El artículo analiza la inserción socio laboral de colectivos vulnerables en España a través de empresas sociales, como Empresas de Inserción (EI), Centros Especiales de Empleo (CEE) y Cooperativas de Iniciativa Social (CIS). Estas empresas ponen su actividad económica al servicio de su misión social, proporcionando empleo y formación a personas con discapacidad, en riesgo de exclusión u otros colectivos vulnerables. Se describen estas organizaciones y se presentan los datos estadísticos principales sobre el número de entidades y su contribución al empleo protegido desde una perspectiva comparada. Se destaca la promoción de estas empresas sociales de la economía social a la cohesión social, la mejora de la empleabilidad y la resiliencia de sus trabajadores. Es esencial continuar apoyando estas entidades mediante políticas públicas adecuadas para abordar los desafíos futuros y garantizar su viabilidad.

Palabras clave: inserción sociolaboral; colectivos vulnerables; empresas sociales; empresas de inserción; centros especiales de empleo; cooperativas de iniciativa social

The article analyzes the socio-labor inclusion of vulnerable groups in Spain through social enterprises, such as Work Integration Enterprises (EI), Special Employment Centers (CEE), and Social Initiative Cooperatives (CIS). These enterprises align their economic activities with their social mission, providing employment and training to people with disabilities, those at risk of exclusion, or other vulnerable groups. The organizations are described, and key statistical data on the number of entities and their contribution to protected employment are presented from a comparative perspective. The promotion of these social economy enterprises is highlighted for their role in enhancing social cohesion, improving employability, and fostering the resilience of their workers. It is essential to continue supporting these entities through appropriate public policies to address future challenges and ensure their viability.

Keywords: social and labour insertion; vulnerable groups; social enterprises; work integration social enterprises; WISE; sheltered employment centers; social cooperatives

La inserción socio laboral de colectivos vulnerables constituye un desafío significativo en el ámbito de las políticas sociales y económicas contemporáneas. La creciente preocupación por la integración de personas con distintas situaciones de vulnerabilidad ha impulsado la creación de diversas entidades y modelos de intervención que buscan no solo proporcionar empleo, sino hacerlo en unas condiciones laborales dignas, promoviendo el desarrollo personal de las personas implicadas, y favoreciendo, en consecuencia, una mayor cohesión social del entorno en el que se ubican.

Estas entidades pueden ser catalogadas como “empresas sociales”, las cuales han sido definidas, tras múltiples debates académicos¹  e institucionales²,  como empresas de la economía social³  que tienen como características comunes la priorización de las personas logrando la reinserción social de colectivos desfavorecidos, la reinversión de los excedentes obtenidos en su propio objeto social de interés general y la apuesta por una gobernanza participativa (PAES, 2021; Montiel, 2024).

Las entidades que encajarían en el modelo de “empresas sociales” para España son las empresas de inserción (EI), los centros especiales de empleo (CEE) y las cooperativas de iniciativa social (CIS). En concreto, podrían ser integradas dentro del subtipo de Work Integration Social Enterprises (WISE), al combinar actividades económicas con una misión social clara: la integración laboral de personas que enfrentan barreras significativas para acceder al mercado de trabajo. Estas empresas proporcionan empleo, formación y apoyo continuo a colectivos vulnerables, adaptándose a sus necesidades específicas, por lo que se han consolidado como un elemento fundamental para la inserción sociolaboral de colectivos vulnerables.

La literatura subraya la importancia de apoyar y fortalecer estas entidades a través de políticas públicas adecuadas, para continuar mejorando la integración laboral y las condiciones de vida de las personas más desfavorecidas. Spear (2006) señala que la participación activa de diversos actores en la toma de decisiones fortalece la misión social de estas empresas y mejora su capacidad para abordar problemas complejos de manera holística. Este autor destaca también la importancia de la gobernanza participativa en las empresas sociales, lo que fomenta un entorno inclusivo y equitativo para todos los trabajadores, incluidos aquellos con discapacidades.

Asimismo, diversos autores (Quecuty, 2023; Montiel, 2024; Cuenca, 2023) señalan que, tanto el modelo organizativo de estas empresas sociales, como el marco jurídico que las atiende, favorece la integración social y laboral de colectivos vulnerables al proporcionar un entorno de trabajo adaptado, formación continua y participación activa en la gestión. 

