Para que la digitalización suponga un cambio efectivo en la administración pública, es esencial evaluar sus impactos sociales y laborales y garantizar condiciones laborales dignas mientras se mantienen servicios públicos de calidad. Así lo señalan Alicia Martínez y Jesús Cruces, quienes destacan avances en eficiencia y accesibilidad gracias a herramientas digitales y el teletrabajo, pero también desafíos como la sobrecarga laboral, brechas digitales y falta de formación adecuada. La digitalización ha generado tanto beneficios, como mayor autonomía en tareas, como riesgos, estrés incluyendo y desigualdades de género y edad. El teletrabajo, aunque valorado positivamente, ha tenido una implementación desigual y plantea riesgos para la conciliación y el bienestar laboral. La negociación colectiva y el diálogo social consideran que son clave para regular estos cambios, minimizar sus efectos negativos y garantizar servicios públicos de calidad con condiciones laborales justas.

La transmisión de empresas en crisis a sociedades de economía social, propiedad de sus trabajadores, es una alternativa viable y recomendable para evitar el cierre de empresas y la pérdida de empleo, siempre. que se creen las condiciones adecuadas para ello. Así lo considera Gemma Fajardo en este artículo en el que señala que en España existen medidas de apoyo como la capitalización del desempleo y subvenciones para la creación de cooperativas, pero resultan insuficientes. Se necesitan acciones anticipatorias para facilitar la transición, formación para los agentes implicados y creación de fondos de financiación específicos. El artículo también detalla cómo, a nivel europeo, se han implementado iniciativas para fomentar la transmisión de empresas, incluyendo recomendaciones para ofrecer incentivos fiscales y mejorar el acceso a la financiación. Además, se analizan experiencias exitosas de Argentina e Italia, que han implementado leyes que favorecen la transferencia de empresas a sus empleados. Sin embargo, la transmisión a los trabajadores no es la opción preferida por estos ni por los emprendedores, lo que requiere fomentar esta vía mediante medidas específicas de sensibilización, apoyo financiero y formación.

En los últimos años se han producido importantes avances en Europa y en España para aprehender las principales magnitudes estadísticas del ámbito de la economía social, especialmente las relativas al empleo. Así los señalan Rafael Chaves y José Luis Monzón, que resaltan la importancia de su delimitación estadística y los estudios empíricos que se han realizado. En términos de estadísticas, CIRIEC ha jugado un papel importante en cuantificar la economía social, proporcionando datos sobre empleo y estructura de estas entidades. Los autores también examinan las fronteras del concepto con otras formas de economía, como empresas sociales y economía solidaria. A su vez se señala la importancia del empleo femenino en la economía social, especialmente en sectores como sanidad y la educación.

Los cuidados son una necesidad imprescindible en la sociedad de nuestros días para el bienestar de las personas que reciben los cuidados, sus familias y su comunidad. Habitualmente, los trabajos de los cuidados son invisibilizados o subvalorados. Saioa Arando, Eunate Elio y Carmen Marcuello, nos explican que la economía social promueve un modelo de cuidados que revaloriza y profesionaliza el trabajo de los cuidados y, por tanto, a las mujeres que generalmente lo desempeñan. Tal como las autoras nos destacan, las organizaciones de ESS fomentan empleo estable y de calidad, con condiciones laborales más justas, lo cual redunda en la calidad de los servicios prestados a las personas que reciben los cuidados en un enfoque centrado en la persona.

Afrontar cooperativamente la erradicación de los empleos informales no solo es un reto económico o legal, es sobre todo un reto de justicia social para asegurar la dignidad humana en todos los ámbitos. Así lo considera David Pino, quien señala la economía social puede contribuir a regularizar el empleo informal en España mediante un enfoque de gobernanza público-privada-ciudadana. Propone una serie de herramientas de innovación divididas en tres categorías: marco facilitador, herramientas de apoyo y herramientas operativas. Estos incluyen contratos de impacto social, franquicias sociales y nuevas cooperativas híbridas. También presenta 12 propuestas de acción y 7 experiencias piloto para fortalecer la economía social y reducir la precariedad laboral. Entre las propuestas señala misiones europeas, contratos de impacto social, sandbox regulatorios, laboratorios ciudadanos y redes de incubadoras, enfocándose en sectores vulnerables como el de cuidados y la economía rural. Las experiencias, como Smart Ibérica y Up & Go, muestran casos exitosos de cooperativas y franquicias sociales que dignifican el trabajo y combaten la precariedad mediante la cooperación y la inclusión de trabajadores en condiciones justas y sostenibles.

