Partiendo de la base de que el talento se distribuye por igual entre hombres y mujeres, cada vez hay una mayor preocupación y sensibilidad por la desigualdad de género. No se trata solo de una cuestión de justicia o equidad, sino también de eficiencia, en el sentido de que, si existen barreras o impedimentos que dificulten que las mujeres puedan desarrollarse en igualdad de oportunidades con los hombres, estaríamos desaprovechado parte del talento de la mitad de la población. Así lo consideran Brindusa Anghel y J. Ignacio Conde-Ruizen en este artículo en el que estiman las brechas salariales de género ajustadas en España, usando la Encuesta de Estructura Salarial desde 2002 hasta 2018. El principal resultado del trabajo es que, por primera vez en la serie histórica, la brecha salarial ajustada aumenta entre 2014 y 2018, truncándose así la senda descendiente que veníamos observando desde el inicio del siglo XXI. En cualquier caso, los resultados obtenidos en el artículo ponen de relieve que, en términos salariales, las mujeres están en una peor situación respecto a los hombres con similares características observables.  Esta es una pérdida que talento y de crecimiento potencial que ninguna economía se puede permitir, mucho menos en un contexto de envejecimiento de la población en el que nos encontramos.

La desigualdad retributiva, brecha salarial o brecha retributiva entre hombres y mujeres es el resultado de diferentes factores como son los estereotipos de género, la segregación del mercado de trabajo, la falta de corresponsabilidad en las tareas domésticas y de cuidados junto con las diferencias en el tipo de contrato, de jornada, la antigüedad o los complementos salariales. Así lo desarrolla el Instituto de las Mujeres, quienes definen el concepto y los dos enfoques principales para medir la brecha salarial (ajustada y sin ajustar) resaltando que es el resultado de una interacción compleja de causas laborales, sociales, pero también culturales. Finalmente destacan la necesidad de políticas y reformas estructurales que, involucrando a todos los actores clave, fomenten la igualdad a todos los niveles, hagan efectiva la transparencia en las empresas y aseguren el cumplimiento efectivo de la legislación laboral en cuanto al principio de igual retribución por trabajo de igual valor, con herramientas como el registro retributivo, la auditoria retributiva y una correcta valoración de puestos de trabajo con perspectiva de género.

El mercado de trabajo está afectado por cuestiones de carácter sociológico, que crean brechas en la contratación y dos de las brechas más consolidadas son las que hacen referencia a las mujeres y a las personas con discapacidades sensoriales, físicas o intelectuales. Cuando se trata de mujeres con discapacidad, la brecha se multiplica. Así los señala Enric Nomdedéu quien da cuenta de diferentes medidas tomadas desde la Generalidad Valenciana, el Gobierno central y diferentes ONG. Este conjunto de programas y medidas han tenido como objetivo afrontar uno de los principales problemas a los cuales se enfrenta el colectivo de mujeres con discapacidad en el mercado laboral como son el desempleo y la precariedad laboral, es decir, empleos de mala calidad y remuneraciones bajas.

La población gitana es uno de los grupos en situación de mayor vulnerabilidad social y que sufre una desigualdad estructural y multidimensional en España; una situación agravada por el factor de la discriminación y el antigitanismo. Arantza Fernández y Carolina Fernández además de identificar dicha situación resaltan que la situación de las mujeres gitanas es peor que los hombres gitanos en cualquiera de los indicadores analizados. La brecha de desigualdad determinada por la condición de ser mujer es muy significativa y afecta a todos los ámbitos: en la situación laboral, en los niveles educativos, en las responsabilidades familiares e incluso en las bajas expectativas y pocas posibilidades de proyección y promoción. En este contexto desde la Fundación Secretariado Gitano se ha defendido la necesidad de poner en marcha programas y actuaciones adaptadas a la realidad y al perfil de las personas gitanas, como ha sido el programa Acceder.