El presente artículo analiza la situación actual de estos modelos organizacionales desde una perspectiva comparada y presentar la contribución de estas empresas sociales a la inclusión laboral de personas en situación de vulnerabilidad, destacando su relevancia y desafíos. 

De esta manera, se pretende ofrecer al lector una oportunidad de acceder a estadísticas actualizadas sobre estos tres modelos organizativos, mostrando datos que no son fáciles de obtener debido a su dispersión y su ocultación entre las estadísticas generales de la economía social. Además, la presentación de los datos utiliza una perspectiva comparada, que representa una de las principales fortalezas del artículo, pues la literatura especializada suele centrarse en el análisis por separado de cada uno de los modelos, sin ofrecer información conjunta de estas “empresas sociales”. 

Todo lo anterior se presenta de la siguiente manera: en el siguiente apartado, se realiza una aproximación teórica al vínculo entre empresas sociales y el empleo de los colectivos vulnerables, para en el tercer apartado, explicar el origen y fuente de los datos, y en el cuarto, presentar los resultados. El artículo termina con unas conclusiones que recogen las principales cuestiones que emergen de los apartados anteriores.

Las empresas sociales promueven la inclusión laboral y social de personas con discapacidad, en riesgo de exclusión social y otros grupos desfavorecidos. A través de modelos de negocio sostenibles y participativos, las empresas sociales no solo generan empleo, sino que también fortalecen la cohesión social y el desarrollo comunitario (PAES, 2021). En España, el modelo tradicional de “empresa social” se concretan en los modelos organizativos de las empresas de inserción (EI), los centros especiales de empleo (CEE) y las cooperativas de iniciativa social (CIS).

2.1  Empresas de Inserción (EI)

Son entidades mercantiles creadas por entidades sin ánimo de lucro cuyo principal objetivo es facilitar la integración laboral de personas en situación de exclusión social mediante la creación de entornos de trabajo inclusivos y la promoción del crecimiento profesional y personal (Quecuty, 2023). Estas empresas operan en el marco de la economía social y están reguladas por la Ley 44/2007 y el Real Decreto 49/2010, que establecen su régimen jurídico y el Registro Administrativo de Empresas de Inserción

Las EI se caracterizan por ofrecer itinerarios personalizados de inserción laboral, que incluyen formación en el puesto de trabajo, habituación laboral y social, y servicios de acompañamiento (Quecuty, 2023), diseñados específicamente para mejorar las competencias técnico-profesionales, sociolaborales y personales de las personas trabajadoras en inserción (PTI). Este enfoque integral permite que las PTI mejoren sus competencias técnico-profesionales, sociolaborales y personales, proporcionando una experiencia completa que mejora su empleabilidad y su autoestima, y facilitando así su transición al mercado de trabajo ordinario. La efectividad de las EI se refleja en la alta tasa de inserción laboral de sus participantes, que en 2021 alcanzó el 67,17 % (FAEDEI, 2021).

Además, como Álvarez-Cuesta (2023) destaca, más allá de su papel en la lucha contra la vulnerabilidad social, las EI también contribuyen significativamente a la protección medioambiental. Estas empresas frecuentemente se enfocan en sectores como el reciclaje, la recogida y recuperación de residuos, o la jardinería, actividades que no solo generan empleo, sino que también tienen una contribución positiva en el medio ambiente. La combinación de objetivos sociales y medioambientales convierte a las EI en actores de referencia en el ámbito de la economía circular y en la promoción de empleo verde (Álvarez-Cuesta, 2023).

Según los datos de FAEDEI (2021), entre 2010 y 2021, el número de EI en España creció de 145 a 235, y las PTI pasaron de 2.092 a 4.945, lo que representa un incremento del 136% en el número de personas vulnerables empleadas. En términos económicos, la facturación de estas empresas aumentó de 58 a 139 millones de €, reflejando un crecimiento del 138% (Álvarez-Cuesta, 2023), cifras que indican la relevancia de las EI en la generación de empleo y en la contribución a la cohesión social.