La situación laboral de los artistas y trabajadores culturales en el contexto de la Economía Social en España se caracteriza por la precariedad, salarios bajos e inestabilidad laboral, reflejo de una "economía naranja" enfocada en la creatividad y la mercantilización cultural, que frecuentemente ignora el bienestar de los trabajadores. Así lo desarrolla Rocío Nogales quien subraya la importancia de la economía social como alternativa, con modelos más sostenibles y centrados en el bienestar y la cohesión social, frente a los desafíos del sector cultural. También destacan las cooperativas y organizaciones como Smart Ibérica, que promueven el trabajo digno y solidario para los artistas, pese a la falta de reconocimiento en las políticas públicas. La autora insta a políticas de apoyo para fortalecer el papel de la economía social y mejorar las condiciones laborales en el sector cultural, especialmente mediante alianzas entre actores culturales, instituciones y la economía social, que permitirían una transformación más justa y sustentable.

Las empresas sociales son esenciales para promover la cohesión social y mejorar las condiciones de vida de los grupos desfavorecidos en España, pero se necesitan políticas públicas que las apoyen para enfrentar desafíos futuros y garanticen su viabilidad. Así lo indican Cristina Bernard, Millán Díaz-Foncea y Elvira Plana que ofrece un análisis comparativo y datos estadísticos sobre la evolución y distribución de estas empresas en España, mostrando cómo cada tipo se adapta a las necesidades específicas de los colectivos que atienden. Además, subraya que el modelo organizativo y el marco legal de estas empresas favorecen un entorno de trabajo inclusivo, con estructuras de gobernanza participativa que fomentan un ambiente equitativo y de apoyo para los empleados vulnerables.

El empleo joven en la economía social muestra un perfil concentrado en determinados sectores de servicios, a jornada completa y localizado en grandes ciudades, con diferencias entre hombres y mujeres en participación regional y sectorial, así como en la formación y la cualificación del puesto de trabajo. Este diagnóstico lo desarrollan Rosa Belén y Rosa Santero, quienes consideran que, si bien la economía social tiene un papel importante en la mejora del empleo juvenil y la reducción de las brechas de género, aún hay desafíos significativos, como la falta de visibilidad de la economía social y la necesidad de políticas que promueven la digitalización y la transición ecológica, sectores con gran potencial, pero con baja presencia juvenil actualmente.

En la última Reforma Laboral de 2022, se promueve la estabilidad en el empleo, se fomenta el contrato indefinido y se elimina la modalidad de contratación por obra y servicio de duración determinada que, hasta la reforma, era la más utilizada. En el mercado laboral de Andalucía, César Martín, José Juan León, María Escudero y Francisco Javier Hurtado, nos describen los resultados del análisis que han realizado sobre el impacto directo de la propia reforma y la evolución en la contratación de las personas que en Andalucía iniciaron un contrato de obra y servicio determinado en los años previos a la reforma laboral. Los resultados indican que los contratos indefinidos en Andalucía han crecido y se producen a partes iguales en la modalidad de indefinidos ordinarios, tanto a tiempo completo o a tiempo parcial, y en la modalidad de fijo discontinuos. También, resaltan que sería de interés, hacer un seguimiento de este estudio, para ver cómo evolucionan las tendencias que se han identificado.

La Economía Social (ES) se posiciona como un pilar fundamental en la agenda global para favorecer la equidad de género, condiciones laborales justas, cohesión territorial y desarrollo sostenible en áreas rurales. Por ello, Teresa Savall y Belén Catalá nos describen la importancia y la necesidad de apoyo de políticas públicas en el marco de las políticas activas de empleo que ayuden en la promoción de la ES. En el ámbito estatal, la Estrategia Española de apoyo activo al empleo se concreta en un Plan Anual para el Fomento del Empleo Digno (PAFED) y en la Comunitat Valenciana se encuentra el Plan Bienal de Apoyo y Fomento del (Fent Cooperatives). Los dos ámbitos territoriales, muestran una evolución positiva en estos últimos 10 años para la dotación de fondos para cooperativismo con el fin de promover este modelo.

