicios de la eficacia potencial de los incentivos, pues se constató que sí facilitan la obtención de empleo en periodos de crisis. Sin embargo, los efectos positivos son modestos y se encontraron sobre todo en individuos con un nivel de formación medio-alto. Además, no perduran en el tiempo una vez que desaparece el incentivo. Por otro lado, utilizando el Panel Empresa Trabajador (PET), una muestra representativa de empresas con la vida laboral completa de sus trabajadores, se estimó que la reducción no anticipada de los incentivos en un 50%, acaecida en julio de 2012⁶ , incrementó la caída del empleo aproximadamente un 8%. En términos de evaluación de políticas, un cambio como este recibe el nombre de experimento natural. No son muy frecuentes, pero cuando se producen son uno de los métodos más útiles de análisis causal.

A la vista de las conclusiones alcanzadas, la AIReF propuso abordar las reformas estructurales del mercado de trabajo necesarias para poder focalizar y simplificar el sistema de incentivos e impulsar su vinculación con otras políticas activas y con el ciclo económico; mejorar los contratos de formación y promover su uso y rediseñar los incentivos dirigidos a la contratación de personas con discapacidad. Algunas de estas propuestas se han trasladado tanto a la reforma laboral como a la reciente Ley de Incentivos, cuyo desarrollo será necesario evaluar para comprobar si los cambios mejoran su eficacia. A pesar de estos avances en la buena dirección, queda todavía espacio para mejorar la coordinación con las subvenciones de las comunidades autónomas, con otros programas de activación y con el ciclo económico. 

2.1.2.     Formación

Los programas de formación son una de las herramientas más utilizadas por los servicios públicos de empleo para activar a las personas desempleadas y actualizar sus conocimientos y capacidades con el fin de facilitarles el acceso al empleo. En ocasiones se combinan con otras acciones de apoyo, como orientación laboral, desarrollo de habilidades de búsqueda de empleo o compromisos de contratación por parte de las empresas.

La AIReF ha evaluado varios de estos programas por petición de los gobiernos de Castilla y León⁷  y de Extremadura⁸ .

En el primer caso, para dar respuesta a las inquietudes de los responsables del servicio público de empleo de Castilla y León, se planteó una evaluación de carácter multidimensional que, en el ámbito de la formación, se organizó en los tres ejes representados en el cuadro 3. 

Entre otras tareas, en este estudio se realizó un análisis del conjunto de indicadores producidos con distintos fines en el que se utilizó un sistema de semáforo (cuadro 4) aplicado a una selección de criterios de evaluación para cada indicador individual (adecuación, pertinencia, relevancia, claridad, accesibilidad y regularidad) y para el conjunto (cobertura, suficiencia, complementariedad, comparabilidad, duplicidades, transparencia, evaluabilidad, regularidad y participación).

La aplicación de técnicas de evaluación de impacto a las bases de datos descritas en el primer apartado encontró resultados positivos de los programas de formación en la empleabilidad, que varían según la familia formativa y disminuyen en el tiempo. Los cursos de formación tradicionales, conocidos como programa FOD en Castilla y León, aumentan entre 5 y 10 puntos porcentuales la probabilidad de encontrar un trabajo, sobre una probabilidad entre el 25% y el 45% de quienes no participan en el programa. El gráfico 1A muestra el cambio en la probabilidad de encontrar trabajo, en puntos porcentuales, que se produce por participar en un curso de la familia de comercio y marketing (COM), servicios socioculturales y a la comunidad (SSC), hostelería y turismo (HOT) y administración y gestión (ADG), varios meses después de su finalización. En este último caso, el impacto del programa sería nulo. Cuando la formación se acompaña de acciones de orientación y de apoyo a la inserción laboral (programa OFI), la probabilidad de encontrar trabajo aumenta entre 10 y 15 puntos porcentuales adicionales sobre las personas que reciben únicamente formación. Sin embargo, este efecto se observa únicamente en los primeros meses tras la finalización del curso y se desvanece en el medio plazo (gráfico 1B).

Los hallazgos derivados de esta evaluación mostraron que un diseño apropiado de los programas de formación puede ser de especial utilidad a la hora de reducir el desempleo juvenil o la incidencia del desempleo de larga duración, dos de las debilidades estructurales del mercado de trabajo español, y llevaron a la AIReF a proponer una revisión del modelo de financiación y provisión de la formación para desempleados en el ámbito laboral, mejorando algunos aspectos del modelo vigente como la promoción de la naturaleza pluridimensional de los programas o el adecuado dimensionamiento y orientación de la oferta formativa. También se formularon propuestas específicas para impulsar el seguimiento y evaluación de las acciones formativas. 