En términos de política de empleo, recientemente se han implementado en España dos medidas que han tenido efectos en el mercado laboral: la reforma laboral de 2021 y el aumento del salario mínimo interprofesional. Ambas intentan resolver problemas estructurales del mercado de trabajo español. En un caso la elevada temporalidad y precariedad y en otro los problemas asociados a los empleos de salarios bajos y poco cualificados. El impacto de estas dos medidas es analizado por Inmaculada Cebrian poniendo énfasis en el distinto efecto que están teniendo en hombres y mujeres. Así, llega a la conclusión que la contratación indefinida está favoreciendo más a los hombres y la contratación a tiempo parcial siguen siendo mayoritariamente femenina. Por otro lado, a pesar del impacto positivo del SMI sobre los salarios de un volumen importante de mujeres, la brecha de género sigue existiendo.

Las diferencias de retribuciones salariales entre los distintos géneros no provienen tanto de diferencias en el salario regulado o establecido en convenio, como de la internalización en el mercado laboral de la discriminación social que padecen las mujeres a la hora de incorporarse a la actividad productiva de carácter monetario y durante su desarrollo. Así lo resaltan Javier Baquero y Santos M. Ruesga, quienes consideran que hay que profundizar en las características diferenciales del empleo de hombre y mujer para entender en profundidad la dispersión en las retribuciones salariales existente entre ellos. Las diferencias se materializan, de un lado, en las discrepancias que se observan en la inserción en el mercado laboral entre géneros y, subsecuentemente, en la carrera profesional de ambos y, por otro lado, en la dedicación temporal y horaria al mercado de trabajo (remunerado) y la competencia que se establece a estos efectos, entre trabajo remunerado y trabajo doméstico y de cuidados a terceros, en detrimento de las mujeres en acceso y remuneración en el primero. Por eso señalan que para reducir la brecha de ingresos de género resulta preciso asumir por el conjunto de la sociedad buena parte de los costes que conlleva el cuidado de niños, dependientes y/o mayores. Esto es política social -hacia la familia- en estado puro, una de nuestras principales carencias y este es el camino por el que transitan los países que están obteniendo mejores resultados en materia de equidad de género, particularmente en el terreno laboral.

En este número se abordan dos temas centrales, por una parte, las brechas y desigualdades del mercado de trabajo y por otra previsiones y tendencias relacionadas con el empleo y la economía. Además, se recogen aportaciones relacionadas con gestión del SEPE, metodologías, formación y legislación. Para ello hemos contado con colaboraciones de expertos y profesionales del ámbito de la investigación académica y de la gestión de organizaciones y entidades públicas y privadas.

Las plataformas digitales están transformando profundamente el sector de los cuidados, al actuar como intermediarias en la contratación de servicios domésticos y de atención, tradicionalmente feminizados y precarizados. Paula Rodríguez-Modroño analiza cómo estas plataformas refuerzan desigualdades, ofreciendo empleos mayoritariamente informales y sin protección social. Identifica tres modelos de negocio operativos en España: plataformas on demand, marketplace y agencias digitales, todos ellos con niveles diversos de control y condiciones laborales, pero que comparten elementos como la opacidad informativa, la gestión algorítmica del trabajo y la exclusión de mecanismos colectivos de negociación. Señala que estos modelos perpetúan la precariedad y debilitan la capacidad de negociación de las trabajadoras, en especial aquellas en situación administrativa irregular. A pesar de recientes avances normativos en España y Europa, la autora concluye que es necesaria una revisión ambiciosa de la regulación existente en la intersección de la inmigración, la legislación laboral y las políticas de igualdad y cuidados, que consiga avanzar en todos estos ámbitos.

Tres aspectos de los “modos de incorporación” que sufren las personas inmigrantes en los mercados de trabajo en los países de acogida son una asimilación laboral segmentada, una concentración en empleos que se pueden caracterizar como “3P” (Penosos, Peligrosos y Precarios) y la frecuencia de actos discriminatorios. Así lo recoge Lorenzo Cachón quien  proporciona información sobre recientes desarrollos de estas ideas en la literatura académica, especialmente la referida a España. A su vez considera que estas “leyes de hierro” dominen el campo de los procesos de incorporación de las personas inmigrantes en el mercado de trabajo (y en otras esferas de la vida social) no quiere decir que deban ser aceptadas como inevitables. Se pueden luchar contra ellas desde el campo de la política y desde la acción de los diversos actores comprometidos por lograr una integración más justa de las personas inmigrantes y de otros colectivos con problemas de inclusión dentro de nuestras sociedades.