El planteamiento acerca de las plataformas digitales como espacios de encuentro entre los que ofrecen un servicio y los que lo demandan, tal como nos describe Alicia Villalba, pueden encajar en los diferentes proyectos cooperativos de trabajo asociado donde la primacía se centra en las personas y en el fin social y orienta su actividad hacia la consecución de Objetivos de Desarrollo Sostenible(ODS) recogidos en la Agenda 2030 de Naciones Unidas. La seña de identidad del proyecto cooperativo es la gestión democrática de unas entidades que luchan por crecer en un entorno digitalizado, donde han surgido con fuerza las plataformas digitales, y por ser agentes de una transición justa que evite cualquier tipo de discriminación. Resulta de gran interés, como la autora nos pone el acento en que la prestación de servicios a distancia permite establecer un desarrollo local y desconcentrar la población, en favor de un desarrollo sostenible de comunidades, fomentando un empleo de calidad que ejerza una influencia positiva en su entorno.

Impulsar la Economía Social para reforzar la cohesión social, promover el empleo inclusivo y fomentar el emprendimiento colectivo es lo que pretenden las políticas del Gobierno de España a través de la Estrategia Nacional de Economía Social 2023-2027. Así, nos lo describe Aicha Belassir en este artículo, donde nos explica que se está tramitando una Ley Integral que unifica y moderniza el marco normativo de cooperativas, empresas de inserción y entidades del sector y que introduce avances en digitalización, igualdad, agilidad organizativa y sostenibilidad. Se potencia también la contratación pública socialmente responsable, facilitando el acceso de estas entidades a concursos públicos. Además, se han puesto en marcha importantes instrumentos financieros a través de ayudas, fondos europeos y el PERTE de Economía Social. También, se han reactivado órganos clave como el Consejo de Fomento, y se han mejorado herramientas como el Registro Estatal de Cooperativas. A nivel internacional, España lidera iniciativas en la ONU, la UE y la OCDE, consolidándose como referente global. La capitalidad anual de la Economía Social y la creación del Hub de Vanguardia refuerzan su visibilidad. Todo ello configura un entorno favorable para el crecimiento sostenible e inclusivo de la Economía Social.

Las empresas de inserción desempeñan un papel clave en la inclusión sociolaboral de personas en situación de exclusión. Fernando Marhuenda y María José Chisvert analizan el modelo de gestión de personal de estas empresas desde una perspectiva formativa y organizativa, articulado en torno a itinerarios de inserción que combinan trabajo productivo, acompañamiento y formación profesional. Detallan la evolución normativa y cuantitativa del sector en España, su consolidación tras sucesivas crisis, y su implantación en sectores intensivos en mano de obra y subrayan el papel estratégico de los tres perfiles clave en plantilla: personal en inserción, técnicos de producción y técnicos de acompañamiento, siendo estos últimos fundamentales para articular procesos personalizados de desarrollo de competencias. La gestión se orienta a facilitar la transición al empleo ordinario mediante una planificación en fases del itinerario, con progresiva autonomía del trabajador, y apoyos formativos formales e informales. El modelo, basado en la economía social, conjuga viabilidad productiva y función social, y ofrece enseñanzas aplicables a la gestión de recursos humanos en empresas convencionales, especialmente en un contexto de transformación tecnológica y crisis del sentido del trabajo.
 

Tal y como ponía de manifiesto el Consejo Económico y Social, la Ley de Empleo, constituía una necesidad urgente e inaplazable de nuestro mercado de trabajo junto con la de formación profesional considerandola un “un pilar normativo central que debería servir para hacer posible la transformación que requiere nuestra política de empleo”.  Así lo señala Ángeles Ceinos, quien resalta que el consenso acerca de la conveniencia de su aprobación se diluye, en cuando hay que pronunciarse acerca de sus aciertos y bondades. Entre las cuestiones que destaca la autora es  que esta Ley incluye por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico laboral una definición normativa de empleabilidad; la empleabilidad es tanto un derecho como un deber de las personas demandantes de los servicios de empleo; hubiera sido deseable que además de poner la atención en los colectivos que se van a priorizar se hubiera concretado qué implica dicha priorización; por primera vez en una ley de empleo encontramos un listado de servicios, que con una sistemática parecida a la que podemos encontrar en las leyes autonómicas de servicios sociales, se indica con claridad que servicios se pueden exigir.

