Impulsar una mayor justicia social y económica ha sido una de las prioridades de la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea durante el pasado semestre, plasmada en señalados avances, incluyendo el impulso al Pilar de derechos sociales y al desarrollo de un marco de indicadores de medición de la convergencia social al alza (Social Convergence Framework -SCF). A pesar de las importantes mejoras registradas, queda camino para alcanzar la convergencia de España con la media de la UE, situándose los principales desafíos sociales en el campo de la igualdad de oportunidades y la inclusión social, con un considerable margen de mejora en aspectos como el abandono escolar temprano, el acceso a la vivienda, la proporción de hogares en riesgo de pobreza y/o exclusión social o la eficacia de las transferencias sociales.

Impulsar una mayor justicia social y económica ha sido una de las prioridades de la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea durante el pasado semestre, que se ha plasmado en señalados avances como la suscripción del Pacto Europeo por el Asilo o la europea; la promoción de la igualdad retributiva; el avance en la garantía del derecho al cuidado o la adhesión de la UE al Convenio de Estambul, sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica. Nuestro país contribuye así a profundizar en uno de los objetivos primigenios del proceso de integración europea plasmado en los tratados fundacionales; la mejora de las condiciones de vida y su convergencia entre los países miembros, tras casi cuatro décadas de pertenencia a lo que es hoy la Unión Europea. A lo largo de este periodo, España ha experimentado un proceso de modernización política, económica y social de una intensidad sin precedentes en su historia, que se ha trasladado a los estándares de vida de la población, mucho más cercanos a los de la media europea de lo que lo estaban a mediados de los ochenta. 

Con ocasión de la Presidencia española de la Unión y a propósito del renovado impulso a los objetivos sociales de la Unión, el Consejo Económico y Social de España se propuso el pasado año abordar una somera aproximación al balance de este proceso de convergencia social en nuestro país a partir de los principales indicadores que informan sobre la calidad de vida y el bienestar de la población.  De este modo, la Memoria socioeconómica sobre la situación económica, laboral y social de la nación en 2022 incorporaba un análisis específico de la Convergencia social y las desigualdades, como apéndice al Capítulo 3, dedicado a la calidad de vida, la protección y la inclusión social¹. 

En un contexto de importantes incertidumbres geopolíticas y de creciente descenso de la confianza en las instituciones², en 2022 la UE se planteó nuevamente “fortalecer su alma”³, demostrando a la ciudadanía el impacto positivo de la pertenencia a la UE, lo que requiere monitorizar, no solo los habituales indicadores de resultados económicos y de empleo, sino todas las facetas del bienestar desde una perspectiva multidimensional. Ya la creación del Pilar Europeo de derechos sociales en 2017 en la Cumbre Social de Gotemburgo constituyó un paso importante para impulsar la dimensión social del proyecto comunitario, aunque su aplicación efectiva está sujeta a las políticas que emprendan los Estados miembros⁴ . Alrededor del Plan de Acción del Pilar Europeo de derechos sociales y sus nuevos tres objetivos, aprobados en la Cumbre Social de Oporto 2021⁵ , se revisaron los indicadores sociales para la monitorización del seguimiento de la ejecución del Plan, lo que permite una mejor visualización de los avances y las debilidades del proceso de convergencia en la Unión Europea en lo que se refiere a los veinte principios y derechos sociales reconocidos en el Pilar.

En línea con algunas de las recomendaciones del Informe CES 02/2023 sobre la Gobernanza de la UE⁶ , el impulso al Pilar de derechos sociales constituyó una de las prioridades de la Presidencia española del Consejo de la UE, en el segundo semestre de 2023. Los debates celebrados en el Comité de Empleo y el Comité de Protección Social en el marco del semestre europeo durante la Presidencia española han puesto de relieve que las políticas de inversión social basadas en datos contrastados que refuerzan las capacidades, aumentan la participación en el mercado laboral y previenen la exclusión pueden contribuir de manera considerable a un crecimiento económico más fuerte e integrador y a aumentar los niveles de productividad, y son fundamentales para acompañar las transiciones digital y ecológica⁷ .