2.2 Centros Especiales de Empleo (CEE)

Son empresas cuyo objetivo es proporcionar empleo remunerado y la realización de un trabajo productivo y adecuado a personas con discapacidad, asegurando así su integración laboral en el mercado laboral (Sánchez Pachón, 2020). Están regulados por la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social (Real Decreto Legislativo 1/2013). ⁴

Ortega Camarero (2023) señala que los CEE desempeñan un papel crucial en la creación de empleo para las personas con discapacidad. Estos centros no solo ofrecen empleo, sino también servicios de apoyo y formación que permiten mejorar las habilidades y la empleabilidad de sus trabajadores. Además, cabe señalar que estas entidades actúan como “empleo refugio” de las personas con discapacidad en momentos de crisis, mostrado así una mayor resiliencia para el mantenimiento del empleo protegido en épocas de crisis (Rodríguez Álvarez, 2012).

Cabe señalar que, según Ortega Camarero (2023), entre los desafíos que enfrentan los CEE, se encuentran la necesidad de diferenciar entre empresas de iniciativa social y privada, mejorar los salarios, profesionalizar los equipos de gestión y apoyo, y garantizar la viabilidad futura de estas entidades, entre otros. Las conclusiones de esta autora corroboran la contribución de los CEE a la economía social y subrayan la importancia de abordar estos desafíos para fortalecer el modelo de empleo protegido.

En 2020, había 226 CEE en España, empleando a casi 4.595 personas en situación de exclusión social, con un total de 7.699 empleados en estas empresas. En términos de retorno social, Ayuso Siart (2023) muestran que la totalidad de los estudios que estudian esta cuestión obtienen un retorno superior a los recursos destinados de partida, tanto por las Administraciones Públicas, como sobre el presupuesto inicial de estas entidades, sin que exista diferencia en la metodología aplicada. Esto muestra su eficiencia para cumplir su objetivo de inclusión socio-laboral de las personas con discapacidad. 

2.3 Cooperativas de Iniciativa Social

Las cooperativas de iniciativa social son una cualidad de aquellas sociedades cooperativas que quieren señalar que su finalidad es la integración social y laboral de personas en situación de vulnerabilidad. Estas cooperativas operan bajo los principios de la economía social, priorizando el bienestar de sus miembros y la comunidad sobre el lucro (Hernández, 2023). Están reguladas por la Ley 27/1999 de Cooperativas, que reconoce su papel en la promoción de la cohesión social y el desarrollo local, aunque posteriormente han tenido un desarrollo específico en las normativas correspondiente a nivel autonómico (Bretos et al., 2020).

Las cooperativas de iniciativa social se caracterizan por su estructura democrática y participativa, donde los trabajadores son también socios y participan activamente en la toma de decisiones. Este modelo permite una mayor implicación y compromiso de los trabajadores, fomentando un entorno de trabajo inclusivo y equitativo. Además, estas cooperativas suelen estar vinculadas a redes y asociaciones que les proporcionan apoyo y recursos, facilitando su sostenibilidad y crecimiento (Hernández, 2023).

Las CIS operan en sectores variados, desde la agricultura y el comercio hasta los servicios educativos y sociosanitarios. Este amplio espectro de actividades permite a las cooperativas adaptarse a las capacidades y necesidades de sus miembros, facilitando su inserción en el mercado laboral ordinario. Además, estas cooperativas incluyen en su régimen económico la limitación o prohibición de la distribución de beneficios entre socios, destinando los excedentes a fines de interés general o al fomento del movimiento cooperativo, lo que refuerza su compromiso social (Hernández, 2023).

Un aspecto distintivo de las CIS es su capacidad para integrar a múltiples partes interesadas en su estructura de gobernanza. Esto incluye no solo a los trabajadores y socios, sino también a usuarios, entidades públicas y voluntarios. Tal diversidad en la composición de los socios asegura que las decisiones se tomen desde una perspectiva inclusiva, atendiendo a las necesidades y preocupaciones de todos los grupos involucrados (Bretos et al., 2020).

Así, las cooperativas de iniciativa social representan un modelo organizativo eficaz para la inclusión sociolaboral, promoviendo el desarrollo personal y profesional de los trabajadores vulnerables, y contribuyendo al bienestar de la comunidad en general a través de su misión social y estructura participativa
 

2.4 Las WISE en España y Europa

Como se ha podido comprobar, estos tres tipos de entidades anteriores ponen su actividad económica al servicio de una finalidad social. Su enfoque en la inclusión y la equidad permite la integración laboral de personas con discapacidad, en riesgo de exclusión social y otros grupos desfavorecidos, pudiendo encuadrarlas, como señala Montiel (2024), en el fenómeno de las Work Integration Social Enterprises (WISE).