En el caso de España y sus comunidades autónomas, con tasas de paro todavía elevadas y por encima de lo habitual en los países de su entorno, lograr el pleno empleo ha de continuar siendo un objetivo central de la estrategia de política económica. Sin embargo, ese objetivo debe combinarse con la mejora de la calidad del empleo, tal y como señalan Lorenzo Serrano, Ángel Soler y Fernando Pascual quienes analizan la calidad del empleo en España y sus comunidades autónomas a lo largo del periodo 2007-2022 mediante un índice sintético que recoge el comportamiento de 18 indicadores correspondientes a 5 dimensiones. Este índice de calidad dibuja un patrón claro de diferencias territoriales que, además, resulta notablemente persistente a lo largo del tiempo y coherente con el observado en otros ámbitos del desarrollo social y económico. En términos de calidad global del empleo los mayores niveles se dan en el País Vasco, Madrid, Cataluña, Navarra y La Rioja, frente a una situación menos favorable en Canarias y las regiones del sur peninsular. 

Dos esferas críticas se destacan entre las personas jóvenes como piedras angulares del bienestar y el éxito futuro: la empleabilidad y la salud mental. Por un lado, nos encontramos con un mercado laboral incierto, poco esperanzador y precario para jóvenes. Por otra parte, su salud mental parece estar cada vez más debilitada, entre otras cuestiones, por la cuestión laboral. Así lo han identificado desde la Fundación Santa María la Real, que han puesto en marcha la Plataforma para la Salud mental y la Empleabilidad juvenil. En este artículo comparten la metodología utilizada en su primer año de implementación, algunos de sus principales resultados y recomendaciones para mejorar la realidad del empleo de la juventud considerando la salud mental. Entre las conclusiones que se ha llegado se considera que no toda condición de actividad laboral supone una mejora en el estado general de salud mental de la población joven y más allá de tener empleo, es tener empleo digno, fuera de condiciones de precariedad laboral, lo que se relaciona con un mejor estado de salud mental, menor riesgo de suicidio y mayores niveles de bienestar emocional.

En España, uno de los países de la OCDE con mayor proporción de personas de 25 a 34 años con estudios universitarios, sigue habiendo relevantes diferencias en los logros educativos y laborales de los jóvenes en función de su origen social, lo que cuestiona los logros en materia de igualdad de oportunidades en el sistema de educación superior y el mercado de trabajo español. Así lo señalan  Nuria Legazpe, Cecilia Albert y Maria A. Davia, quienes exploran las diferencias de dichos logros laborales al inicio de la trayectoria profesional de los egresados universitarios jóvenes asociadas a su origen familiar medido a través del nivel educativo de los padres, a través de una submuestra de la Encuesta de Inserción Laboral de Universitarios de 2019. Entre los principales resultados denotan una desventaja de los graduados jóvenes con padres menos cualificados en su inserción laboral inicial, en distintos ámbitos, como duración de la búsqueda y condiciones laborales del primer empleo. A la vez se aprecia que el apoyo que ofrecen las instituciones educativas a la integración laboral de los egresados universitarios contribuye a paliar las diferencias asociadas al origen familiar. 

Las zonas rurales presentan una clara desventaja en términos de ingresos, oportunidades de empleo, acumulación de capital humano y acceso digital. Se añade a esto el aumento de las desigualdades en los servicios, en ámbitos como la educación, el transporte y la atención sanitaria. Esta brecha rural urbana es la que investigan Marie Hyland y Massimiliano Mascherini en el marco de la Unión Europea específicamente en lo referente a la brecha de ingresos, de pobreza, de coste y condiciones de vivienda, de empleo, de capital humano y digital. Concluyen que el sentimiento de olvido de estas zonas genera insatisfacción con los gobiernos y la democracia en general, por lo que las  políticas deberían centrarse en abordar estas brechas y sus causas subyacentes. Entre estas políticas resaltan invertir en educación y formación en comunidades rurales, facilitar el acceso digital, involucrar a las comunidades rurales en el diseño y la implementación de políticas y adoptar soluciones innovadoras para proporcionar servicios esenciales.