La gestión de la demanda, como elemento básico de intermediación, la captación de ofertas y la puesta a disposición de oportunidades de empleo son la base del modelo de intermediación de Lanbide, centrado en las personas y en el proceso. Tal como nos lo explica Jesús Mª Ordoñez en su artículo, nos ofrece una perspectiva del modelo desde sus inicios, en el marco del Sistema Nacional de Empleo (SNE) y SISPE (Sistema de Información de los Servicios públicos de Empleo) su evolución histórica y su situación actual donde se pone en valor la entrevista en profundidad de manera presencial mientras que los trámites administrativos, en la mayoría de los casos se realicen de forma on line. Además, se abren nuevas posibilidades y mejoras en su modelo de intermediación con la Ley Vasca de Empleo.

La intermediación laboral se convierte en el elemento central de las políticas activas de empleo con la Ley 3/2023, de 28 de febrero y refuerza los medios públicos del Sistema Nacional de Empleo (SNE) para impulsar el proceso de acceso al empleo de las personas desempleadas. Así, nos analizan Zeltia Lado y Santiago Boquete como el Servicio Público de Empleo de Galicia (SPEG) ha desarrollado una solución tecnológica basada en Big Data y en Inteligencia Artificial (IA), llamada EMi (Empleo inteligente) para facilitar la intermediación laboral en su comunidad autónoma, a través de la prospección laboral y el perfilado de competencias de las personas demandantes de empleo, tomando como referencia las competencias de ESCO. Todo ello, permite optimizar el encaje de las necesidades de los empleadores con las competencias de una persona que busca trabajo.

Los Servicios Públicos de Empleo en España presentan un papel limitado en la intermediación laboral, reflejado en la baja cuota de mercado tanto en colocaciones de desempleados como en gestión de vacantes empresariales, lo cual está relacionado con el escaso gasto que nuestro país destina a estos servicios. Así lo señala Begoña Cueto, quien considera que, para aumentar su impacto, los SPE deben enfocarse en colectivos vulnerables, mejorar la visibilidad y confianza, y aprovechar las tecnologías para ser más eficientes. El artículo analiza la actividad de los SPE en España, particularmente su papel en la intermediación laboral en la era digital y examina el gasto en comparación con el contexto europeo. Aborda su uso como método de búsqueda de empleo, que es menor en comparación con los contactos informales y también la infrautilización por parte de las empresas, que siguen prefiriendo las referencias personales. En ambos casos uso de internet se ha generalizado, tanto para las oficinas públicas como privadas.

En Canarias, la intermediación laboral es un motor clave para el progreso y el desarrollo social y económico de un mercado laboral con sus peculiaridades, debido a su insularidad. En este artículo, el Servicio Canario de Empleo (SCE) nos describe su modelo de intermediación, que pone el foco en dos ejes, mejorar la empleabilidad de las personas demandantes de empleo y atender las necesidades de personal que puedan tener las empresas. Para dinamizar la intermediación se crea la Red de Empleabilidad de Canarias (REC) para fomentar el trabajo cooperativo entre todas las entidades de Canarias y el Servicio Integral de Orientación de Canarias (SIOCAN), mediante tres modalidades: auto-orientación, orientación guiada y orientación personalizada elaboran un Itinerario Personalizado de Empleo (IPE). El equipo de prospección laboral realiza una atención personalizada al tejido empresarial de las islas para cubrir sus vacantes y anticiparse a sus necesidades futuras. Como novedad, en la gestión y difusión de ofertas y para facilitar la intermediación, se ha puesto en marcha la App móvil del SCE. 

