La transición ecológica constituye una oportunidad histórica para transformar el modelo productivo y generar empleo verde, pero su éxito no está garantizado. Para evitar desigualdades territoriales y sociales, es imprescindible que el nuevo empleo sea digno, estable y de calidad, y que su creación coincida en el tiempo y en el lugar con el empleo que se pierda debido al cierre o transformación de actividades contaminantes. La formación y la anticipación resultan determinantes para prevenir la exclusión laboral y los desequilibrios sectoriales. En este proceso, el diálogo social y la participación sindical son elementos clave para orientar esta gran transformación. La transición justa debe entenderse como el eje que integra ambición climática, cohesión territorial y trabajo decente, convirtiendo el empleo verde en una palanca estratégica para construir un futuro más sostenible, inclusivo y socialmente justo.

Palabras clave: transición justa, desarrollo territorial, diálogo social, trabajo decente, formación

The ecological transition represents a historic opportunity to transform the productive model and generate green jobs, but its success is not guaranteed. To prevent territorial and social inequalities, it is essential that new jobs are decent, stable and of high quality, and that their creation coincides in time and place with the employment lost due to the closure or transformation of polluting activities. Training and anticipation are crucial to prevent labour exclusion and sectoral imbalances. In this process, social dialogue and trade union participation are key elements in guiding this major transformation. A just transition must be understood as the core framework integrating climate ambition, territorial cohesion and decent work, turning green employment into a strategic lever for building a more sustainable, inclusive and socially just future.

La transición ecológica constituye uno de los mayores procesos de transformación económica y productiva de las últimas décadas. La necesidad de hacer frente al cambio climático, detener la pérdida de biodiversidad y la contaminación del suelo, el agua y la atmósfera, así como de avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible está impulsando cambios profundos en los sistemas energéticos, industriales, de transporte, agroalimentarios y de consumo. Estos cambios no son neutros desde el punto de vista social y, muy especialmente, desde la perspectiva del empleo.

La descarbonización de la economía implica, de manera inevitable, la destrucción de puestos de trabajo en actividades e industrias intensivas en carbono, muchas de ellas históricamente relevantes en determinados territorios. Al mismo tiempo, la transición ecológica abre oportunidades para la creación de nuevos empleos vinculados a la economía verde, con potencial para generar actividad económica, innovación y desarrollo territorial. Numerosos estudios, tanto a escala internacional como nacional, coinciden en que el saldo neto de empleo derivado de la transición ecológica puede ser muy positivo.

Sin embargo, centrar el análisis exclusivamente en el balance agregado de empleo creado y destruido resulta insuficiente y, en ocasiones, engañoso. La cuestión clave no es únicamente cuántos empleos verdes se generan, sino su calidad, su localización territorial y su sincronización temporal con los procesos de cierre. La experiencia de anteriores reconversiones industriales demuestra que, cuando estas dimensiones no se tienen en cuenta, los costes sociales recaen de forma desproporcionada sobre las personas trabajadoras y sobre los territorios más vulnerables.

Desde esta perspectiva, la transición ecológica debe entenderse, ante todo, como una transición social y laboral. No se trata solo de transformar tecnologías o modelos productivos, sino de garantizar que este proceso se realice de manera justa e inclusiva, sin dejar a nadie ni a ningún territorio atrás. En este sentido, el concepto de transición justa se ha consolidado como un marco de referencia imprescindible para articular políticas climáticas que integren el empleo, la protección y el diálogo social, la anticipación y el desarrollo territorial.

Es fundamental remarcar que este concepto, hoy ampliamente utilizado, surge del movimiento sindical en la década de 1980, cuando los sindicatos estadounidenses comenzaron a emplearlo para proteger a las personas trabajadoras afectadas por nuevas regulaciones ambientales. Tras décadas de trabajo sindical, el concepto fue incorporado al preámbulo del Acuerdo de París en 2015.

La transición justa puede definirse como la planificación e implementación anticipada, y con participación de las personas trabajadoras, de medidas destinadas a contrarrestar los impactos sociales y laborales de la transición ecológica y del cambio climático. Su objetivo es avanzar hacia una sociedad más sostenible manteniendo y creando empleo digno y de calidad, ofreciendo alternativas reales a las personas y territorios afectados y evitando que nadie se quede atrás.