Así, la iniciativa presentada por España y Bélgica en el Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores de la Unión Europea (EPSCO) en octubre de 2021, dirigida en un principio a la creación de un Mecanismo de Alerta Social (Social Imbalance Procedure -SIP-) , conectado con el Pilar Social y el Semestre europeo, derivó en un impulso al desarrollo de un marco de indicadores de convergencia social al alza (Social Convergence Framework -SCF)⁸, enfoque tendente a identificar los riesgos para la convergencia social al alza en los Estados miembro, se ha abierto paso ya en el Informe conjunto de empleo 2024⁹ . Con arreglo a este nuevo enfoque, el análisis identifica a España como uno de los siete países, junto con Bulgaria, Estonia, Hungría, Italia, Lituania y Rumanía que afronta particulares desafíos desde el punto de vista de la convergencia social al alza, puesto que arroja resultados particularmente críticos en al menos seis indicadores clave¹⁰ . Por ello, con arreglo a la metodología acordada en el EPSCO, en una segunda fase la Comisión europea deberá profundizar en el análisis y las recomendaciones específicas para estos países, incluido el nuestro. 

A pesar de la mejora registrada en los años recientes, queda camino para alcanzar la convergencia de España con la media de la UE, como se puede observar en el cuadro 1, en variables como la tasa de empleo, la tasa de paro de larga duración y la tasa de desempleo juvenil que condicionan e interactúan con otras variables del bienestar como la renta o el acceso a la vivienda. Al mismo tiempo, el crecimiento del ingreso bruto disponible de los hogares per cápita sigue siendo “crítico” y todavía está por debajo del nivel de referencia de 2008. España se enfrenta a retos en relación con el abandono prematuro de la educación y la formación, aunque obtiene resultados relativamente buenos en competencias digitales. Los principales desafíos de España se sitúan en el terreno de la igualdad de oportunidades y la inclusión social, puesto que tanto la tasa general de riesgo de pobreza o exclusión social como la proporción del quintil de ingresos son puntos “débiles pero están mejorando”, aunque los niveles siguen siendo relativamente altos, especialmente en el caso de la elevada proporción de niños y niñas en riesgo de pobreza o exclusión social y el relativamente bajo impacto de las transferencias sociales en la reducción de la pobreza.

En el lado positivo, la brecha de género en el empleo se sitúa “en promedio” y la brecha en el empleo por discapacidad coloca a España entre los “mejores resultados”.  España sigue obteniendo resultados "mejores que la media" en las necesidades de atención médica insatisfechas, al igual que arroja unos indicadores favorables de esperanza de vida saludable a los 65 años. La proporción de niños menores de tres años que asisten a guarderías formales es buena, si bien ha disminuido significativamente en el último año lo que apunta a problemas actuales de asequibilidad. Por tanto, la Comisión europea señala en su informe que España enfrenta riesgos potenciales para la convergencia social al alza que requieren ser analizados en profundidad en una segunda fase.

En su Memoria 2022, el CES se detenía en el análisis de algunas de esas brechas entre las cuales, como se ha mencionado, España destaca desfavorablemente por un nivel de riesgo de pobreza y/o exclusión social por encima de la media que, según la última edición de la Encuesta de Condiciones de Vida (2023) arroja un empeoramiento hasta alcanzar al 26,5 de la población, pese a la mejora del empleo (Tabla 2). Ello es debido principalmente al aumento de la población en situación de carencia material y social severa, que pasó del 7,7 al 9 %, en el contexto de subida del coste de la vida.

Pese al importante volumen de medidas excepcionales y de urgencia aprobadas en los últimos años dirigidas al mantenimiento de las rentas de los hogares en un contexto de aumento del coste de la vida¹¹, junto a otras de carácter estructural, como la creación del IMV, resulta especialmente preocupante la situación de la población infantil. En 2022 nuestro país arrojaba el segundo peor dato de la UE, con un 33,4 % de menores de edad en riesgo de pobreza y/o exclusión social (tasa AROPE). Los datos más recientes  de la Encuesta de Condiciones de Vida apuntan a un nuevo agravamiento del problema, que afecta en 2023 al 34,3 % de la población menor de 16 años. 

