España se encuentra actualmente ante un gran desafío debido al cambio que se está produciendo en los flujos migratorios, desafío en el que la solidaridad y la colaboración interterritorial juegan un papel fundamental y del que Europa no es ajena.

Los flujos migratorios de entrada a nuestro país están compensando con creces el envejecimiento de la población española.

La migración regular, ordenada y segura es una oportunidad y una fuente de riqueza y no solo en términos económicos sino también sociales, por lo que la política en esta materia debe ir más allá de los irrenunciables derechos humanos, de manera que permita impactar positivamente en nuestra economía a través de medidas que favorezcan la integración de inmigrantes en el mercado de trabajo y la sociedad.

Ante este desafío el papel del diálogo social se hace más que necesario siendo de gran importancia tener una visión compartida de todos los interlocutores sociales.
 

Spain currently faces a major challenge due to the changing migration flows, a challenge in which solidarity and inter-territorial collaboration play a fundamental role, and to which Europe is no exception.

Incoming migration flows to our country are more than offsetting the aging of the Spanish population.

Regular, orderly, and safe migration is an opportunity and a source of wealth, not only in economic but also social terms. Therefore, policy on this matter must go beyond inalienable human rights, enabling it to positively impact our economy through measures that promote the integration of immigrants into the labor market and society.

In order to achieve this challenge, the role of social dialogue becomes more than necessary, and it is of great importance to have a shared vision among all social partners.
 

En la actualidad España está viviendo un momento histórico en el que se está produciendo un cambio claro y evidente en los flujos migratorios, lo que nos coloca como país ante un gran desafío en el que la solidaridad y la colaboración interterritorial son claves. Pero el desafío no es solo un desafío de país, es un desafío global y si miramos al exterior, más allá de nuestras fronteras, es fácil darse cuenta de que esto es así.

Los flujos migratorios de entrada a nuestro país están compensando con creces el envejecimiento de la población española. Tanto como para reforzar la economía, a falta de un más que deseable aumento significativo de productividad.

 Si la productividad no aumenta, requerirá de muchos millones de personas más en los próximos años. Tal es así que la proyección en el horizonte de 50 años del INE converge a una estructura de población bien diferente: casi un 40% de los residentes en España serían nacidos fuera de nuestras fronteras, frente a menos del 20% actualmente y poco más de un 5% a inicios de siglo.

Evidentemente, esta atracción de inmigrantes, cuya más fácil integración por razón de su mayoritaria procedencia representa para España un importante activo, conlleva también algunas implicaciones colaterales no siempre fáciles de gestionar. Una de ellas, por ejemplo, es la de la presión adicional sobre el mercado de la vivienda.
 

Es obvio que, a diferencia de lo que ocurría en tiempos pasados en los que las diferentes crisis obligaban a jóvenes y no tan jóvenes a migrar de nuestro país en busca de mejores oportunidades y porvenir, ahora España se ha convertido en un país de llegada de inmigrantes, por lo que es esencial una buena gestión migratoria.

La migración es una oportunidad y una fuente de riqueza y no solo en términos económicos sino también sociales, por lo que la política en esta materia debe ir más allá de los irrenunciables derechos humanos, de manera que permita que se produzca un impacto positivo en nuestra economía a través de medidas que favorezcan la integración de inmigrantes en el mercado de trabajo, en aquellos sectores clave y que son deficitarios de mano de obra.
 

Ante este desafío el papel del diálogo social se hace más que necesario y tener una visión compartida de los interlocutores sociales en esta temática, tanto desde punto de visto laboral como en lo relativo a la integración de las personas de origen inmigrante en la sociedad española, es de vital importancia.

Por ello, el Consejo Económico y Social de España, institución en la que reside el diálogo social institucionalizado ha venido considerando, desde hace más de veinte años, de manera explícita, los flujos migratorios a través de sus dictámenes, informes y memorias anuales sobre la situación socioeconómica y laboral del país y así por ejemplo en 2004 elaboró un informe sobre inmigración y mercado de trabajo, en paralelo al proceso de diálogo social cuyo acuerdo se plasmó en la reforma posterior del reglamento de extranjería, en el año 2009 elaboró el dictamen sobre el sobre el Anteproyecto de Ley de Reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social y en 2019 elaboró el Informe 2/2019, sobre la inmigración en España: efectos y oportunidades, que repasa de una manera completa todas la facetas del hecho migratorio.
 