La transición justa parte de una premisa fundamental: no puede haber sostenibilidad ambiental sin sostenibilidad social. Las políticas climáticas solo serán viables y duraderas si incorporan medidas que acompañen a las personas trabajadoras y a las comunidades afectadas por los procesos de transformación productiva. Esto implica anticipar los impactos sobre el empleo, promover alternativas económicas en los territorios afectados, garantizar derechos laborales y facilitar procesos de recualificación y formación a lo largo de la vida laboral.

En el contexto español, esta dimensión social adquiere una relevancia particular. El cierre de centrales térmicas, la reconversión de determinadas actividades industriales o los cambios en sectores como el transporte, la construcción o la agricultura afectan de manera desigual a distintos territorios, muchos de ellos ya golpeados por fenómenos como la despoblación, el envejecimiento de la población o la falta de oportunidades laborales para jóvenes. La transición ecológica, bien orientada a través de la transición justa, puede convertirse en una herramienta para el desarrollo territorial y la lucha contra el reto demográfico. Mal gestionada, puede profundizar las brechas existentes.

Desde el sindicalismo, y en particular desde UGT, defendemos que la transición ecológica debe situar el empleo de calidad y los derechos laborales en el centro de la estrategia climática. La creación de empleo verde no puede basarse en la precarización ni en la pérdida de condiciones laborales respecto a los empleos que se destruyen. Por el contrario, el nuevo empleo asociado a la economía verde debe ofrecer, como mínimo, las mismas condiciones laborales, y preferiblemente mejores, contribuyendo así a reforzar la cohesión social y a generar apoyo social a las políticas vinculadas con la transición ecológica y la lucha contra la emergencia climática.

El concepto de empleo verde se ha popularizado de forma notable en los últimos años, hasta convertirse en un elemento central del discurso sobre la transición ecológica. No obstante, su uso frecuente no siempre ha ido acompañado de una definición clara y compartida, lo que ha dado lugar a interpretaciones diversas y, en ocasiones, contradictorias.

La definición más ampliamente aceptada es la formulada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que entiende los empleos verdes como aquellos empleos decentes que contribuyen a preservar y restaurar el medioambiente, ya sea en sectores tradicionales (como la industria manufacturera o la construcción) o en sectores emergentes, como las energías renovables, la eficiencia energética o la economía circular. Esta definición incorpora un elemento esencial que no siempre está presente en otros enfoques: la exigencia de que se trate de empleo decente.

Este matiz no es menor. Vincular el empleo verde al concepto de trabajo decente implica reconocer que la contribución ambiental de una actividad no es suficiente para calificar un empleo como sostenible. Las condiciones laborales, la estabilidad, la seguridad y salud en el trabajo, la protección social, la igualdad y el respeto a los derechos laborales forman parte inseparable del concepto de empleo verde desde la perspectiva de la OIT.

Los empleos verdes contribuyen de manera directa a la transformación ambiental del modelo productivo. A través de su desarrollo es posible mejorar la eficiencia en el uso de energía y materias primas, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, minimizar la generación de residuos y la contaminación, así como proteger y restaurar los ecosistemas. Además, estos empleos desempeñan un papel relevante en las estrategias de adaptación al cambio climático, reforzando la resiliencia de los sistemas económicos y sociales frente a sus impactos.

Los empleos verdes pueden encontrarse en una amplia variedad de sectores y actividades. Desde el punto de vista empresarial, los empleos verdes pueden estar vinculados a la producción de bienes o a la prestación de servicios que aportan beneficios ambientales claros, como ocurre en ámbitos como la edificación sostenible o el transporte cero emisiones. No obstante, conviene subrayar que estos bienes y servicios no siempre se apoyan exclusivamente en tecnologías o procesos plenamente “verdes”. En muchos casos, la contribución ambiental se produce a través de mejoras progresivas en la forma de producir y organizar el trabajo.

En este sentido, los empleos verdes también pueden desempeñar un papel clave en la ecologización de los procesos productivos, incluso en sectores que no tienen un resultado final ambiental en sentido estricto. Acciones como la reducción del consumo de agua, la mejora de los sistemas de reciclaje o la optimización del uso de recursos en las empresas forman parte de este enfoque.

