En un contexto mundial marcado por desafíos económicos y sociales, el respaldo del Gobierno de España a la Economía Social se consolida como una iniciativa fundamental para fortalecer y dar mayor visibilidad a las entidades y organizaciones que la integran, promover un desarrollo equitativo en los distintos territorios y reforzar la cohesión social.

Consciente de su importancia y como muestra de su compromiso, el Ministerio de Trabajo y Economía Social actualiza la Estrategia Española de Economía Social, esta vez con la mirada puesta en el año 2027. La nueva estrategia constituye una hoja de ruta que guiará las políticas públicas del sector durante los próximos años y cuyo diseño se ha realizado en colaboración con el Ministerio de Juventud e Infancia, el Ministerio de Universidades, el Ministerio de Educación y Formación Profesional, el Consejo para el Fomento de la Economía Social y las Entidades Representativas de las diferentes familias que conforman el ecosistema de la Economía Social, entre otros.  La Estrategia Española de Economía Social 2023-2027 tiene como objetivo aumentar la visibilidad y participación institucional de las diferentes familias que componen la Economía Social, desarrollar su competitividad, el emprendimiento colectivo y el apoyo a los sectores emergentes, así como consolidar la sostenibilidad social y territorial. 

Algunos factores clave contemplados en la estrategia, que son vitales para su consecución, y que resulta oportuno rememorar, son:

1)    Mejorar la creación y el mantenimiento del empleo de calidad y, especialmente, el enfocado en colectivos vulnerables. 
2)    Fomentar el emprendimiento colectivo con la finalidad de promover la creación de nuevas empresas de Economía Social y apoyar a las existentes para que puedan crecer y consolidarse.
3)    Luchar contra la despoblación, implementando medidas que favorezcan el desarrollo económico en áreas rurales y desfavorecidas, contribuyendo a la cohesión territorial.
4)    Aprovechamiento racional de los recursos naturales promoviendo prácticas sostenibles que respeten el medio ambiente y fomenten el uso eficiente de los recursos.
5)    Alineación con la Agenda 2030 y el Plan de Acción Europeo de la Economía Social.  

En el plano estrictamente normativo, desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social estamos tramitando el Proyecto de Ley Integral de Impulso de la Economía Social, que, una vez aprobado por las Cortes Generales, supondría un avance significativo para acomodar, a través de un único instrumento, las tres leyes sustantivas que hasta el momento han regulado el marco jurídico del sector, para adaptarse a las nuevas circunstancias económicas y sociales:

    Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas.
    Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las Empresas de Inserción.
    Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social. 

Hay que recordar que esta última marcó un hito en el ámbito normativo al convertirse en la primera ley específica de Economía Social en la Unión Europea. Y debido a ello, sentó las bases para que España se posicionara como referente europeo en la promoción de este modelo económico.

Desde la legislatura anterior, ya se venía trabajando en la necesidad de una reforma integral que impactara a todas las entidades de la Economía Social y, en consecuencia, modificara el marco normativo que regula este ámbito y a sus actores económicos.

Sin embargo, no fue hasta el 8 de octubre de 2024 cuando el Gobierno dio luz verde al proyecto de ley integral, un documento elaborado con un amplio consenso dentro del ecosistema de la Economía Social.

Las principales novedades que presenta el proyecto de ley se estructuran en torno a los siguientes ejes temáticos que se analizan por Leyes.

En primer lugar, se modifica la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, con el objetivo de adecuar la legislación existente y alcanzar los siguientes propósitos:

-    Adaptar el funcionamiento interno de las cooperativas a las nuevas formas de comunicación y participación basadas en la implantación de las nuevas tecnologías, que se aceleró como consecuencia de la pandemia de Covid-19. En este sentido, la legislación sobre las cooperativas ha de ser permeable a esta innovación, que permite agilizar los procesos y toma de decisiones, haciendo compatible su uso con la garantía y plena vigencia del principio de participación democrática de sus personas socias. 

 -    Reflejar la realidad de las cooperativas en materia de igualdad efectiva, habilitando herramientas ajustadas a su singularidad. El principio cooperativo de igualdad ha impulsado los avances de las cooperativas hacia una igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Es el momento de acompañar este esfuerzo con una plasmación institucional en la estructura interna de las cooperativas para lo que se prevé la creación de la Comisión de Igualdad, como nuevo órgano social, y el desarrollo de los Planes de Igualdad Cooperativos. De igual forma, se ofrece una solución transitoria para el registro de estos planes.