En España se ha producido en los últimos años un rápido crecimiento de la población extranjera que pasó de representar menos del 2 por 100 en los últimos años 90 a suponer el 12 por 100 en 2012, con un intenso crecimiento en los años de la gran burbuja económica (900.000 personas extranjeras más en el saldo de entrada 2007).

Pese al efecto coyuntural de la gran recesión posterior, donde se invirtió el saldo migratorio (tanto por la salida de personas extranjeras como de personas de nacionalidad española), el peso de la población de origen inmigrante ha seguido crecido y así a enero de 2024 la población extranjera supuso cerca del 13 por 100 de los residentes en España, pero si se suman los 3,2 millones de personas con doble nacionalidad, el peso está ya por encima del 18 por 100.

Sin embargo, si algo caracteriza la situación actual es una mayor movilidad y un incremento sobre los flujos de salida y de entrada ligados a la globalización y a la búsqueda de mejores oportunidades de vida y trabajo.

 Por tanto en estos momentos en los que afrontamos retos demográficos como la  longevidad  que coincide a su vez  en la actualidad con otros aspectos demográficos como son: el descenso de la fertilidad, especialmente acusado en los países desarrollados, y la progresiva llegada a la edad de jubilación de las generaciones del baby boom, que en España comprende a las nacidas entre 1958 y 1977, la inmigración junto con su impacto en el mercado laboral son aspectos interrelacionados y de gran importancia.
 

Estos aspectos a los que me refiero, sin entrar en otros retos como los asociados a la digitalización de la economía, se han puesto de manifestó en los últimos años.  Así  hay que tener en cuenta que hasta 2018-19 se produjo la salida de adultos jóvenes autóctonos a raíz de la crisis, sin embargo la escasez de datos sobre estos flujos y su posible relación con el complejo circuito global del “talento” redujo considerablemente una de las perspectivas que ha cobrado, seis años después, mayor actualidad, como muestra la competencia por ese “talento”, entendido como nuevos puestos en nuevas actividades que requieren nuevas habilidades y competencias, donde la información de las empresas refleja, en casi todas partes, dificultades para su cobertura.

No obstante, aunque la pérdida afecta a todo el capital humano los mayores problemas de cobertura de puestos, por volumen y para el medio plazo, son de reposición, es decir, para cubrir jubilaciones y contingencias similares en puestos ya existentes que se mantendrán, con independencia de la cualificación y competencias que requiera su desempeño. Esto tiene su origen en el envejecimiento de las plantillas y está también en el trasfondo de los problemas de cobertura a los que aluden las empresas.

Siendo los flujos migratorios un fenómenos global y de naturaleza transnacional, las respuestas no pueden venir exclusivamente de soluciones nacionales y por tanto son necesarios más avances en la adopción de dicha política de modo que se favorezca la integración sociolaboral, la activación, el reconocimiento de las cualificaciones y el desarrollo de las competencias de las personas migrantes, así como un mejor desarrollo efectivo de la libertad de circulación de trabajadores en la UE, mediante mayores esfuerzos de armonización y levantamiento de trabas administrativas.

En el Informe elaborado por el Consejo Económico y Social de España, sobre la Gobernanza de la UE de 2023 con ocasión de la presidencia española de la UE, y a raíz de los acontecimientos relacionados con la guerra en Ucrania y la llegada de refugiados a Europa provenientes de distintos conflictos, así como con motivo de la irrupción de formaciones políticas abiertamente xenófobas en el panorama europeo, se procedió a la valoración de los avances en torno a esa política común.

 En ese informe se llegó a la conclusión de que se habían diseñado nuevos instrumentos, a través del Pacto sobre Migración y Asilo en el ámbito europeo, presentado en 2020, en torno a cinco ejes:  la gestión integrada de fronteras y lucha contra el tráfico ilícito de inmigrantes; un marco común para la gestión de la migración y el asilo; la colaboración con los principales países socios de origen y tránsito para el reasentamiento y la atracción de capacidades y talentos; el sistema de preparación y respuesta ante crisis migratorias y finalmente el Plan de Integración e inclusión 2021-2024.