Por tanto, desde una perspectiva analítica, pueden distinguirse dos grandes categorías de empleos verdes: por un lado, aquellos vinculados a sectores económicos cuyo producto o servicio final es ambientalmente sostenible; y, por otro, las funciones y ocupaciones que, en cualquier sector de actividad, contribuyen a procesos de producción más respetuosos con el medio ambiente, independientemente de la naturaleza del bien o servicio producido.

No obstante, esta amplitud conceptual también plantea desafíos. La etiqueta “verde” corre el riesgo de convertirse en un término genérico que oculte realidades laborales muy diversas. Existen actividades con un impacto ambiental positivo que presentan elevados niveles de precariedad, subcontratación o riesgos laborales insuficientemente analizados. En estos casos, hablar de empleo verde sin atender a la calidad del empleo puede conducir a una visión distorsionada de la transición ecológica.

Desde una perspectiva sindical, es fundamental subrayar que un empleo bueno para el planeta no tiene por qué serlo automáticamente para las personas. La experiencia demuestra que, en ausencia de regulación, negociación colectiva y control público, algunos sectores vinculados a la economía verde reproducen dinámicas laborales precarias ya conocidas en otros ámbitos. Por ello, la transición ecológica no puede plantearse como un simple cambio sectorial, sino como una oportunidad para mejorar la calidad del empleo y reforzar los derechos laborales.

Además, la definición de empleo verde debe incorporar explícitamente su dimensión territorial y temporal. Cuando la creación de empleo se produce lejos de los territorios afectados o con un desfase prolongado respecto a los cierres, su capacidad como alternativa real para las personas trabajadoras se ve seriamente limitada. La coherencia entre destrucción y creación de empleo constituye, por tanto, un criterio estructural de justicia en la transición.

En este sentido, el concepto de empleo verde no puede desligarse del de transición justa. Ambos forman parte de un mismo marco analítico y político que reconoce que la lucha contra el cambio climático debe ir acompañada de políticas activas de empleo, formación y desarrollo territorial.

La creación de empleo verde no es un resultado automático de la transición ecológica, sino el fruto de decisiones políticas, inversión pública y privada, y procesos de negociación colectiva y diálogo social.

En el contexto español, uno de los trabajos más completos sobre empleo y transición ecológica es el estudio “Empleo y Transición Ecológica. Yacimientos de empleo, transformación laboral y retos formativos en los sectores relacionados con el cambio climático y la biodiversidad en España” (2023), coordinado por la Fundación Biodiversidad y la Oficina Española de Cambio Climático. Este informe analiza en profundidad más de una decena de sectores estratégicos de la transición ecológica (incluyendo energías renovables, rehabilitación energética, economía circular, movilidad sostenible, restauración de la naturaleza, turismo sostenible o gestión forestal sostenible, entre otros), identificándolos como ejes de oportunidad para la creación de empleo sostenible y de calidad.

El estudio no solo mapea los sectores, sino que detalla la transformación laboral prevista, incorpora un análisis de impactos territoriales y plantea un inventario de las ocupaciones que tendrán mayor relevancia en la próxima década. Además, identifica ocupaciones emergentes y existentes que deberán reorientarse o ampliarse para responder a las necesidades de una economía descarbonizada y resiliente. Esta perspectiva amplia (que va más allá de los empleos verdes clásicos) permite comprender mejor las oportunidades y limitaciones del mercado laboral español ante la transición ecológica.

Uno de los principales obstáculos para el diseño de políticas eficaces de empleo verde y transición justa es la falta de consenso en torno a la definición y medición del empleo verde. A pesar del creciente interés institucional y académico, no existe todavía un marco metodológico homogéneo que permita identificar, cuantificar y comparar estas ocupaciones de forma sistemática.

Las dificultades metodológicas son múltiples. En primer lugar, los sistemas estadísticos y las clasificaciones ocupacionales tradicionales no fueron concebidos para captar dimensiones ambientales o climáticas. Esto obliga, en muchos casos, a realizar aproximaciones indirectas, basadas en sectores de actividad o en tecnologías concretas, que no siempre reflejan la realidad del trabajo desempeñado. En segundo lugar, la transversalidad de la transición ecológica hace que numerosos empleos incorporen tareas “verdes” sin que ello suponga necesariamente un cambio de ocupación o de sector, lo que complica aún más su identificación.

