Antecedentes
La celebración del 20 aniversario de la Convención de Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad es un buen momento para reflexionar sobre la orientación de las profesiones del ámbito de la intervención social del sector de la discapacidad y, en concreto, sobre el futuro de aquellas basadas en los enfoques del modelo social de la discapacidad y los efectos de la Convención y los nuevos marcos jurídicos de reconocimiento de derechos que ha promovido en una sociedad en profunda transformación.
La reciente modificación del artículo 49 de la Constitución Española ha supuesto un hito en la evolución de las reformas del marco legal español promovidos por el mandato y despliegue de la Convención de Naciones Unidas. Pero, son muchos avances realizados en los últimos años: reconocimiento del derecho al voto, la eliminación de la esterilización forzada, avances en las accesibilidad universal y reconocimiento de la accesibilidad cognitiva, la reforma de la capacidad jurídica y la promoción de la vida independiente, etc.
Este indudable motor de cambio social que durante dos décadas ha servido de acicate para transformar la legislación y los despliegues normativos en estrategias, planes, programas, diseño de servicios y enfoque de la práctica profesional se ha desarrollado en un trayecto convulso de la historia del inicio del siglo XXI. Las guerras iniciadas tras el ataque a las Torres Gemelas; la gran recesión del 2008; la pandemia; la emergencia climática; las tensiones sociales; el impacto de las tecnologías y la digitalización en todos los órdenes de la vida; los grandes movimientos migratorios, los cambios demográficos, el envejecimiento de la población; el aumento de las desigualdades; las dificultades de acceso a la vivienda; el cuestionamiento de nuestras instituciones y del sistema democrático; entre otras circunstancias, han ido transformando nuestra sociedad y generando nuevos retos sociales y diversas respuestas a necesidades emergentes. Hablamos de una agenda cada vez más compleja, disruptiva y desafiante.
La ley 39/2006 de la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia marcó otro gran hito que reconfiguró un nuevo sistema que pretende ser el pilar social de nuestro país. Llamada a movilizar y reorganizar los servicios sociales, la Dependencia asume en su seno realidades muy diferentes y modelos de intervención que anteriormente se habían desarrollado en ámbitos estancos. Me refiero principalmente a los apoyos que nacieron desde la discapacidad y los procedentes de la gerontología. Se produce un cierto choque de conceptualizaciones y modelos que podemos situar en un continuo que va desde el asistencialismo, en uno de sus extremos, y los movimientos más radicales de vida independiente, en el otro.
La discapacidad, y dentro de ella, las organizaciones de la discapacidad intelectual y del desarrollo, fueron sensibles a esa nueva circunstancia con el temor a diluirse en un contexto de dependencia como un espacio homogeneizador que amenazaba los planteamientos de empoderamiento, personalización e inclusión. Se generó cierto miedo a retroceder hacia un sistema más asistencialista. Pasados los años, podemos observar todo lo contario: los planteamientos de la discapacidad y sus modelos de apoyo y cuidado, al menos en la teoría, se han ido aceptando y penetrando en el ámbito de las personas mayores. Estos principios y valores son generalmente compartidos desde una visión promotora de ciudadanía y personalización. Otra cosa es el despliegue en la práctica cotidiana que está lejos todavía de alcanzar estándares de calidad en impacto en derechos, personalización y participación social.
Efectivamente, la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el Sistema de la mal llamada Dependencia son dos vectores de gran potencia que en ocasiones coadyuvan, pero muy a menudo suponen conflictos de enfoque. Desde el nacimiento del SAAD (Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia) se promocionó más la parte de la Dependencia que incorpora la ley, mientras que el enfoque de Autonomía no ha tenido la misma relevancia. Creemos que las reformas legislativas que se están tramitando en estos momentos van en la buena dirección, potenciar el ejercicio efectivo de los derechos, la capacidad de decisión y la participación en la comunidad.