Todo un desafío logístico y de coordinación que se está viendo de nuevo desbordado por diversos acontecimientos.  y sobre todo por la pervivencia de desconfianzas en el territorio europeo, con controles fronterizos dentro del espacio Schengen y dificultades en la cooperación judicial y policial
 

Entrando en aspectos más relacionados con el mercado de trabajo desde una perspectiva global, es destacable que, como ya se ha señalado, se está asistiendo a nuevo ciclo migratorio, donde la búsqueda de mejores oportunidades de vida sigue siendo el objetivo genérico a la mayor parte de los proyectos migratorios.

En el caso de España se observa un rápido repunte de la inmigración tras la caída durante la crisis, aumentando la diversidad de países de nacimiento de los inmigrantes y constatándose el avance de la presencia de mujeres hasta alcanzar una participación muy igualada en los datos anuales, así como una mayor presencia de edades relativamente más altas. En España la media de edad de los nuevos inmigrantes se sitúa en los treinta y cinco años.

El principal efecto de estos flujos migratorios de las últimas décadas ha sido la importante transformación de la sociedad española, que ha ganado en volumen, diversidad y riqueza cultural.

El resultado es que se mantiene y repunta el stock de población inmigrante o de origen inmigrante. En cuanto a su situación administrativa, se constata que la regularidad administrativa es hoy en día lo más frecuente entre los extranjeros, a diferencia de lo que ocurría a principios de siglo.

 No obstante, en el contexto de las entradas irregulares en nuestro país, resulta relevante el creciente volumen de menores de edad no acompañados (MENA), habiéndose localizado 12.878 MENA en 2023, alcanzando la cifra de 15.045 a finales de 2024 (incremento de un casi 17%). La protección de los MENA se enfrenta a numerosos retos, que es preciso afrontar desde la perspectiva del interés superior del menor, como los protocolos uniformes sobre la determinación de la edad, la insuficiencia de servicios de protección y su desigual distribución por comunidades autónomas, las dificultades de ofrecer itinerarios educativos adecuados en estos casos y el frecuente abandono voluntario de los servicios de protección.
 

En cuanto al empleo, en primer lugar, hay que insistir en la evidente relación en los años más recientes entre inmigración, creación de empleo y crecimiento económico en España. En 2023, más de dos tercios de la creación de empleo en el año correspondieron al aporte de la población origen inmigrante (49 por 100 a extranjería, 16 por 100 doble nacionalidad).

En segundo lugar, todo el estudio de la situación laboral de las personas de origen inmigrante apunta a una posición desfavorable en el mercado de trabajo se concentran en ocupaciones sin cualificación, incluso más allá de lo que sería resultado de su menor cualificación relativa, con una mayor incidencia del paro y una mayor tasa de temporalidad. También es más frecuente el trabajo a tiempo parcial involuntario y el subempleo.

Ahora bien, la lectura de estos indicadores en función de algunas variables, como son el tiempo de residencia en España y la zona geográfica de origen (en buena medida reflejo, a su vez, de un distinto nivel promedio de cualificación y de competencias básicas), muestra que estas posiciones mejoran con el tiempo y que la llegada de flujos más diversos está cambiando rápidamente el panorama anterior.

Ello pondría de manifiesto una progresiva integración en el mercado de trabajo y en la sociedad española en el último periodo, incluso en un contexto que ha venido marcado por una crisis económica de extraordinaria duración y dureza. Y de las cada vez más importantes diferencias entre personas, incluso en las mismas nacionalidades.

La peor posición se traduce en una considerable brecha salarial que, junto con la mayor incidencia del paro, condiciona una mayor vulnerabilidad económica de los inmigrantes.

Por eso es importante reforzar su empleabilidad a través de políticas activas de empleo: poniendo el foco en los programas formativos, la formación permanente, la mejora de los procedimientos administrativos de homologación de títulos, así como en la complementariedad de estas políticas con el sostenimiento de rentas.

Por otra parte, hay que poner de relieve la importancia de la inmigración, especialmente de las mujeres inmigrantes, en el sostenimiento del sistema de cuidados a las personas, formal e informal y sus potencialidades de cara al futuro.  Aquí es necesario implementar políticas tendentes a la profesionalización de este sector y la dignificación del trabajo de quienes lo realizan.

Quedan otras cuestiones también relacionadas con el mercado de trabajo, entre ellas todo lo relativo a las especificidades de los trabajadores transfronterizos, los sistemas de contratación en origen y otros aspectos conexos.

Pero parece imprescindible aludir a los aspectos relacionados con la integración, la convivencia y la ciudadanía.