Mejorar el acompañamiento a las empresas, especialmente a PYMES y microempresas que se enfrentan a dificultades en el proceso de búsqueda y contratación de personas trabajadoras, es lo que pretende France Travail  que nos explica cómo funciona France Travail Pro, una nueva propuesta que busca establecer una relación más estrecha con las empresas, ofreciendo servicios más visibles, personalizados y eficaces, a través de una red de 6.000 asesores especializados y canales digitales como el sitio pro.francetravail.fr. Se promueven prácticas de contratación inclusivas y formatos innovadores de reclutamiento. Además, se desarrollan mejoras como atención ampliada por teléfono, un contacto único por empresa y nuevas herramientas digitales. La estrategia se apoya en alianzas territoriales con centros y entidades relacionadas con el empleo y todo ello, se complementa con una campaña moderna de comunicación que posiciona a France Travail Pro como un socio clave en recursos humanos dentro de Francia.

La adaptación a los nuevos desafíos del mercado laboral actual, requerían de un impulso en materia de orientación, emprendimiento e innovación para el empleo con una perspectiva integradora, creando una red de Centros que favorezca la colaboración entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Tal como nos lo describe, Almudena Mazuelas, la Red COE es pionera en nuevas herramientas y metodologías que mejoran la empleabilidad y el emprendimiento, evalúa las políticas activas e identifica buenas prácticas, fomenta la economía social y la colaboración con asociaciones e interlocutores sociales, además de trabajar en red en un Entorno Técnico Colaborativo (ETC). La autora también nos pone el foco en el Centro Estatal, que promueve acciones para divulgar iniciativas de apoyo activo al empleo, como DAE (Diálogos Activos para el Empleo), NOE (Nuevas Oportunidades de Empleo en Sectores Estratégicos) y EOE (Encuentros de Orientación al Emprendimiento).

No se ha constatado que los procesos de digitalización, robotización e inteligencia artificial, hayan generado desempleo masivo, la desaparición del trabajo o su sustitución por robots o por la inteligencia artificial. Así lo desarrolla Arturo Lahera que considerara que ha sido, más bien al contrario. Todos los estudios muestran que el efecto de desplazamiento de mano de obra de la tecnología parece estar más que compensado por mecanismos compensatorios que crean o reinsertan mano de obra. A partir de ahí, plantea la utilidad de identificar empíricamente la calidad de las condiciones de trabajo de los puestos realmente digitalizados y robotizados en la actualidad. 

Entre los grandes retos del mercado laboral se encuentra creciente desajuste entre la oferta y la demanda de perfiles profesionales. En ello se centra Silvia Leal señalando, que tecnologías como la inteligencia artificial y el metaverso podrían ayudarnos a resolverlo. Para ello muestra cuál ha sido su desarrollo durante los últimos años y las tendencias que podrían afectar su próxima evolución para concluir que se abren caminos que facilitarán la empleabilidad de nuevos profesionales pero también la de aquellos que perdieron su empleo con la crisis.

La evolución ocupacional del mercado laboral español desde 1993 ofrece lecciones útiles para anticipar los efectos de la irrupción de la inteligencia artificial.  Así lo señala Vicente Salas, que analiza cómo los cambios tecnológicos y las crisis económicas han transformado la estructura ocupacional en España, y plantea escenarios y desafíos ante el avance de la IA. Identifica una pérdida sostenida de empleo en ocupaciones directas de cualificación media-alta —especialmente en producción e industria— a favor de puestos indirectos más cualificados, como profesionales y directivos. España presenta una baja proporción de ocupaciones STEM y en puestos de alta dirección empresarial respecto a otros países europeos, lo que la sitúa en desventaja frente a la transformación tecnológica emergente. Comparando con otros países de la UE, España ha mostrado un crecimiento insuficiente en ocupaciones de alta cualificación indirectas (managers y profesionales), con niveles especialmente bajos en STEM y TIC. Salas concluye que el impacto de la IA será amplio, pero no inmediato. En el corto plazo, potenciará a los trabajadores del conocimiento más que sustituirlos, aumentando la demanda de habilidades analíticas, estratégicas y creativas. Por ello, urge reforzar la formación en competencias STEM, la reconversión laboral y la promoción de puestos de liderazgo empresarial. Sin estas medidas, España corre el riesgo de agravar sus déficits estructurales en cualificación y adaptación tecnológica.