La exclusión residencial constituye una de las principales brechas sociales que afectan al bienestar mientras el elevado precio de la vivienda y gastos asociados detrae cada vez una importante porción más importante del presupuesto familiar. En perspectiva comparada la tasa de sobrecarga económica por gastos relacionados con la vivienda¹²  (9,2 %) se sitúa en España ligeramente por encima de la de la UE (8,7 %), lejos de países como Dinamarca (15,5 %) o Países Bajos (12,5 %), con los costes de la vivienda más altos de la UE¹³ (Tabla 3). Sin embargo, hay que tener en cuenta que según los datos disponibles para 2023, en promedio, el esfuerzo anual de gasto destinado a vivienda, alcanzó en el tercer trimestre del año el 39,2 % de la renta disponible por hogar, lo que supuso un aumento interanual de más del 15 %. También empeoró la accesibilidad económica, expresada como relación entre el precio de la vivienda y la renta bruta anual de los hogares, que pasó de 6,8 años de salario bruto en 2022 a 7,5 años en 2023, en línea con el aumento constante experimentado en los últimos seis años. 

Además, España debe aumentar el esfuerzo para reducir la población incapaz de mantener una temperatura adecuada en el hogar en invierno, reflejo del aumento del impacto del aumento del coste de la vida en la pobreza energética (que ha crecido del 17.1 % al 20,7 % en tan solo un año). Se trata de un indicador que refleja tanto a la desigualdad social como la necesidad de que se tengan en cuenta los efectos redistributivos de la transición energética, puesto que afecta más a la población con menor nivel de ingresos (30,1 % entre la población en riesgo de pobreza). 

Los costes de acceso a una vivienda constituyen una de las claves en el retraso de la emancipación de los jóvenes, aunque tampoco hay que olvidar su relación con el desempleo juvenil, pues la mayor parte de los países donde los jóvenes se emancipan tardíamente registran tasas de paro juvenil más altas¹⁴. España es el octavo país donde los jóvenes más tardan en emanciparse de la UE-27 (28,9 años), casi tres años más que en la media de la UE (26,5) (Tabla 4). 

La reducción del abandono educativo temprano constituye uno de los objetivos prioritarios de la Estrategia Educación y Formación de la Unión Europea, pues tiene consecuencias significativas tanto para las personas, cuando intentan establecerse en el mercado laboral, como para la economía, afectando a las tasas de actividad, paro y temporalidad, así como a la productividad del país. España es el segundo país de la UE-27 en el que el AET ha disminuido más entre 2011 y 2021 si bien en 2022 volvió a crecer ligeramente (13,9 %) y sigue situándose entre los países con una tasa más alta, alejada del objetivo establecido en el marco europeo de formación para el año 2030 (9 %). 

En cuanto al aprendizaje a lo largo de la vida¹⁵ ,  las disparidades entre los países de la UE son ostensibles pese a su importancia como estrategia para el desarrollo y la mejora de la competitividad de los países, las empresas y los individuos. España se sitúa por encima de la media de la UE en esta dimensión (14,4 % frente al 10,8 %) si bien muy alejada de los países donde la participación es más alta en los países nórdicos, Suecia (34,7 %), Finlandia (30,5 %), Países Bajos (26,6 %), y Dinamarca (22,3 %). 

España ha convergido también positivamente al alza en competencias digitales de su población: el 64,2 % de las personas adultas en España posee habilidades digitales básicas¹⁶ , valores muy por encima de la media europea (54 %) siendo, además, menores las diferencias entre hombres y mujeres (55,6 y 52,3 % respectivamente). La brecha digital por edades sigue siendo ostensible  y mientras que el al 84,8 % de la población de 16 a 24 años cuenta con esas habilidades, se reduce al 26,8 % de la población de 65 a 74 años .

Unido a lo anterior, los avances en igualdad en perspectiva de género en Europa en las últimas décadas son innegables si bien insuficientes para contrarrestar las desigualdades estructurales existentes entre hombres y mujeres. Los datos aportados por el Instituto Europeo para la Igualdad de Género muestran progresos considerables en los últimos diez años¹⁷ .  

Dentro de un contexto de importantes diferencias entre los países de la UE, España sobresale tanto en los niveles alcanzados en el índice de igualdad de género, como en el ritmo en el que se están produciendo los avances en la última década: su puntuación en el IQ 2023, referido a datos de 2021, obtuvo 76,4 puntos, situándose algo más de seis puntos por encima del promedio europeo (70,2) y en el cuarto puesto de la UE-27.