A estas dificultades se suma la ausencia de criterios homogéneos sobre qué debe considerarse empleo verde. Algunos enfoques priorizan el impacto ambiental de la actividad; otros, la finalidad del bien o servicio producido; y otros, el uso de determinadas tecnologías. En muchos casos, estas aproximaciones dejan en un segundo plano (o directamente ignoran) aspectos clave como la calidad y estabilidad del empleo o las condiciones laborales.

Desde la perspectiva de la transición justa, esta limitación adquiere especial relevancia. La cuantificación de empleos verdes sin integrar indicadores de calidad laboral y condiciones de trabajo puede sobredimensionar los beneficios de la transición e invisibilizar sus costes sociales. La OIT ha advertido de forma reiterada que el empleo verde solo puede contribuir al desarrollo sostenible si se inscribe en el marco del trabajo decente, lo que exige integrar indicadores laborales en los sistemas de medición.

Otro elemento crítico que ya se ha mencionado anteriormente es la falta de integración de la dimensión territorial en muchos análisis sobre empleo verde. La creación de empleo a escala nacional o regional no garantiza que existan alternativas laborales reales en los territorios afectados por el cierre o la reconversión de actividades intensivas en carbono. Sin información desagregada a nivel local, resulta difícil evaluar si la transición ecológica contribuye a la cohesión territorial o, por el contrario, profundiza las desigualdades existentes.

Estas carencias metodológicas no son un problema meramente académico. Tienen consecuencias directas sobre el diseño y la evaluación de las políticas públicas. Sin datos adecuados, resulta complejo anticipar los impactos sobre el empleo, orientar la inversión pública, planificar la formación o activar medidas de acompañamiento para las personas trabajadoras afectadas. En este contexto, avanzar hacia sistemas de medición del empleo verde que incorporen criterios sociales, laborales y territoriales constituye una condición necesaria para una transición ecológica realmente justa.

Uno de los aspectos más sensibles de la transición ecológica es el desajuste entre la destrucción y la creación de empleo. Aunque ya se ha comentado que numerosos estudios apuntan a un potencial neto positivo de creación de empleo asociado a la transición ecológica y la economía verde, este saldo agregado oculta dinámicas complejas que afectan de manera desigual a sectores, territorios y colectivos.

La transición ecológica implica el declive progresivo o completa transformación de actividades e industrias que ya no son sostenibles desde el punto de vista ambiental, como determinadas explotaciones mineras, centrales térmicas o procesos industriales altamente intensivos en carbono. Estos cierres o reconversiones tienen un impacto inmediato sobre el empleo (tanto directo, como indirecto e inducido), especialmente en territorios donde estas actividades han constituido durante décadas el principal motor económico y laboral.

Frente a esta destrucción de empleo, la creación de nuevos puestos de trabajo asociados a sectores verdes no siempre se produce de forma automática ni sincronizada. En muchos casos, el nuevo empleo aparece en otros territorios, en otros sectores o en otros momentos, lo que dificulta sobremanera la recolocación efectiva de las personas trabajadoras afectadas. Este desfase temporal y territorial constituye uno de los principales riesgos sociales de la transición ecológica.

En el caso de España, como ya se ha indicado anteriormente, este fenómeno adquiere una relevancia particular. El cierre de instalaciones ha afectado de manera significativa a comarcas ya vulnerables desde el punto de vista socioeconómico, caracterizadas por procesos de despoblación, envejecimiento de la población y escasas alternativas laborales. En estos contextos, la transición ecológica no puede limitarse a una estrategia sectorial, sino que debe integrarse en una política de desarrollo territorial orientada a diversificar la economía, generar empleo verde estable y fijar población.

Desde una perspectiva sindical y de transición justa, resulta imprescindible que la creación de empleo verde coincida en el tiempo y en el territorio con la destrucción de empleo. Esto requiere anticipación, planificación, inversión pública, incentivos adecuados y un marco de gobernanza que incorpore a los agentes sociales. En este escenario, el papel de los servicios públicos de empleo resulta determinante para garantizar una intermediación eficaz y una orientación personalizada que conecte las capacidades de las personas trabajadoras con los nuevos yacimientos de empleo verde.

Además, la transición ecológica ofrece una oportunidad estratégica para abordar el reto demográfico. La implantación de actividades vinculadas a la economía verde en zonas rurales o en territorios en transición puede contribuir a generar empleo local, atraer población joven y favorecer el relevo generacional. No obstante, este potencial solo se materializará si los nuevos empleos ofrecen condiciones laborales dignas, estabilidad y perspectivas de desarrollo profesional.