 El origen y desarrollo de las WISEs en Europa se deben a dos factores principales: por un lado, a la acción de la sociedad civil en respuesta a crisis económicas y fallos estatales, y por otro, a cambios legislativos que buscaron integrar a personas con discapacidades en el mercado laboral. Estos esfuerzos conjuntos han permitido la creación de estructuras que facilitan la inclusión laboral de diversos colectivos vulnerables.

Montiel (2024) señala que el surgimiento de las WISEs tiene sus raíces en la severa crisis industrial que afectó a Francia durante los años setenta. En respuesta a esta crisis, las iglesias locales y las asociaciones de vecinos tomaron la iniciativa de formar y agrupar a personas desempleadas, pertenecientes a la clase obrera empobrecida, así como a inmigrantes, mujeres y jóvenes. Estas organizaciones se enfocaron en eliminar las barreras iniciales de acceso al mercado laboral ordinario, dando origen a las structures d’insertion par l’activité économique (Urteaga Olano, 2009).

Fueron estas iniciativas de la sociedad civil, nacidas ante las fallas del Estado del bienestar, las que impulsaron la creación de las primeras empresas de inserción (Spear et al., 1999; Borzaga et al., 2016). La expansión de estas empresas para incluir a colectivos con discapacidades físicas o psíquicas comenzó en Italia, tras la promulgación de leyes nacionales que establecían el cierre progresivo de instituciones y hospitales psiquiátricos (Ley 180/1978). Este cambio legislativo resultó en un gran número de personas que, aunque necesitaban empleo, no contaban con las herramientas necesarias para competir en el mercado laboral (Adam, 2014).

En el caso de España, los factores que provocan el surgimiento de las WISE son similares, enfocada en la situación de crisis existente en los años ochenta y noventa, y como un paso natural de las estructuras formativas para colectivos vulnerables desarrolladas por asociaciones vecinales y de barrio (Díaz-Foncea y Marcuello, 2012). No obstante, los modelos organizativos han divergido en función de las necesidades que debían atender, dando lugar, como señala Montiel (2024), a modelos de WISEs distintos para las cooperativas de iniciativa social (CIS), las empresas de inserción (EI) y los centros especiales de empleo (CEE).

 La Tabla 1 presenta la distribución de los modelos empresariales de empresas sociales en España catalogadas como WISE (Work Integration Social Enterprises) en función de diversas características y la duración de la modalidad de contratación de los trabajadores en inserción, clasificándose en contratos indefinidos y temporales. En el caso de los trabajadores con necesidades de apoyo (WSN), se observa que se utilizan tanto las CIS como las EI, distribuyéndose cada una en función de los tipos de contratos ofrecidos: en el caso de las CIS, porque la vinculación en el empleo está también refrendada por la participación en la propiedad de la entidad, mientras que las EI realización una función de acompañamiento temporal para la inserción en el mercado laboral ordinario. 
 

Por su parte, los trabajadores con discapacidad (PWD) se encuentran en los CEE principalmente, aunque también pueden estar presentes en las CIS. La Tabla permite observar cómo los CEE tienden a emplear a personas con discapacidad bajo ambas modalidades de contrato, mientras que los CIS son específicas para consolidar procesos de emprendimiento propia y el compromiso con la organización del propio trabajo del grupo promotor. De hecho, Calderon y Calderon (2012) obtienen evidencia empírica del papel de los CEE como un mecanismo que permite a un elevado porcentaje de personas con discapacidad la incorporación al mercado laboral y posterior tránsito a la empresa ordinaria.

3.1 Origen de los datos y metodología

Los datos utilizados en el artículo proceden de dos fuentes de datos. Aquellos referidos al empleo protegido generado proceden de las series estadísticas disponibles en el portal CIRIECSTAT, cuyo objetivo es implantar un sistema de recopilación y producción de estadísticas de la Economía Social, en un repositorio y más adelante en una base de datos, que agrupe, depure y publique en un portal único, de forma permanente y continuada, con los criterios metodológicos de la contabilidad nacional, homogéneos y comparables, las diferentes estadísticas de la Economía Social en España (CIRIECSTAT, 2024). Esta fuente de datos proporciona datos desde 2009 de distintas magnitudes de las entidades de la economía social, entre ellas, las del empleo de personas con discapacidad y en inserción, que son las utilizadas en este estudio. Los datos de empleo de las cooperativas de iniciativa social no están disponibles en esta serie de datos, y, como se señala más abajo, su obtención presenta múltiples dificultades.