-    Remover obstáculos para fomentar un funcionamiento ágil y ajustado a los principios y valores cooperativos. Estos principios y valores se fundamentan en autoayuda, autorresponsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad, por lo que las modificaciones legislativas que aquí se engloban pretenden fomentar una funcionalidad del ámbito cooperativo y agilizar el ejercicio de la actividad cooperativa.

-    Fomentar la promoción del cooperativismo. En base a la actualidad de las cooperativas españolas, se pretende legislar, para fomentar el uso de este tipo de empresas, que suponen un nicho inequívoco de innovación en nuestro sistema empresarial, dotando, con estas modificaciones, al cooperativismo de la operatividad y resonancia que merece.

 En segundo lugar, se modifica la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la Regulación del Régimen de las Empresas de Inserción. Para continuar mejorando estos periodos de transición hacia el mercado de trabajo ordinario la Ley propone, con un consenso pleno del sector:

-    Reforzar la definición de colectivos o personas expuestas a situaciones de vulnerabilidad y/o exclusión social, evitando su estigmatización. Conscientes de las consecuencias de las sucesivas crisis vividas en los últimos años sobre el aumento de la brecha de desigualdad, se ha acometido una profunda reflexión sobre las situaciones o factores socioeconómicos que pueden dar lugar a situaciones de vulnerabilidad y/o riesgo de exclusión social, ante las que las empresas de inserción operan como mecanismo de apoyo y acompañamiento hacia la inclusión. En consecuencia, el proyecto propone una ampliación del ámbito subjetivo de la norma poniendo el foco en estos factores de vulnerabilidad y/o exclusión social.

-    Aportar una definición de empresa de inserción más ajustada y coherente con sus fines y compromisos con la igualdad. Las empresas de inserción operan en competencia con el resto de las fórmulas empresariales, con la singularidad de luchar a su vez contra la desigualdad. Por ello, se han introducido ajustes necesarios en su funcionamiento interno, con el objetivo de garantizar su competitividad, tomando como base un modelo laboral cuyo paradigma es la contratación indefinida.

-    Adecuar la contratación de personas en tránsito al empleo ordinario a la función del itinerario de inserción. Es necesario actualizar un marco de contenidos mínimos, común para todo el Estado, de los itinerarios de inserción, causa y objeto de la contratación de las personas sujetas a factores de vulnerabilidad o exclusión social y de los que dependen la mejora de su empleabilidad. En esta línea, se incorporan ajustes sobre la ratio de personas trabajadoras que acompañan y garantizan el cumplimiento de la finalidad de ese itinerario de inserción. 

 En tercer lugar, se modifica la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social. 

Una Ley que convirtió en su día a nuestro país en pionero en este ámbito, y la nueva norma pretende precisamente reforzar nuestro compromiso y liderazgo en regulación en materia de Economía Social. Y para ello, se introducen los siguientes extremos:

-    Clarificar las tipologías y el catálogo de entidades que integran el sector, con el ánimo de incorporar las nuevas fórmulas asociativas hoy presentes en el ámbito de la Economía Social y ya reconocidas a nivel europeo.

  -    Resignificar las políticas públicas de promoción de la Economía Social. Esta actualización de la norma reformula los objetivos que deben internalizar las políticas públicas en la actividad de promoción del sector. 

 En definitiva, las novedades que aquí se presentan, en caso de ser finalmente aprobadas, significarán un importante avance para adaptar el marco jurídico que regula la Economía Social a las nuevas circunstancias económicas y sociales, garantizando su coherencia y vigencia. 

Por otro lado, merece una mención especial la contratación pública estratégica socialmente responsable, y su orientación al servicio de la ecología y de la innovación. Dirigir las compras de las diferentes administraciones públicas para fomentar prácticas socialmente deseables permite un crecimiento sostenible e integrador. Así mismo, garantiza un uso más eficiente de los fondos públicos y tiene un efecto multiplicador para el desarrollo de una economía inteligente, sostenible e integradora.

El Gobierno de España ha puesto en marcha varias políticas y estrategias para fomentar la participación de la Economía Social en la contratación pública socialmente responsable, con el objetivo de impulsar la participación de estas entidades en nuestra economía y, al mismo tiempo, promover un impacto social positivo a través de las compras públicas. 