2.1.3.    Contratación directa

Los programas de contratación directa son iniciativas para generar puestos de trabajo de manera directa ante la escasez de oportunidades de empleo en determinadas áreas. El objetivo de estos programas consiste en ofrecer experiencias laborales de carácter temporal a sus beneficiarios, principalmente personas con dificultades de inserción laboral, con el propósito de mantenerlos en contacto con el mercado y mejorar su empleabilidad en el medio y largo plazo, así como de mantener sus rentas.

La AIReF ha evaluado varias iniciativas de este tipo de políticas activas de empleo en los proyectos de Castilla y León y Extremadura, adaptando el enfoque al diseño y objetivos de cada programa.

Por ejemplo, el análisis de un programa de contratación pública de desempleados de la minería en ayuntamientos afectados por el declive de esta actividad (ELMIN) encontró que, en términos de empleo, el único beneficio del programa fue el tiempo que los participantes permanecieron contratados bajo el mismo, puesto que no mejora su inserción laboral posterior. Este resultado está en consonancia con los metaanálisis de Card, Kluve y Weber de 2010 y 2018, una referencia de la literatura empírica sobre evaluación de impacto de las PAE. 

En el gráfico 2 se observa que hasta tres meses después de la finalización del programa las personas contratadas en ELMIN tienen una probabilidad de encontrar un empleo 15 puntos porcentuales inferior a la de las personas de similares características que no participan en él. Se trata de un efecto muy habitual en los programas de empleo, conocido como efecto encajonamiento o lock-in effect en inglés, que se produce porque las personas que participan en el programa dedican menos tiempo y esfuerzo a la búsqueda de empleo que aquellos que no participan. En cambio, a partir de los seis meses, se observan efectos positivos, aunque no significativos en términos estadísticos. 
 

A la vista de los hallazgos encontrados en la evaluación,  se propuso impulsar una mayor focalización de estos programas en los colectivos con mayores dificultades para encontrar un empleo alternativo, el diseño eficaz de programas que combinen formación y empleo y un mayor impulso al acompañamiento y orientación a los beneficiarios al finalizar los programas.
 
 

El incremento del salario mínimo interprofesional es otra de las medidas del ámbito laboral que, por sus implicaciones presupuestarias y económicas, es objeto de seguimiento y evaluación por parte de la AIReF. Las consecuencias de esta medida pueden ser múltiples: desde el punto de vista presupuestario, vía cotizaciones sociales; desde una perspectiva económica, puede aumentar el consumo e incluso estimular la participación de los trabajadores en el mercado laboral, siempre que el incremento del coste laboral no provoque una reducción de la contratación o una destrucción de empleo; desde el punto de vista de la equidad, puede reducir la desigualdad, aunque los efectos pueden verse aminorados si la posible destrucción de empleo se concentra en los individuos y trabajadores más vulnerables. Los efectos del salario mínimo sobre el empleo y otras variables se han estudiado también desde un punto de vista empírico en muchos países, regiones y sectores, con resultados muy heterogéneos.

En enero de 2019 se produjo en España una subida del SMI del 22%, hasta los 900 euros mensuales, una magnitud muy superior a las registradas en décadas anteriores. Un año después de su entrada en vigor la AIReF realizó una evaluación⁹  con un planteamiento metodológico novedoso, que combina la perspectiva macroeconómica con el uso de información y técnicas micro. En ausencia de microdatos individuales en el momento de la realización del trabajo, se aplicó el enfoque micro, que compara grupos afectados y no afectados, a series de datos agregados muy granulares (por provincia, sector de actividad y características de los trabajadores) proporcionadas por la TGSS. Para determinar cuáles eran los grupos afectados identificados se construyó un indicador multidimensional a partir de datos individuales.

Un indicador relevante de la incidencia potencial de la subida es el porcentaje de trabajadores que ganan menos que el nuevo SMI en cada colectivo analizado¹⁰ . De haber tenido la subida algún efecto significativo sobre el empleo, este sería mayor en aquellos colectivos o celdas donde ese porcentaje haya sido mayor. Sin embargo, el coste que tiene la medida analizada para una empresa depende también del salario inicial de los trabajadores afectados y su distancia al salario mínimo establecido. Así, el indicador utilizado en el análisis cuantifica el porcentaje de trabajadores afectados directamente por la subida en distintos subgrupos y lo pondera por la distancia entre el nuevo umbral y la base de cotización¹¹ del individuo.