Por su parte, para los referidos al número de entidades, se ha acudido a los registros oficiales de cada una de las familias de la economía social analizada, a los que se ha solicitado la información necesaria para desarrollar el estudio. Estos contactos se realizaron a lo largo del año 2022, revisando con los propios registros la información facilitada, para completarla con nueva información referida a los CEE y EI. En el caso de las CIS, cabe señalar que, aunque a lo largo del informe se utiliza la denominación “Cooperativa de Iniciativa Social”, este término incluye las diferentes denominaciones que esta figura tiene en las legislaciones autonómicas.

Como evidencia de la dificultad de obtención de datos sobre las entidades de economía social, que en algunas Comunidades Autónomas los registros de una y otra familia están asignados a Direcciones Generales independiente, debiendo acudir a ambos por separado para obtener la información: los de las Cooperativas de Iniciativa Social suelen estar ubicados en los servicios laborales, mientras que los de Centros Especiales de Empleo y de Empresas de Inserción están en los Servicios autonómicos de empleo.

Asimismo, algunas Comunidades Autónomas mantienen en abierto los datos de algunas de las familias, mientras que otras familias no están accesibles en internet. En cualquier caso, es necesario destacar la colaboración de las personas trabajadoras en los Registros oficiales que han facilitado enormemente el acceso a estos datos, buscando la manera más eficiente para poder hacerlos accesibles, a pesar de las dificultades que presentan los sistemas informáticos con los que estos Registros trabajan, y actualizando los datos de manera constante.

 A partir de la información facilitada por los registros de cooperativas y los servicios de empleo autonómicos, se ha podido conformar el Censo del modelo tradicional de las Empresas Sociales en España, que ofrece información sobre las 3.525 empresas sociales existentes a diciembre de 2022.
 

3.2 Datos sobre empleo de colectivos vulnerables

En primer lugar, se presenta información detallada sobre el empleo en empresas sociales de la economía social, específicamente en Centros Especiales de Empleo (CEE) y Empresas de Inserción (EI).

En el periodo comprendido entre 2010 y 2019, se observa un incremento significativo en el número de personas trabajadoras con vulnerabilidad empleadas en empresas sociales. En 2010, había 59.185 personas con discapacidad trabajando en Centros Especiales de Empleo (CEE) y 2.092 personas en inserción laboral en Empresas de Inserción (EI), sumando un total de 61.277 personas. Esta cifra fue aumentando progresivamente, llegando en 2019 a un total de 102.013 personas, con 97.653 en CEE y 4.360 en EI.
 

En los años 2014 a 2019 se observa una tendencia positiva en la creación de empleo para estos colectivos vulnerables, especialmente desde 2014, donde el crecimiento es más pronunciado. El gráfico refleja esta evolución, tomando 2010 como referencia (índice 100), y muestra un aumento continuo en la integración laboral de personas tanto con discapacidad como en inserción.

Comparando la evolución entre los Centros Especiales de Empleo (CEE) y las Empresas de Inserción (EI), se observa que, en términos relativos, el crecimiento del empleo en las EI ha sido superior al de los CEE. Aunque en cifras absolutas los CEE aumentaron de 59.185 trabajadores en 2010 a 97.653 en 2019, el incremento relativo en las EI es más notable. Las EI pasaron de 2.092 trabajadores en 2010 a 4.360 en 2019, lo que representa más del doble de su tamaño inicial. El gráfico que muestra la evolución del empleo, tomando 2010 como referencia (índice 100), destaca que las EI han experimentado un crecimiento relativo más acelerado, aunque en números absolutos, los CEE han tenido un incremento mayor. Esta comparación subraya la eficacia de las políticas de inserción laboral en ambos tipos de entidades, con un impacto relativo más fuerte en las EI.