En concreto, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público establece que las Administraciones Públicas pueden y deben incluir criterios sociales, medioambientales y éticos en sus procesos de contratación. Esto incluye la posibilidad de reservar contratos para las entidades de Economía Social, favoreciendo su participación en los concursos públicos, y en términos más precisos:  

•     La disposición adicional 4, para Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social y Empresas de Inserción (entre las que se incluyen las cooperativas de iniciativa social que tengan por finalidad integrar laboralmente a personas que sufren cualquier tipo de exclusión social).
•    La disposición adicional 48, para contratos de servicios de carácter social, cultural y de salud a entidades que cumplan con diferentes principios de democracia económica.

Mediante el incentivo de cláusulas sociales en los contratos públicos, se facilita que las entidades de la Economía Social estén mejor posicionadas para ser adjudicatarias de contratos públicos, garantizando la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión, la mejora de las condiciones laborales y el respeto de la igualdad de género y del medio ambiente.

Del mismo modo, se promueve la formación y sensibilización de los/as funcionarios/as del sector público sobre la importancia de la contratación responsable y el vínculo entre la contratación responsable y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente aquellos relacionados con el trabajo decente, la reducción de las desigualdades y el fomento de una economía más inclusiva y sostenible. 

Cabe destacar otros instrumentos en esta materia, como la Comisión Interministerial para el desarrollo y mejora de la inclusión de las cláusulas sociales en la contratación pública, que vela por el fomento de la mejora del empleo estable y de calidad, la información, la accesibilidad, las prescripciones técnicas, la adjudicación o la ejecución de los contratos. Esta Comisión, liderada por el Ministerio de Derechos Sociales, cuenta con el apoyo decisivo del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

 En esta línea, a nivel comunitario, el informe del Consejo Económico y Social Europeo publicado en octubre de 2024 pone de manifiesto el potencial de la contratación pública para las entidades de la Economía Social, y hace una serie de peticiones, observaciones y propuestas específicas.

 Entre otras, se insta a la Comisión a acelerar las medidas del Plan de Acción para la Economía Social y a que recopile las publicaciones y buenas prácticas de los distintos Estados Miembros. Por otro lado, llama a los Estados Miembros a aplicar las medidas y acciones de la Recomendación del Consejo, de 27 de noviembre de 2023, sobre el desarrollo de condiciones marco para la Economía Social.
 

Cabe igualmente destacar los instrumentos financieros en el ámbito competencial de la Dirección General de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas, como la convocatoria anual de ayudas para actividades de promoción de la Economía Social y de la responsabilidad Social de las Empresas y para sufragar gastos de funcionamiento de las entidades de la Economía Social. Su nueva orden de bases se publicó en agosto, y está dotada con un presupuesto de casi ocho millones de euros. 

Otra acción que estamos desarrollando desde la Dirección General es el Plan Integral de Impulso a la Economía Social para la generación de un tejido económico inclusivo y sostenible, en el marco de los Proyectos Estratégicos para la Recuperación, Transformación y Resiliencia (PERTE). Con el objetivo de impulsar grandes iniciativas que contribuyan claramente a la transformación de nuestro tejido económico, en el territorio español.

 En la primera convocatoria destinamos alrededor de diez millones de euros y en la segunda convocatoria, que se está ejecutando este año, la cantidad presupuestada asciende a unos ochenta millones de euros, de la cual existe una propuesta de resolución en torno a los 60 millones de euros.

Además, en aras de ejecutar la totalidad del crédito disponible en el marco del Plan Integral de Impulso a la Economía Social, hemos puesto en marcha una tercera convocatoria de subvenciones con un presupuesto máximo de en torno a los 39 millones de euros.

 En relación con el PERTE, estamos impulsando el Hub de Vanguardia de la Economía Social, un proyecto ambicioso de ámbito internacional, que nos permitirá seguir situando a la Economía Social española como referente a nivel mundial. Constará de un centro de estudios en el que se evaluarán las políticas públicas y se estudiará su papel en la reducción de las desigualdades y la creación de un mercado de trabajo más inclusivo. Asimismo, establecerá una red de intercambio de conocimientos que conectará empresas, instituciones, organizaciones sociales y academia con el objetivo de difundir las mejores prácticas; y, por último, albergará un laboratorio de proyectos innovadores con el que se contribuirá a extender esta alternativa económica, fomentar el emprendimiento colectivo sin descuidar la competitividad en el sector.