 Todos somos conscientes de los niveles relativamente satisfactorios en distintos indicadores que reflejan estos temas. Pero también lo somos de la presencia de serios problemas, sobre todo los derivados de la concentración de inmigrantes en determinadas áreas geográficas y enclaves, urbanos o rurales.

Por otro lado, puesto que el impacto social del cambio climático y de las medidas de mitigación y adaptación van más allá de las fronteras nacionales, el desequilibrio en la distribución de los efectos del cambio climático exacerba las desigualdades Norte-Sur ya existentes.

Y desde luego no podemos dejar de lado el aumento del discurso del odio, sobre todo en las redes sociales, figurando las personas inmigrantes entre sus principales focos de atención.

 Hay que apostar por preservar la confianza y la tolerancia de la sociedad, valores estos a los que deben mirar como objetivo fundamental tanto los poderes públicos, como todas las organizaciones y actores políticos y sociales en sus distintos ámbitos de actuación, incluyendo los interlocutores sociales.

Es fundamental poner en valor la diversidad de orígenes y experiencias migratorias como componente intrínseco de la riqueza de la sociedad.

 Como toda realidad humana compleja, no se pueden simplificar las múltiples repercusiones de la inmigración reduciéndolas a un balance de costes y beneficios. Se requiere un enfoque integral de la política migratoria, que no puede quedar reducida a la gestión de los controles en las fronteras y que debe apoyarse en el más alto nivel de consenso que favorezca su continuidad y eficacia, con un papel destacado del diálogo social que dé luz a una política migratoria no solo nacional sino también internacional, abierta, flexible e integradora.
 

En la Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de España 2023 elaborada por mandato legal por el Consejo Económico y Social y fruto del consenso entre los principales agentes sociales y empresariales de nuestro país se llegó a unas conclusiones que merecen destacarse.

La diversidad de orígenes de la población en España se sitúa ya entre las más elevadas de la Unión Europea, gracias al incremento de la inmigración y su arraigo. El volumen de residentes de nacionalidad extranjera alcanzaba en enero de 2024 los 6,2 millones, habiéndose intensificado fuertemente las llegadas tras la crisis pandémica, con un aumento de más de setecientas mil personas llegadas desde comienzos de 2022.

 En conjunto, el 12,8 por 100 de la población posee nacionalidad extranjera y si se consideran además los 3,2 millones de personas nacidas en el extranjero que han adquirido la nacionalidad española, la proporción de población de origen migratorio se eleva al menos al 18,2 por 100. Entre 2019 y 2023, mientras la población nacida en España ha caído un 1,2 por 100, la nacida en el extranjero ha crecido un 25 por 100. El 35,8 por 100 de la población de origen extranjero es menor de treinta años mientras un tercio de la población de nacionalidad española ha cumplido los sesenta. Los nacimientos con madre de nacionalidad extranjera suponían el 23 por 100 del total en 2022.

Las principales comunidades de residentes de origen migratorio las constituyen las personas nacidas en Marruecos, Colombia, Rumanía y Venezuela. Las que más han crecido desde 2019 son las de Colombia (aumento del 69 por 100), Venezuela (del 68 por 100), Argentina (del 39 por 100), Cuba (33 por 100), Ucrania (89 por 100) y Honduras (83 por 100).

La necesidad de garantizar la existencia de políticas de inclusión social y no discriminación hacia la población de origen migratorio supone un importante reto y se fundamenta en su situación de desventaja en todos los ámbitos de la realidad socioeconómica, especialmente en el caso de las personas de origen no comunitario y de algunos países de la Unión Europea, así como en el caso de las mujeres.

 La integración de los inmigrantes y la prevención del racismo y la xenofobia constituye uno de los cuatro pilares de la política española de extranjería e inmigración que se apoya, además, en la articulación de vías de migración segura, ordenada y regular, en consideración a las necesidades del mercado laboral; la prevención y lucha contra la inmigración irregular, la trata de seres humanos, y el empleo irregular así como la cooperación internacional de carácter bilateral con los países de origen y en el ámbito de la Unión Europea.

 Las llegadas por vía irregular constituyen una parte mínima dentro del elevado dinamismo de la inmigración y reflejan un aumento en los últimos años. En 2023, el Ministerio del Interior registró 36.814 entradas irregulares por vía marítima (35.812) y terrestre. Las primeras se siguieron concentrando en la costa mediterránea, las Islas Canarias y las segundas en fronteras terrestres de Ceuta y Melilla, ocasionando graves situaciones humanitarias y tensiones sociales.