En este sentido, la transición ecológica no debe concebirse únicamente como un proceso de sustitución de actividades, sino como una estrategia integral de reindustrialización sostenible y desarrollo territorial. Alinear las políticas climáticas con las políticas de empleo, formación y cohesión territorial es una condición indispensable para garantizar que la transición no deje a nadie ni a ningún territorio atrás y cuente, por ende, con el apoyo social necesario para su éxito.
 

Como ya se ha indicado, la creación de empleo asociada a la transición ecológica no puede evaluarse únicamente en términos cuantitativos. La calidad del empleo constituye un elemento central para determinar si la transición contribuye realmente al desarrollo sostenible o si, por el contrario, reproduce dinámicas de precariedad ya existentes en otros sectores de la economía.

Los empleos vinculados a la economía verde presentan una notable heterogeneidad. Conviven perfiles altamente cualificados (ingenierías, titulaciones universitarias y formación profesional de grado superior) con empleos de cualificación intermedia y otros de menor nivel formativo.

Esta diversidad supone una oportunidad para generar empleo a lo largo de toda la cadena de valor, pero también plantea desafíos importantes en términos de condiciones laborales, estabilidad y protección social.

En algunos ámbitos de la economía verde se han detectado prácticas laborales caracterizadas por la temporalidad, la subcontratación excesiva o la externalización de actividades, especialmente en fases intensivas en mano de obra. Estas dinámicas ponen de relieve que el carácter ambiental de una actividad no garantiza, por sí solo, condiciones laborales adecuadas.

Desde la perspectiva sindical, resulta imprescindible afirmar que la transición ecológica no puede financiarse a costa de una degradación de los derechos laborales. Como ya se ha indicado, el nuevo empleo verde debe ofrecer, como mínimo, condiciones equiparables a las de los empleos que se destruyen en sectores intensivos en carbono. De lo contrario, la transición corre el riesgo de generar rechazo social y de profundizar las desigualdades existentes.

A estas desigualdades se suma una dimensión estructural frecuentemente invisibilizada: la brecha de género en la transición ecológica. Aunque este proceso representa una oportunidad para avanzar hacia un modelo productivo más justo, la evidencia muestra que, en ausencia de políticas específicas, tiende a reproducir las dinámicas de segregación ya presentes en el mercado laboral.

En España, las mujeres continúan infrarrepresentadas en los sectores clave de la transición ecológica, especialmente en ámbitos técnicos e industriales, y su presencia se concentra mayoritariamente en ocupaciones administrativas o de apoyo, con menor peso en puestos técnicos, operativos y de responsabilidad. Esta distribución no solo limita el acceso equitativo a las oportunidades laborales emergentes, sino que reproduce una segmentación que condiciona tanto la calidad del empleo como las trayectorias profesionales.

Esta situación no responde a una falta de cualificación, sino a barreras estructurales cuya persistencia no solo plantea un problema de equidad, sino que limita el potencial transformador de la transición ecológica. Integrar la perspectiva de género en las políticas de empleo verde y en los sistemas de formación resulta, por tanto, una condición necesaria para garantizar que la transición sea verdaderamente justa e inclusiva.

Asimismo, se debe prestar atención a los nuevos riesgos laborales asociados a determinadas actividades verdes. La exposición a nuevos materiales y compuestos en procesos industriales innovadores, el trabajo prolongado al aire libre en condiciones climáticas cada vez más extremas, la manipulación e instalación de tecnologías emergentes (como sistemas fotovoltaicos en altura o infraestructuras de almacenamiento energético) o el incremento del estrés térmico son algunos de los riesgos que deben ser evaluados con rigor técnico. A estos se añaden factores organizativos, como ritmos de trabajo intensificados en sectores en expansión o la subcontratación en cadenas de valor vinculadas a las renovables, que pueden generar precariedad si no se regulan adecuadamente.

La prevención de riesgos laborales no puede considerarse un elemento accesorio de la transición ecológica, sino una condición estructural de su legitimidad social. Debe integrarse desde el diseño de las nuevas actividades productivas, incorporando evaluaciones específicas, actualización normativa cuando sea necesario, formación preventiva adaptada a los nuevos perfiles profesionales y participación activa de la representación de las personas trabajadoras. Solo así puede garantizarse que el empleo verde sea también empleo seguro y saludable.