Atendiendo a los ámbitos más específicos del índice de igualdad de género, España se sitúa muy por encima del promedio europeo en los aspectos referidos a la participación en el poder (81,1 puntos, tercera posición), sobre todo en lo que se refiere a la esfera del poder económico. Los peores resultados, en cambio, se registran en el ámbito del empleo (75,4 puntos, en la posición 17). Con respecto a los resultados del año anterior, España ha mejorado en los usos igualitarios del tiempo habiendo pasado a ser el quinto país con mejor puntuación en este campo, mejora especialmente visible en el tiempo dedicado a las actividades de cuidados. (Tabla 9). Sin embargo, se trata de avances demasiado lentos, pues de mantenerse ese ritmo de mejora, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres no se alcanzaría en España hasta 2062, según el análisis del Instituto Europeo de Igualdad de género.

La prosperidad económica y social de la UE, y de España en particular, depende en buena medida de que sigan produciéndose avances en igualdad de género, habida cuenta de los lentos e insuficientes progresos que se han producido en la última década, y de la fragilidad de los mismos, tal y como ha puesto de manifiesto la pandemia. 

La convergencia hacia los objetivos sociales que se marcó la propia UE para 2030 sigue siendo un desafío para España, como para otros países miembros. Si además se toman en consideración los objetivos ambientales, el trecho que queda aún por recorrer es muy considerable. En una panorámica global, nuestro país cuenta con importantes fortalezas en el terreno del bienestar, entre las que destaca la longevidad de la población, avances considerables en el terreno de la igualdad entre mujeres y hombres (a pesar de la persistencia de brechas de género), una elevada proporción de población con habilidades digitales o la alta escolarización de menores de tres años. Sin embargo, el gran número de hogares con bajos ingresos que se sitúan en riesgo de pobreza, situación especialmente grave en el caso de las familias con niños; la persistencia del problema del abandono escolar temprano pese a su progresiva mejoría y las dificultades de acceso y mantenimiento de la vivienda comprometen el nivel de bienestar global y su convergencia con los países con mejores resultados.

Pero el bienestar futuro también importa puesto que, al fin y al cabo, el crecimiento económico no es un fin en sí mismo, sino que la economía debe estar al servicio de las personas y el planeta . España presenta una especial vulnerabilidad a las consecuencias del cambio climático y de la transición ecológica, cuyo impacto en el bienestar individual y colectivo es cada vez más evidente por lo que resulta imprescindible la incorporación de esta perspectiva a cualquier aproximación a la convergencia social desde un enfoque integral del bienestar y la calidad de vida. 

Finalmente, durante la presidencia española del Consejo se ha puesto de relieve cómo la heterogeneidad y diversidad de situaciones imperante en los países de la UE hace necesarios nuevos instrumentos para conocer y progresar hacia la convergencia social, habiéndose impulsado avances hacia un Marco de Convergencia Social, abriendo camino así el terreno de la monitorización del rendimiento de las políticas sociales a una concepción más multidimensional del bienestar más allá de los habituales indicadores económicos y de empleo. 

Consejo Económico y Social de España (CES), Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral. España 2022, pág.475-506. Disponible en www.ces.es.
Consejo Económico y Social, Informe CES 03/2021 sobre La gobernanza económica de la Unión Europea. El impacto de la pandemia 
Consejo Económico y Social, Informe CES 02/2023 sobre La gobernanza de la UE.
Eurofound (2022), Fifth round of the Living, working and COVID-19 e-survey: Living in a new era of uncertainty.
Comisión Europea, Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible 2020, COM (2019) 650 final
Comisión Europea, Proposal for a Joint Employment Report 2024, 21 Noviembre 2023.
Dictamen del Comité de Empleo y del Comité de Protección Social sobre la inversión social, 27 y 28 de noviembre de 2023. SOC 769 EMPL 552 ECOFIN 1179
Eurostat. Early leavers from education and training by sex and labour status.
Eurostat. Statistics Explained. Age of young people leaving their parental household. Agosto 2022.
Eurostat. Vivienda en Europa: la edición interactiva de 2022.
Eurostat. Encuesta de población activa de la UE (EU-LFS).
INE. Encuesta de Condiciones de Vida, 2023.
Instituto Europeo para la Igualdad de Género. Gender Equality Index 2022.
Social Protection Committee, Summary of the main activities and accomplishments of the Social Protection Committee Indicators Sub-Group in 2023. 
Von der Leyen, U., State of the Union 2021. Comisión Europea, 2021.