3.3 Datos sobre las empresas sociales

La Tabla 3 recoge los datos globales de las empresas sociales de economía social en España, en la que se observa su distribución por tipo de organización con los datos más actualizados: de las 3.525 empresas sociales en 2022, el 9% son Empresas de Inserción (306), el 23% son CIS (796), existiendo 2,6 veces más CIS que Empresas de Inserción, y la gran mayoría, el 70%, son Centros Especiales de Empleo (2.423 entidades). El dato se queda en el 40% de este número (898 entidades), si se restringe el número de CEE solo a aquellos catalogados “de iniciativa social”, que serían los que formarían parte de la economía social.⁵ 

Atendiendo a la evolución temporal, la Figura 6 presenta la diferencia entre la etapa anterior y la actual. Para ello, se completan los datos de empresas sociales con los disponibles hasta el momento, procedentes de CEPES España. Según esta información, todos los subtipos de empresa social tradicional (tanto los CEE de IS, como las EI y las CIS) han crecido en este periodo más de un 50% en ambos casos (pasando de 576 a 898 entidades en el caso de los CEE, y de 201 a 306 entidades en el de las EI), mientras que las CIS se han incrementado un 25% (pasando de las 647 a 796 entidades).

Esto muestra las velocidades distintas en el crecimiento de los distintos modelos de empresa social tradicional, que ha provocado, de hecho, que las CIS, que eran el modelo de empresas sociales más habituales y de referencia, han cedido el primer puesto a los CEE de IS, habiendo un 12% más de CEE de IS que de CIS en 2022.⁶ 
 

Para el resto del apartado, se mantienen los cálculos y análisis para el conjunto de los CEE, en vez de ajustar los CEE de Iniciativa Social, como plantearía la aproximación a la definición de empresa social tradicional (entre otras, la incluida en la revisión de la Ley estatal de Economía Social y en algunas leyes autonómicas). El motivo es que el dato estimado de CEE de IS permite observar menos variaciones entre CC.AA. y sectores, al disponer de menos información.

En la distribución territorial, cabe señalar que, mientras para las CIS, las CC.AA. donde tienen mayor presencia son Cataluña (40%), País Vasco (18%), Madrid (13%) y Andalucía (11%), mientras que para los CEE son Castilla y León (14%), Andalucía (13%), Islas Canarias (12%) y Madrid (10%). Por otro lado, en las EI destaca Cataluña (25%), muy por encima de País Vasco (14%) y Madrid (11%).

Esta representación previa permite observar ya varios tipos de agrupaciones territoriales, pues hay CC.AA. que salen entre las principales en unos modelos y no en otros. En este sentido, en la distribución territorial de los modelos de empresas sociales en cada CC.AA., se pueden observar tres grupos territoriales: 

•    Por un lado, se encuentran Cataluña, País Vasco y Navarra, donde las CIS están alrededor del 50% de las empresas sociales totales, manteniendo el peso más alto también en el caso de las Empresas de Inserción, y, por tanto, el más nivel más bajo en los CEE.

•    Por otro, Andalucía, Aragón, Islas Baleares y Madrid forman el segundo grupo más heterogéneo, en el que las CIS representan entre el 16% (Baleares) y el 28% (Aragón). En estas Comunidades Autónomas, los CEE están por debajo del 75% de las empresas sociales.

•    Finalmente, en el resto de territorios (10 CC.AA.), las CIS están por debajo del 10% de las empresas sociales totales, mientras los CEE suponen por encima del 80% de estas empresas sociales. Cabe señalar la excepción de Murcia, que se encuentra algo por encima en el caso de las CIS (13%) y por debajo en los CEE (76%).

Quedaría pendiente en revisar las razones por las que existen estas tres agrupaciones territoriales, si dependen de la realidad socio-económica del territorio (si hay más población con discapacidad que son atendidas por los CEE, si no son atendidas directamente por la Administración), al hummus social y económico de la propia realidad de la economía social (más cooperativista en el caso de los territorios del grupo 1), o a las políticas públicas definidas, que favorecen y financian más un modelo determinado.

Profundizando en el análisis, cabe preguntarse si la distribución territorial anterior supone que exista un proceso de sustitución entre modelos de empresas tradicionales, o en cambio, estos serían complementarios y la existencia de una cultura de empresa social en el territorio permite la existencia de todos los modelos. 

En la comparación entre modelos de empresas sociales que se realiza en la Figura 2, hay que observar el factor de correlación (r2) en la distribución para poder establecer la relación directa (inversa) o la falta de la misma. Atendiendo a este indicador, la única relación en la que se observa cierta relación es entre CIS y Empresas de Inserción, con una relación directa y positiva: es decir, a más CIS en las CC.AA., más Empresas de Inserción en las CC.AA. 