En este contexto, la negociación colectiva y el diálogo social desempeñan un papel fundamental. Los convenios colectivos constituyen una herramienta clave para garantizar condiciones laborales dignas, regular la formación, prevenir riesgos y asegurar una transición justa y ordenada para las personas trabajadoras. La transición ecológica no puede abordarse al margen de las relaciones laborales, sino que debe incorporarse de manera transversal a la acción sindical y a la regulación del trabajo.

La formación y el desarrollo de competencias se sitúan en el centro de la transición ecológica. La transformación de los sistemas productivos exige una adaptación profunda de las cualificaciones profesionales, tanto para responder a las necesidades de los nuevos empleos verdes como para facilitar la recualificación de las personas trabajadoras procedentes de sectores en declive.

Las transiciones digital y ecológica, que avanzan de manera simultánea, pueden compararse por su alcance y profundidad con los grandes procesos de transformación industrial del siglo XX. Prácticamente todos los sectores de actividad se verán afectados, lo que supone un reto sin precedentes para los sistemas de formación y para el mercado de trabajo. En este contexto, evitar que la falta de competencias se convierta en un cuello de botella debe ser una prioridad estratégica.

El estudio citado anteriormente de empleo y transición ecológica de la Fundación Biodiversidad también representa uno de los trabajos más detallados sobre la transformación de competencias y los retos formativos asociados a la transición ecológica en España. Mediante un proceso consultivo con casi 170 agentes clave se identificaron las capacidades técnicas, profesionales y formativas necesarias para que la mano de obra en España pueda transitar hacia nuevas ocupaciones vinculadas al clima y la biodiversidad.

Desde una perspectiva de transición justa, pueden identificarse tres grandes retos en materia de formación vinculados a la transición ecológica. En primer lugar, la necesidad de adaptar las competencias existentes a los procesos de descarbonización y adaptación al cambio climático, teniendo en cuenta las especificidades sectoriales y territoriales. En segundo lugar, la formación para los nuevos empleos verdes, que requiere el desarrollo de itinerarios formativos específicos y flexibles, alineados con las necesidades reales del tejido productivo. En tercer lugar, la sensibilización ambiental transversal, orientada a reducir la huella de carbono en los centros de trabajo y a integrar la sostenibilidad en la cultura laboral.

En este ámbito, la participación de los interlocutores sociales resulta fundamental. La formación ambiental y climática de las personas trabajadoras es esencial para identificar riesgos y oportunidades, evaluar la eficacia de las medidas adoptadas por las empresas y proponer alternativas viables para la ecologización de la actividad productiva.

La OIT ha señalado que, en los compromisos nacionales para cumplir el Acuerdo de París, el papel del desarrollo de competencias ha sido ampliamente subestimado. Aunque una mayoría de países reconoce la importancia de la formación y la adquisición de conocimientos sobre cambio climático, menos de la mitad incluye planes de capacitación concretos que respalden la implementación de estas políticas. Esta brecha entre el diagnóstico y la acción limita el potencial de la transición ecológica para generar empleo de calidad.

En el caso de España, los estudios disponibles apuntan a una creciente demanda de perfiles técnicos, tanto de nivel universitario como de formación profesional de grado superior, así como de empleos de cualificación intermedia. A nivel competencial, se prevé una combinación de conocimientos ambientales y de sostenibilidad, competencias digitales, formación técnica específica de cada sector y habilidades transversales. Sin embargo, los sistemas de formación actuales no están plenamente preparados para dar respuesta a esta demanda de forma ágil y coordinada.

La formación adquiere, además, una dimensión estratégica en relación con el relevo generacional. Muchos de los sectores clave para la transición ecológica cuentan con plantillas envejecidas, lo que plantea riesgos para la continuidad de la actividad y, al mismo tiempo, abre oportunidades para la incorporación de personas jóvenes. La transición ecológica puede convertirse en un vector de empleo juvenil y de revitalización territorial, siempre que los nuevos empleos ofrezcan estabilidad, derechos y perspectivas de desarrollo profesional. En este sentido, herramientas como el contrato relevo pueden desempeñar un papel destacado.