La evaluación concluyó que, como consecuencia del incremento del SMI en 2019, se habría reducido el ritmo de crecimiento del empleo entre 0,13 y 0,23 puntos porcentuales, o, dicho de otra manera, se habrían perdido entre 19.000 y 33.000 afiliados en 2019. 

La aprobación de la directiva europea sobre salarios mínimos adecuados ha concedido una relevancia especial a esta medida, al establecer procedimientos para garantizar la adecuación del salario mínimo legal como la determinación de criterios claros para su fijación, mecanismos de actualización y apoyo en órganos consultivos. Por ello, es conveniente seguir profundizando en el análisis de sus efectos para contribuir a guiar las decisiones sobre su evolución y consolidar iniciativas como la comisión de expertos constituida por el Ministerio de Trabajo, encaminadas a reducir la incertidumbre en este ámbito y consensuar una senda a medio plazo para el SMI, reforzando la transparencia, estableciendo calendarios y promoviendo la disponibilidad de información detallada, relevante y puntual. 
 

La capacidad de interlocución de la AIReF con los distintos niveles de la administración y su deber de colaboración, la diversidad de metodologías aplicadas, adaptadas a cada proyecto, y la independencia de la AIReF, han resultado clave en el desarrollo de los estudios anteriores, que han proporcionado evidencia novedosa sobre los efectos de las políticas y han contribuido a impulsar y diseñar las reformas en política de empleo, tan relevante en un país como el nuestro, que se están llevando a cabo al amparo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Pero este no es el único beneficio de estos ejercicios: el camino recorrido ha contribuido a sentar las bases para integrar la evaluación en el ciclo de las políticas públicas, ha impulsado el uso de los registros administrativos con fines de evaluación, ha introducido nuevos enfoques y técnicas de análisis y ha desarrollado nuevas habilidades y un mayor conocimiento de las políticas en los equipos de evaluación, promoviendo la colaboración entre administraciones. La AIReF ha sido testigo activo de cómo, desde sus primeras experiencias con los Spending Review, ha surgido un ecosistema en torno a estas evaluaciones formado por expertos e investigadores, consultores y universidades que han contribuido al desarrollo de la cultura evaluadora y a su imprescindible aplicación a las administraciones públicas.

En paralelo, en España se han dado pasos muy importantes en esta materia. Por mencionar los avances más relevantes relacionados con el tema de este artículo, se ha producido la ya mencionada incorporación de la evaluación del gasto público a las funciones de la AIReF, se ha formalizado el compromiso de que el gobierno dé continuidad a los ejercicios de revisión del gasto mediante encargos anuales a la AIReF y se ha establecido la publicación de un informe anual por parte del Ministerio de Hacienda con el seguimiento de las propuestas de dichos ejercicios. También se ha aprobado la Ley de institucionalización de la evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado, que recupera un organismo dedicado específicamente a promover y estandarizar la evaluación de políticas y, en el ámbito del mercado laboral, la Ley de Empleo presenta una apuesta decidida por la evaluación de las políticas de empleo, destacando que serán objeto de una evaluación continuada, planificada, dirigida en el seno del Sistema Nacional de Empleo y realizada con carácter externo e independiente.

Desde la experiencia de la AIReF se pueden identificar varios retos para que estos esfuerzos desemboquen en una evaluación útil para los gestores públicos y para la sociedad en general. Se han de acompasar los tiempos de la gestión pública y los de la evaluación, quizás calendarizando los objetivos de esta según el horizonte temporal de los posibles impactos de la política, pero también dotando de flexibilidad a la formación de equipos, en colaboración con la universidad y el sector privado. Además, resulta imprescindible promover espacios de diálogo y colaboración entre los evaluadores y los gestores, de forma que los primeros puedan incorporar a la evaluación el conocimiento e inquietudes de los segundos y estos puedan maximizar la utilidad de los análisis. Por último, es de suma importancia generar la información necesaria para la evaluación desde el diseño de los programas o políticas y seguir sistematizando canales y protocolos ágiles de intercambio entre administraciones y de puesta a disposición de los analistas, sin descuidar las indispensables garantías de seguridad y confidencialidad. 

La AIReF continuará monitorizando y evaluando el comportamiento del mercado de trabajo y el impacto de las políticas de empleo como parte de su labor de supervisión de las finanzas públicas. Desde la perspectiva de evaluación, confía en seguir aportando evidencia mediante futuros encargos en este ámbito, tal y como se recoge en el compromiso del Consejo de Ministros para el Spending Review 2022-2026. Además, resultaría muy relevante evaluar el sistema educativo, en particular la nueva Ley de Formación Profesional, y otras medidas que afecten al funcionamiento del mercado laboral, dados los enormes retos que todavía tenemos por delante.