En este contexto Plena inclusión, antes FEAPS, ha venido utilizando tres grandes áreas de competencias profesionales para orientar la práctica profesional centrada en la persona y su proyecto de vida: las competencias éticas, las competencias técnicas y las empáticas o relacionales (Tamarit 2005). También, asumió los avances en modelos de gestión de la calidad de los años noventa e inicios de los dos mil, para superar una actividad ¨bienintencionada de prácticas acríticas y no basadas en la evidencia” M. A. Verdugo y gano relevancia el eslogan “calidad con calidez”. El modelo de Calidad FEAPS asumía tres vectores coherentes con nuestro modelo de competencias profesionales: la ética, la calidad de vida y la excelencia en la gestión. Se comienza a diferenciar de forma muy clara el diseño de servicios y la práctica profesional basados en modelos médico-rehabilitadores y las propuestas centradas en la persona y su calidad de vida. Hoy todavía podemos encontrar muchos servicios a personas basados en el modelo médico rehabilitador que conceptualiza a la persona como un mero “paciente” receptor de terapias y ayudas, o en otros casos, un “usuario” receptor de prestaciones y asistencia básica.
Hay que entender que estos avances nunca hubieran sido posibles sin el cambio de paradigma que supuso la novena revisión de definición de discapacidad intelectual de la AAIDD1992 y siguientes, que operativizo el modelo socio-ecológico de la discapacidad y reconoció el dinamismo que supone la interacción de los obstáculos del contexto con las limitaciones en diferentes áreas del desarrollo, pasando de una visión del déficit a otra centrada en las fortalezas y los sistemas de apoyo. Esa conceptualización revolucionaria genero nuevos propósitos de la acción profesional en torno al concepto de calidad de vida. Es entonces cuando llega a España la planificación centrada en la persona (O’Brien 1980) y las herramientas de evaluación de la Calidad de Vida, destacando los trabajos de Shalock y Verdugo, y la actividad del INICO de la Universidad de Salamanca y su alianza mantenida con FEAPS, hoy Plena inclusión. Son momentos de debate sobre las nuevas maneras de dar apoyo y el papel central de la persona y los procesos de empoderamiento y el concepto de autodeterminación
En este proceso evolutivo hacia un nuevo modelo de intervención y la emergencia de nuevos roles profesionales, se dan en paralelo, con la necesaria transformación de servicios. (Tamarit 2018). Y a ello se suma el papel fundamental de la incorporación del proyecto ético en el marco de la acción social. La creación de un código ético (Xavier Etxebarrria; J. Lacasta y otros 2005) que alumbre la relación de apoyos y la generación de comités de ética junto con la formación de claves o principios de actuación con una base en los principios de la bioética, sirven para identificar los dilemas éticos y debatirlos. Supone la apertura de un espacio clave para avanzar en la significación de la tarea desde la búsqueda de una vida buena con buenos apoyos en instituciones y sociedades justas.
En este trayecto hacia nuevos roles profesionales, con enfoque hacia la comunidad, podemos destacar como antecedentes, el rol de preparador laboral, del modelo de empleo con apoyo, metodología para la inserción laboral en empleo ordinario. La intervención en el contexto laboral a través del análisis del puesto de trabajo en la empresa, la interacción con los mandos y equipos de trabajo, donde la persona con discapacidad se iba a incorporar son intervenciones que nos indicaban como las profesiones de la discapacidad comenzaban a salir de los entornos específicos y segregados y buscaban la modificación de los entornos y funciones laborales ordinarias para generar oportunidades, adaptaciones y relaciones encaminados al logro que supone conseguir y mantener un puesto de trabajo, especialmente para colectivos con especiales dificultades de empleabilidad. En el ámbito educativo los conocidos como profesores de pedagogía terapéutica, han sido otro ejemplo de roles para la inclusión educativa. Es cierto que en el ámbito educativo todavía queda un largo camino que precisa de mucha más flexibilidad y recursos para la modificación de contextos, aumento de personal formado y cambio cultural para avanzar hacia una inclusión efectiva.