De la misma manera, resultan especialmente relevantes las experiencias de orientación, formación y acompañamiento que ya se están desarrollando desde el ámbito sindical. Un ejemplo de ello es el proyecto Orienta Empleo Verde, impulsado por UGT en la Comunidad Valenciana, que está dirigido a estudiantes de institutos y ciclos formativos con el objetivo de orientarles acerca de las nuevas oportunidades y cualificaciones en el marco del empleo verde y la protección del medio ambiente. Combina orientación profesional, información sobre sectores verdes emergentes y apoyo a la mejora de la empleabilidad de personas trabajadoras.

Experiencias como esta ponen de manifiesto que la formación y la orientación laboral son herramientas clave para evitar que la transición ecológica deje atrás a determinados colectivos y para favorecer procesos de relevo generacional en sectores estratégicos.
 

La transición justa se ha consolidado como el principal marco de gobernanza para integrar la dimensión social y laboral en las políticas climáticas. Impulsado inicialmente por el movimiento sindical y asumido progresivamente por las instituciones europeas y nacionales, este enfoque reconoce que la transformación hacia una economía climáticamente neutra solo será viable si garantiza alternativas reales para las personas trabajadoras y los territorios afectados.

España es hoy uno de los países que más ha avanzado en la institucionalización de este enfoque, con una Ley de Cambio Climático que incorpora un capítulo específico sobre transición justa y con instrumentos como el Instituto para la Transición Justa, la Estrategia de Transición Justa (que debe actualizarse cada 5 años) y los Convenios territoriales de Transición Justa. Estos instrumentos no son un fin en sí mismos, sino herramientas para ordenar el cambio y convertir la transformación productiva en una oportunidad.

Aunque es cierto que la experiencia acumulada demuestra que disponer de herramientas no es suficiente. El principal desafío sigue siendo la anticipación: generar alternativas económicas y laborales reales antes de que se produzcan los cierres es una condición imprescindible para evitar pérdida de empleo, despoblación y fractura social. Cuando las medidas llegan tarde, el coste territorial y humano es mucho mayor y la reconstrucción resulta más compleja.

Al mismo tiempo, los convenios de transición justa han demostrado que es posible acompañar estos procesos con medidas de empleo, formación y desarrollo económico, ofreciendo un marco de diálogo y planificación que reduce la incertidumbre. Su verdadero potencial, sin embargo, no reside únicamente en amortiguar impactos, sino en orientar estratégicamente la creación de empleo verde hacia los territorios más afectados, garantizando que las nuevas actividades productivas generen empleo digno, estable y con capacidad de arraigo. En este sentido, el debate no debe centrarse exclusivamente en cuántos empleos se crean, sino en qué tipo de empleo, en qué condiciones y con qué impacto estructural sobre el territorio.

Hasta ahora, estos convenios se han desplegado principalmente en territorios donde una única actividad (contaminante) vertebraba buena parte de la economía local. Esta experiencia pone de relieve la importancia de avanzar hacia un modelo más diversificado, donde el empleo verde no dependa exclusivamente de un único sector, sino que se extienda de forma transversal a ámbitos como la rehabilitación energética, la gestión forestal sostenible, la economía circular, las energías renovables, la movilidad o la adaptación al cambio climático. La transición justa puede convertirse así en una estrategia de diversificación productiva que reduzca la vulnerabilidad de los territorios ante futuros cambios estructurales.

Desde esta perspectiva, la creación de empleo verde asociada a la transición justa puede actuar como motor de atracción de inversión, de fijación de población y de revitalización de la España rural. Si se planifica adecuadamente, puede contribuir a revertir dinámicas de despoblación, generar oportunidades para las generaciones jóvenes y reforzar el tejido económico local. La transición ecológica no tiene por qué ser una amenaza para los territorios; puede ser una oportunidad para reindustrializar de forma sostenible y construir economías locales más resilientes.

En conclusión, la transición justa no debe entenderse solo como un mecanismo de compensación ante el cierre de actividades contaminantes, sino como una política transformadora orientada a crear empleo verde de calidad, fortalecer la cohesión territorial, la igualdad de oportunidades y garantizar que la lucha contra el cambio climático avance de la mano del trabajo decente. Cuando se combinan anticipación, diálogo social y desarrollo industrial y del tejido productivo verde, la transición ecológica deja de percibirse como una pérdida y pasa a convertirse en un proyecto colectivo de futuro compartido.