La experiencia en el mercado laboral de la juventud sorda en España está marcada por la búsqueda de trabajo con desmotivación, frustración y ansiedad y por la experiencia laboral caracterizada por la precariedad, la concatenación de trabajos temporales y la desigualdad. Así lo recoge la Confederación Estatal de Personas Sordas en este artículo donde analizar las conclusiones del Estudio sobre la inclusión laboral de la juventud sorda en España abordando campos como la falta de accesibilidad, el reto de la formación, el empleo público, la igualdad de oportunidades o la necesaria regulación el perfil profesional de las y los especialistas en lengua de signos.

A pesar de la mejora registrada en los últimos años, queda camino para alcanzar la convergencia de España con la media de la UE, concretamente en variables como la tasa de empleo, la tasa de paro de larga duración y la tasa de desempleo juvenil. Así lo recoge Nuria Moreno-Manzanaro, que a la vez resalta el lado positivo: la brecha de género en el empleo se sitúa “en promedio” y la brecha en el empleo por discapacidad coloca a España entre los “mejores resultados”.  El CES en la Memoria socioeconómica sobre la situación económica, laboral y social de la nación en 2022 realizó análisis específico de la Convergencia social y las desigualdades, dedicado a la calidad de vida, la protección y la inclusión social, cuyos datos actualizados se presentan en este artículo. Los debates celebrados en el Comité de Empleo y el Comité de Protección Social en el marco del semestre europeo durante la Presidencia española han puesto de relieve que las políticas de inversión social basadas en datos contrastados que refuerzan las capacidades, aumentan la participación en el mercado laboral y previenen la exclusión, pueden contribuir de manera considerable a un crecimiento económico más fuerte e integrador y a aumentar los niveles de productividad, y son fundamentales para acompañar las transiciones digital y ecológica.

La promoción de oportunidades de empleo para una mano de obra que envejece requiere un nuevo planteamiento a nivel empresarial, sectorial, nacional y de la UE y, particularmente, la aplicación efectiva de la legislación vigente que prohíbe la discriminación por edad. Así lo consideran Ricardo Rodriguez, Jessye Muller y  Franz Eiffe, quienes en base a las investigaciones que están llevando a cabo desde Eurofound, contemplan factores que influyen en la participación de los trabajadores mayores el mercado laboral en distintos países europeos. Entre otros, resaltan la discriminación de los trabajadores mayores, las condiciones de trabajo, la salud, la composición de los hogares, la educación o las nuevas formas de trabajo y la digitalización. A su vez identifican distintas políticas destinadas a mantener a trabajadores mayores en el mercado de trabajo o reincoroporarlos al mismo que van desde incentivar el retraso de la jubilación a subvencionar la contratación de personas mayores o facilitar su reincorporación tras una larga enfermedad. Entre las conclusiones resaltan que para fomentar la sostenibilidad en el trabajo y mantener el bienestar tanto físico como mental de los trabajadores a lo largo de carreras profesionales cada vez más largas, son necesarias soluciones innovadoras que actúen sobre las condiciones de trabajo, el conjunto de la trayectoria profesional, las competencias y formación requeridas, la motivación para permanecer en activo y las repercusiones sobre la productividad. 

Los jóvenes en España han afrontado desde hace décadas una difícil inserción en el mercado laboral, con altas tasas de desempleo y frecuente precariedad en el empleo. Así lo resaltan Aida Caldera y Adolfo Rodríguez, que inciden en la que la calidad de los puestos de trabajo disponibles para muchos jóvenes es además deficiente: abundan los puestos de trabajo temporales y a tiempo parcial y, en comparación con otros grupos de edad y países, la remuneración y las condiciones laborales son peores. Las personas más jóvenes también son más propensas a aceptar horarios no estándar, como trabajar por las noches y los domingos. Recogiendo las opciones discutidas en el Estudio Económico de 2023 para España de la OCDE consideran que sus perspectivas laborales pueden mejorarse reforzando la orientación profesional durante sus estudios y haciendo que la oferta educativa corresponda más cercanamente con las demandas del mercado laboral. Un servicio público de empleo bien financiado y mejor conectado con organizaciones y empresas locales también es clave para incorporar más jóvenes desempleados al empleo.