Cabe señalar que nos encontramos en un momento muy favorable en lo que se refiere a la financiación disponible para las entidades del ecosistema de la Economía Social.

 Así, a los 100 millones del Plan Integral de Impulso a la Economía Social hay que sumarle posibilidades como el programa ÉFESO, financiado con recursos del Fondo Social Europeo + para actuaciones estatales de educación y formación, empleo y Economía Social, un programa en el que el SEPE es el organismo intermedio y que cuenta con un total de 1.301.598.089 euros. A esta cantidad hay que añadir los fondos para las Comunidades Autónomas, Ceuta y Melilla.

 Por otra  parte, la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE), cuenta con iniciativas como la plataforma formativa online dirigida a socios y trabajadores que prestan sus servicios en empresas y entidades de la Economía Social, dotada con un millón de euros en el marco de los Fondos Next Generation de la Unión Europea, sin perjuicio de otras como la convocatoria que ha aprobado recientemente el SEPE para la ejecución de programas de formación de ámbito estatal, dirigidos prioritariamente a las personas ocupadas, que cuenta con programas de formación transversales dirigidos a personas trabajadoras y socias de la Economía Social dotados con un presupuesto de más de 6 millones de euros para el año 2025.

En definitiva, el momento, en lo que se refiere a posibilidades de financiación del ecosistema de la Economía Social, es inmejorable, y debemos aprovechar la oportunidad. 
 

Por otra parte, se han impulsado espacios de colaboración, como la reactivación del Consejo de Fomento de la Economía Social, que ha reanudado su funcionamiento tras una década de inactividad y que funciona como órgano consultivo asesor del Gobierno, reuniendo a representantes de las Comunidades Autónomas, de diferentes ministerios, así como a personas de reconocido prestigio en la materia, organizaciones sindicales y representativas del sector.

 Adicionalmente, dado que una de las funciones asignadas al Ministerio de Trabajo y Economía Social consiste en el refuerzo de la visibilidad del sector, con periodicidad anual y de manera rotatoria, una ciudad española es designada Capital de la Economía Social. La capitalidad de la Economía Social no solo promueve el emprendimiento y la generación de empleo de calidad, sino que también fomenta la cohesión territorial y la integración social, visibilizando experiencias relevantes y promoviendo el debate en torno a una economía con otro orden de prioridades. San Sebastián fue Capital de la Economía Social durante el pasado año, habiéndose firmado un manifiesto por más de veinte países miembros de la Unión Europea, logrando así un hito que resonó no únicamente en nuestro país, sino también a nivel comunitario. Para el 2025, aprobamos en el Consejo para el Fomento de la Economía Social la capitalidad de este año, que ha recaído en Murcia. 

Asimismo, hemos conseguido digitalizar el Registro Estatal de Cooperativas, acción en la que hemos trabajado muy duramente. Una acción que se traducirá en un funcionamiento ágil y cruzado de datos entre Administraciones, facilitando el desenvolvimiento de estas entidades. El Registro Estatal de Cooperativas juega un papel clave en la supervisión y control de las cooperativas en España, asegurando que cumplan con los principios de la Economía Social y no se desvirtúen en su funcionamiento.

 Del mismo modo, en el marco del Programa de Estudios del Ministerio de Trabajo y Economía Social, la Dirección General de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas financia estudios en la materia con el objeto de profundizar el conocimiento para la mejor toma de decisiones públicas.

En relación con la información estadística, promovemos la elaboración de datos actualizados y fiables para realizar un análisis diferencial del ecosistema. Esta acción, se lleva a cabo de la mano de otros importantes actores como el Instituto Nacional de Estadística, con el que estamos colaborando para la publicación de una Cuenta Satélite de la Economía Social, que supondrá un avance significativo en la materia y el Centro Internacional de Investigación e Información sobre la Economía Pública, Social y Cooperativa (CIRIEC).

 En relación con lo anterior, el Ministerio de Trabajo y Economía Social edita una revista y un número al año está dedicado íntegramente a la Economía Social, con el propósito específico de fomentar su desarrollo y garantizar una mayor difusión. Esta revista incluye contribuciones de todas las disciplinas, y de los diferentes ámbitos implicados. 
 