Esta situación sigue demandando una mayor dotación y coordinación de los dispositivos de primera atención, intervención urgente, acogida y asistencia para necesidades básicas. Aunque los recursos aumentaron durante 2023, mayores esfuerzos siguen siendo necesarios, especialmente en el ámbito de la coordinación de las distintas Administraciones.

La regularidad administrativa, sin embargo, es la norma entre la inmensa mayoría de las personas extranjeras en España sin obviar la existencia de un volumen indeterminado de población sin las autorizaciones pertinentes. En 2023 aumentó un 9 por 100 el número de personas con autorización de residencia en régimen de extranjería, alcanzando los 2,9 millones de personas de nacionalidad no comunitaria en diciembre de 2023. Entre las nuevas llegadas de este último grupo, destacan las que proceden de Marruecos, Ucrania y China, que representan el 44 por 100 del total. Las personas marroquíes representan el 27 por 100 del total de personas extranjeras en régimen de extranjería, seguidas de las nacionales de Ucrania y China con el 9 por 100 y el 8 por 100 respectivamente.

Por nacionalidades, destaca el aumento interanual de la llegada de personas de Colombia (34 por 100) así como personas peruanas y venezolanas, con aumentos del 27 y del 25 por 100 respectivamente. También aumentó, aunque en menor medida (2,3 por 100) el volumen de ciudadanos comunitarios, con certificado de registro, TIE del Acuerdo de Retirada y tarjeta de familiar de ciudadano UE-AELC o Reino Unido, alcanzando los 3,8 millones de personas, destacando las nacionalidades rumana, italiana y británica.

De entre los tipos de autorización de residencia temporal, destaca el volumen de entradas por razones de estudios. A finales de 2023, 75.857 personas disponían de autorización de estancia por estudios: un incremento anual del 20 por 100 que confirma la recuperación de la tendencia creciente de este tipo de entradas, que se vio interrumpida con la pandemia y al que ha podido contribuir la entrada en vigor del nuevo Reglamento de la ley de Extranjería, que habilita para trabajar simultáneamente a los estudios.

Las personas con autorización de residencia por protección internacional y apatridia aumentaron en 2023 un 16 por 100, siguiendo la tendencia al alza de los últimos diez años y registrando un aumento significativo en las autorizaciones de residencia para personas de origen maliense (48 por 100) y afgano (36) respectivamente. Cabe mencionar que en 2023 el colectivo ucraniano no ha destacado tanto dentro de este colectivo como lo había hecho en 2022. Hay que tener en cuenta que la comunidad ucraniana en España con documentación de residencia en vigor se ha triplicado desde el éxodo provocado por la invasión rusa, rozando las trescientas mil personas en marzo de 2024, dos tercios de las cuales habían obtenido autorización de residencia y trabajo por el mecanismo especial de Protección Temporal. El ritmo de nuevas concesiones es ya muy reducido, predominando actualmente las prórrogas.

En el contexto de la afiliación general, los trabajadores extranjeros suponen el 13,7% del total de ocupados, seis décimas más que hace tan solo un año. Así pues, el empleo foráneo cerró el año 2024 en cifras históricas, registrando casi tres millones de afiliados extranjeros a la Seguridad Social una vez descontado el efecto calendario de la excepcionalidad.

También son de destacar las cifras en el RETA, en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, que contabilizó 467.616 cotizantes de otras nacionalidades, es decir, un 13,8% del total. Con ello, el último año, los afiliados extranjeros en este régimen se ha incrementado un 8,3%.
 

En 2023 se aprobó el Marco Estratégico de Ciudadanía e Inclusión, contra el Racismo y la Xenofobia (MECIRX 2023-2027) tras más de diez años desde la expiración del II Plan de Ciudadanía e Integración 2011-2014 y de la Estrategia integral contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia. El nuevo Marco aúna ambas estrategias y pretende dar respuesta a los compromisos y recomendaciones realizadas a España desde los organismos internacionales, así como servir de guía para dinamizar y dar coherencia a las políticas en este ámbito. El Marco sitúa el foco en un modelo intercultural y en la prevención del racismo y la intolerancia, señalando como destinataria a la población en general. Asimismo, identifica una serie de colectivos especialmente vulnerables, comenzando por las mujeres de origen migrado; las personas solicitantes y beneficiarias de asilo; los menores no acompañados; las personas latinoamericanas, afrodescendientes, asiáticas y gitanas, así como las víctimas de discriminación por sus creencias o prácticas religiosas.