En cambio, cuando las CIS y las EI se comparan con la distribución de los CEE, no existe relación alguna entre las variables, ni siquiera indirecta, evolucionando con procesos distintos y demostrando que tienen unos factores de desarrollo independientes uno de otros. ⁷

De esta manera, se puede concluir que CIS y EI muestran cierta complementariedad en su existencia, mientras que los CEE no son ni sustitutos ni complementarios, sino que evolucionan de manera independiente de otros modelos de empresa social tradicional. Queda pendiente, para estudios posteriores, estudiar más esta relación y conocer los factores que les afectan.

Asimismo, queda para próximos estudios la comparación sectorial entre los modelos de empresa social, pues no se dispone de información del sector de actividad para todas las CC.AA. que permita una comparación directa entre modelos. No obstante, sirva el análisis previo como una primera aproximación al estudio comparado de las tendencias y situación de cada modelo de empresa social tradicional, siendo conscientes que del mismo han emergido cuestiones que necesitarán de una profundización mayor en el futuro.
 

La inserción socio laboral de colectivos vulnerables es un proceso complejo que requiere la implementación de modelos de intervención efectivos y sostenibles. Las empresas de inserción, los centros especiales de empleo y las cooperativas de iniciativa social han demostrado ser herramientas valiosas en este ámbito, proporcionando no solo empleo, sino también formación, apoyo y desarrollo personal. La revisión de la literatura y estudios recientes confirma la importancia de estas entidades en la promoción de la inclusión laboral y la cohesión social, subrayando la necesidad de políticas públicas que apoyen y fortalezcan su labor.

Cabe destacar el crecimiento significativo de estos distintos modelos de empresa social, que incluyen las Empresas de Inserción (EI), los Centros Especiales de Empleo (CEE) y las Cooperativas de Iniciativa Social (CIS), y su capacidad para proporcionar empleo digno y apoyo continuo a personas con discapacidad y en riesgo de exclusión social.

El artículo permite evidenciar que las EI han mostrado un notable crecimiento tanto en el número de entidades como en la cantidad de personas empleadas, reflejando su relevancia en la generación de empleo. Los CEE, por su parte, se destacan por su papel en la creación de empleo para personas con discapacidad y su resiliencia en tiempos de crisis económicas. Las CIS se caracterizan por su estructura democrática y participativa, lo que facilita un entorno de trabajo inclusivo y equitativo.

La evolución comparada en el número de entidades de cada modelo de empresa social muestra un crecimiento dispar. En 2022, había un total de 3.525 empresas sociales en España, distribuidas en 306 Empresas de Inserción (EI), 796 Cooperativas de Iniciativa Social (CIS) y 2.423 Centros Especiales de Empleo (CEE). Aunque las CIS representaban el modelo predominante en 2017 (con 647 sobre 576 CEE y 201 EI), los CEE de iniciativa social las han superado en número en 2022, con un crecimiento notable de los CEE de Iniciativa Social, lo que muestra un cambio significativo en la prevalencia de estos modelos. Este incremento diverso resalta la evolución distinta de cada modelo y la necesidad de políticas diferenciadas para seguir apoyando su desarrollo y efectividad en la integración de colectivos vulnerables.

En síntesis, las empresas sociales son esenciales para promover la cohesión social y mejorar las condiciones de vida de los grupos desfavorecidos en España. Sin embargo, es crucial continuar investigando y desarrollando políticas que apoyen y fortalezcan estas entidades para abordar los desafíos pendientes, como la necesidad de profesionalizar los equipos de gestión, mejorar las condiciones salariales y asegurar la viabilidad futura de estas entidades.
 

Los autores quieren agradecer el apoyo del proyecto “GESES-Grupo de Estudios Sociales y Económicos del Tercer Sector” [S28_23R] del Gobierno de Aragón, y del proyecto de I+D+i “Las Empresas Sociales. Identidad, reconocimiento de su estatuto legal en Europa y Propuesta para su regulación en España” [PROYECTO/AEI/10.13039/501100011033], de la Agencia Estatal de Investigación, adscrita al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Asimismo, los resultados presentados forman parte del proyecto presentado a la convocatoria de promoción del trabajo autónomo, de la economía social y de la responsabilidad social de las empresas de la Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas (Ministerio de Trabajo y Economía Social).
 

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