Por último, cabe destacar el rol activo de nuestro país y de nuestro Ministerio en la promoción de la Economía Social en la esfera internacional, en la que recientemente se han conseguido hitos históricos.

Algunos ejemplos son la adopción, en abril de 2023, de la Resolución de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en Economía Social y Solidaria y, la aprobación, en noviembre de 2023, de la Recomendación del Consejo de la Unión Europea sobre el desarrollo de condiciones marco para la Economía Social. Esta última consolida el papel de la Economía Social ofreciendo, entre otras certezas, la primera definición de Economía Social a nivel europeo.

 Por otra parte, la Recomendación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico sobre la Economía Social y Solidaria y la Innovación Social recomienda a los gobiernos un entorno institucional mediante la intervención de las partes interesadas, que facilite la coordinación, fomente la coherencia y la eficacia, y ayude a integrar la Economía Social en las políticas públicas y en todos los órdenes de gobierno.

 En el plano comunitario, la Declaración de Luxemburgo ya estableció que la Unión Europea debe llegar a un entendimiento común sobre el alcance de la Economía Social y abogar por la celebración de encuentros y desarrollo de acuerdos. Y para garantizar esto se creó, a propuesta de España, el Comité de seguimiento para la Declaración de Luxemburgo.

 España es percibido en Europa como un referente en el ámbito de la Economía Social, y nuestro compromiso en este sentido se ha reafirmado tras el protagonismo que se le otorgó durante la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, con un mensaje potente para una Economía Social más fuerte, inclusiva y feminista.

 Y en esta misma línea, la Hoja de Ruta de Lieja para la Economía Social en la Unión Europea, adoptada en febrero de 2024 con la participación de España, se presenta como el compromiso de 19 Estados Miembros para continuar fortaleciendo a las entidades de la Economía Social y da continuidad al manifiesto de San Sebastián “Economía Social: personas, planeta, acción”.

A esto se añade la reciente renovación por parte del Parlamento Europeo del Intergrupo de Economía Social. Esta renovación resulta clave para garantizar el diálogo y generar entornos favorables al desarrollo de la Economía Social en esta legislatura.

 Por su parte, el Grupo de Expertos de Economía Social y Empresas Sociales (GECES), del cual forma parte España a través del Ministerio de Trabajo y Economía Social, asesora a la Comisión en las iniciativas relativas a este modelo de empresa.

 Adicionalmente, la Red Iberoamericana de Fomento de la Economía Social y Solidaria (RIFESS) impulsada activamente por España, se constituye como el foro de intercambio de buenas prácticas en Latino América y el Caribe. Los países fundadores (España, Méjico, Colombia y Brasil), así como los países miembros (Chile, Costa Rica, Guatemala y Paraguay) estamos trabajando para ampliar la red en la región
 

A todos estos ámbitos de actuación, se suman los compromisos que tenemos por delante los próximos años, entre los que se encuentra, por un lado, la puesta en marcha de los desarrollos reglamentarios una vez se apruebe el hoy Proyecto de Ley Integral de Impulso a la Economía Social.

En este sentido, es fundamental destacar el Catálogo de Entidades de Economía Social Estatal, una iniciativa que recogerá los diferentes tipos de entidades integrantes de la Economía Social, reconocidas en el artículo 5 de la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social, así como otras que puedan incorporarse teniendo en cuenta los principios establecidos en el artículo 4 de la citada norma.

El Catálogo de Entidades de Economía Social Estatal, que será público y tendrá carácter declarativo, será un instrumento fundamental que nos permitirá no sólo conocer de manera detallada las entidades que forman parte del ecosistema de la Economía Social, sino también una referencia a la hora de medir estadísticamente el impacto de esta forma de entender el desarrollo.

 Y, por otro lado, resulta fundamental retomar el debate de la fiscalidad especial que debe asistir a las diferentes entidades que componen la Economía Social, como es el caso de las cooperativas de vivienda en cesión de uso o las sociedades laborales, siendo conscientes de que la regulación actual es insuficiente para seguir incentivando la creación de este tipo de fórmulas y que, por tanto, debe abordarse su reforma.

En conclusión, a través del conjunto de iniciativas y actividades que se están desarrollando, así como con la hoja de ruta que tenemos para el futuro, tanto en el ámbito nacional como internacional, el Ministerio de Trabajo y Economía Social reafirma su empeño firme con la Economía Social, posicionándola como un modelo clave en la protección de los derechos laborales.