El Marco se propone como objetivos concretos que en 2027 todas las comunidades autónomas y al menos el 40 por 100 de los municipios tengan acciones y/o planes de integración y/o prevención de la xenofobia y el racismo, así como que aumenten en el nivel estatal.

Incorpora seis bloques de políticas que abarcan distintos ámbitos (atención y reparación a víctimas; jurídico normativo, acogida, políticas de inclusión activa, políticas de convivencia y políticas de prevención del racismo y la xenofobia) y veintitrés líneas de actuación, cada una de las cuales lleva asociada una serie de objetivos tácticos y propuestas de acción en el nivel estatal, autonómico y/o local. Para verificar su implementación, se crea un Comité de seguimiento y evaluación, así como diversos instrumentos entre los que cabe mencionar un panel de indicadores para la medición y evaluación del progreso, la elaboración de un Informe anual, una evaluación intermedia y final, así como estudios monográficos específicos y reconocimiento de buenas prácticas. La vulnerabilidad de las personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional en nuestro país resulta especialmente aguda y el volumen de este colectivo aumenta año a año.

 Como ya se ha mencionado, tras la intensidad de las llegadas y las solicitudes de protección temporal de las personas refugiadas llegadas de Ucrania tras su invasión por Rusia en 2022, el ritmo de llegadas de este país se ha ralentizado, pero han aumentado con fuerza en otros orígenes, siendo Venezuela y Colombia los países de los que provienen la gran mayoría. Se siguieron registrando importantes dificultades para acceder al procedimiento de acogida que mantienen a miles de personas en un limbo legal durante meses. En total, en 2023 más de 163.000 personas solicitaron asilo, un 37 por 100 más que el año anterior, cuando ya se había alcanzado un registro histórico. Descendió, en cambio, la proporción de reconocimientos puesto que únicamente se concedió el asilo a 12 de cada 100 personas, un 4,5 por 100 menos que el año anterior, rompiendo el patrón de aumento los dos últimos años200. El refuerzo del sistema de Acogida es uno de los compromisos del MECIRX 2023-2027.

La Unión Europea debería avanzar hacia una nueva diplomacia de la migración que resuelva las debilidades que presenta el actual enfoque de la política migratoria. Por un lado, apostar por la externalización en el control de fronteras debilita a la Unión Europea frente a terceros, que pueden instrumentalizar la migración para conseguir sus objetivos. Además, la politización de la migración cuestiona a la propia Unión Europea al tratar de manera desigual a las personas solicitantes de asilo y refugiadas, actuando en contradicción con los principios consagrados en los tratados fundacionales. Por último, se pone un foco excesivo sobre mecanismos de condicionalidad negativa en las relaciones con terceros países –por ejemplo, en la suspensión de acuerdos de visado con aquellos países que no colaboren en la readmisión de migrantes–. En un contexto como el actual, de creciente competición geopolítica, la Unión Europea debería reforzar sus alianzas con el llamado Sur Global.

Por lo tanto, sería oportuno repensar también la dimensión exterior de la política migratoria y hacerlo desde una óptica de condicionalidad positiva, que ayude a la Unión Europea a reforzar sus vínculos con otros países. Una política exterior favorable a la migración serviría a la Unión Europea para alcanzar sus objetivos geopolíticos, reduciría las vulnerabilidades y, además, resolvería problemas reconocidos en el propio Pacto sobre Migración y Asilo, como la carencia en cuanto a mano de obra que tiene la Unión Europea, en un contexto, además, de evidente envejecimiento de la población europea.

Cabe reconocer que el actual Pacto tiene elementos que avanzan en esta dirección, como es el caso de la tarjeta azul para atraer talento, anteriormente mencionada. Asimismo, reconoce que las labores de salvamento marítimo son un imperativo moral, aspecto especialmente positivo a tener en cuenta, ya que siguen produciéndose tragedias humanitarias en las costas europeas.
 

Tenemos que hacer un llamamiento a la migración regular, ordenada y, sobre todo, segura, que garanticen una plena inclusión en nuestra sociedad de la población migrante.